El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera: Con su venia, señor presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputado.

El diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera: Compañeras y compañeros diputados. La presente iniciativa tiene la finalidad de resolver un problema histórico que tiene que ver con condiciones de inequidad en el esfuerzo que realiza hoy la mujer mexicana desde el desempeño de su trabajo.

Actualmente la Ley Federal del Seguro Social pide como requisito que el varón compruebe la dependencia económica de la mujer para poder acceder a los beneficios que con tanto sacrificio la trabajadora pudo adquirir.

Es decir, cuando el hombre llega a la etapa de su pensión y fallece, la mujer puede acceder de manera directa a este beneficio. No así en el caso de la mujer, lo cual genera condiciones de inequidad y de discriminación.

Es necesario, en este caso, que el varón compruebe que depende o dependía económicamente de la mujer para poder acceder a los beneficios resultantes de la seguridad social adquirido por la trabajadora durante su vida laboral, requerimiento que no es necesario comprobar cuando los papeles se invierten.

Al pedir que se compruebe la dependencia económica, se está discriminando tanto a los beneficiarios como a la trabajadora.

Existe entonces una doble discriminación. Por una parte, se vulnera el derecho de la trabajadora que su familia disfrute de los beneficios adquiridos durante su vida productiva, derecho que sí es reconocido para el varón, y por otro lado discrimina al varón que únicamente puede verse beneficiado por el seguro de enfermedad y pensión de viudez, en el caso de haber dependido económicamente de la mujer.

Evidentemente esta ley se elaboró bajo un rol del trabajador masculino. Las mujeres fueron incorporadas a los derechos sociales en calidad de dependientes económicas, pero no con carácter de trabajadoras.

Hoy la realidad de nuestro país es otra. El porcentaje de familias mexicanas que reconocen como jefa del hogar a una mujer, ha incrementado considerablemente del 15 al 27 por ciento.

La antigua perspectiva de que la actividad de las mujeres se limita al quehacer del hogar y al cuidado de los hijos, y que económicamente dependiente de un hombre, ha quedado superada. Sin embargo, estas mujeres que se han ido incorporando al mercado laboral, lo han hecho en condiciones menos favorable respecto a las del género masculino.

La misma ley reconoce que este seguro constituye un mecanismo de orden público y de interés social, ideado para garantizar el derecho a la salud, a la asistencia médica, a la protección a los medios de subsistencia y a los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo.

Siendo así, en nuestra Constitución se prohíbe la discriminación claramente en el artículo 1o. constitucional. Y ahí es donde precisamente, compañeros legisladores, debemos modificar este artículo en la Ley del Seguro Social con el objeto de anular cualquier intento de menoscabar los derechos y libertades, y que no haya distinción entre el hombre y la mujer para beneficiarse de este derecho al que le corresponde.

Todo trabajador debe gozar de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren, entre otras cosas, las condiciones de existencia dignas para ellos y para su familia.

México ha celebrado diversos tratados internacionales que le obligan a establecer normas básicas de seguridad social y que protegen al trabajador y su familia. Es inaceptable que el propio Estado mexicano vulnere los derechos de los trabajadores y de su familia.

La Suprema Corte de Justicia ha declarado inconstitucional el pedir como requisito que se compruebe dicha dependencia económica, pues viola las garantías de igualdad y de no discriminación. También la Conapred determinó que constituye un acto de discriminación por género, el hecho de que a los viudos se les exija de requisitos distintos a los de la mujer.

Cabe hacer mención, compañeras y compañeros diputados, que hace unos días fue aprobado en el pleno del Senado de la República una iniciativa precisamente que aborde este tema y que le da acceso a la seguridad social de servicios y prestaciones a los conyugues y concubinos del mismo sexo, lo cual aplaudimos y reconocemos.

Pero lamentablemente, nuevamente en esta reforma que se planteó en el Senado, se vuelve a colocar la condición de demostrar la dependencia económica por parte del varón.

Los elementos y los argumentos históricos han sido un factor presupuestal, lo cual debe de quedar atrás ante la evidente aportación de millones de mujeres que cotizan hoy al seguro social y que deben de tener un trato igualitario. Es cuanto, señor presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Seguridad Social, para dictamen.