El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Carmen Patricia Palma Olvera, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 25 de la Ley General de Educación.

La diputada Carmen Patricia Palma Olvera: Con su venia, señor presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputada.

La diputada Carmen Patricia Palma Olvera: Compañeros diputados, ciudadanos que nos observan por el Canal del Congreso, la iniciativa que presento el día de hoy tiene un doble objetivo. Por una parte, que cuando se discuta el presupuesto y sea aprobado por esta Cámara, lo establecido en el mismo sea respetado y no se modifique a discrecionalidad, como se ha hecho hasta ahora.

Por otra parte, se pretende la defensa del presupuesto destinado a un tema fundamental para la estabilidad, el desarrollo y el crecimiento del país, como es la educación.

No me queda duda de que el presupuesto en el ramo educativo, bien ejecutado, debe llevar a nuestro país por la senda del progreso, del desarrollo económico, del combate a las desigualdades, del respeto y ejercicio a la legalidad. En suma, al desarrollo del país.

Es a partir de la educación que se genera la respuesta a las necesidades sociales y económicas, así como también a las necesidades productivas. De ahí que el fortalecimiento del sistema educativo sea fundamental para las estrategias de desarrollo.

En el artículo 25 de la Ley General de Educación se establece que se debe otorgar un presupuesto del 8 por ciento del producto interno bruto a este sector y se insta al gobierno federal a dar recursos suficientes para sufragar los servicios educativos. Sin embargo, en la realidad ocurre que año con año el presupuesto otorgado por la Cámara de Diputados a este sector ha sufrido una disminución.

Aunado a lo anterior, en los últimos años el sector educativo ha sido objeto de ajustes adicionales que disminuyeron los recursos aprobados por la Cámara. En 2015 estos recursos adicionales fueron por 7 mil 800 millones de pesos, mientras que el 2016 se enfrentaron a dos recortes que sumaron más de 10 mil millones de pesos.

Más allá del cambio ético y moral que implica la próxima transición federal, es menester que esta Cámara garantice de todas las formas posibles que el presupuesto aprobado para la educación sea utilizado estrictamente para esos fines.

Si bien en el 2018 hubo un incremento de 9 mil millones de pesos, esta cantidad en términos reales no alcanza por lo menos a igualar el presupuesto de 2015. Es más, si comparamos el presupuesto aprobado por la Cámara, comparado con el 2018, vamos a observar que hay un déficit de 80 mil millones de pesos en el Ramo 11 de Educación.

Esta iniciativa propone que el presupuesto educativo no se someta a recorte cuando el porcentaje asignado sea menor a 8 por ciento. La intención es hacer del presupuesto público una herramienta del crecimiento del sector educativo, ya que este rubro constituye, por un lado, y pretende alcanzar las metas fijadas para la educación pública, y por otro lado, a que el Estado sea garante y responsable de administrar los recursos públicos.

Se debe reconocer que el sistema educativo se encuentra en una situación precaria, que hace necesaria la implementación de mecanismos que aseguren los medios para vigorizar una política educativa que permita abatir los rezagos y conduzca lograr la meta de obtener el 8 por ciento, que de acuerdo con el artículo 25 de la Ley General de Educación, se le debe de asignar.

Un adecuado gasto educativo se dirige a solucionar o atender condiciones de desigualdad, tanto para los grupos vulnerables, como para la población en situación de desventaja. Las disposiciones contenidas en la Constitución y la Ley General de Educación subrayan que el proceso educativo es uno de los motores principales para el desarrollo individual, social y económico del país.

Con esta iniciativa se pretende hacer del presupuesto público, una herramienta de crecimiento del sector educativo y hace énfasis en que el presupuesto otorgado a alcanzar las metas fijadas para este sector, sea garante y responsable de administrar los recursos públicos para promover este servicio como un derecho social con la ventaja de contribuir a mejorar la rendición de cuentas del gasto público.

La misma Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece en su artículo 58 que no se podrán realizar reducciones a programas presupuestales prioritarios, por ello es importante señalar que esta iniciativa busca garantizar la integridad en el ejercicio de los mínimos presupuestales establecidos por la ley.

Por lo anteriormente expuesto, presento a esta honorable asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 25 de la Ley General de Educación para quedar de la siguiente forma.

Artículo 25. El Ejecutivo federal y el gobierno de cada entidad federativa con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la educación pública y de los servicios educativos.

El monto anual que el Estado, federación a entidades y municipios deciden el gasto en educación pública y en los servicios educativos, no podrá ser menor a ocho por ciento del producto interno bruto. De no alcanzarse el porcentaje indicado, el presupuesto educativo no podrá someterse a ajustes presupuestales. Es cuanto.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Túrnese a la Comisión de Educación para dictamen.