El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra el diputado Iván Arturo Pérez Negrón, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

El diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz: Con su venia, señor presidente. Diputadas y diputados, la sesión de este día sin duda tiene un alto significado para todos los mexicanos. La voz al unísono de la sociedad se ha expresado una y otra vez con una marcha aquí, con una marcha allá, con una necesidad insatisfecha que demanda justicia e igualdad, certeza, certidumbre jurídica, seguridad de las personas, de su familia, su patrimonio, de su integridad, de saberse protegido por el Estado y por sus autoridades.

Un Estado al servicio de la gente, no más un Estado fallido al servicio de intereses oscuros. Con una voz fuerte de reclamo a la impunidad, a la violencia desproporcionada que lastima a hombres y mujeres por igual, a la trasgresión de los derechos y la integridad de nuestras mujeres, de nuestras niñas y nuestros  niños, del asalto desprovisto en el medio rural y urbano, de robo soterrado y abierto de los hidrocarburos, del patrimonio nacional, de la corrupción desmedida y del conflicto de intereses, sea para autorizar un permiso, una concesión o bien para acomodar una norma e intereses personalísimos, simulando en terceras personas lo que constituye un acto inmoral de corrupción, contrario a derecho, el cual debe ser severamente castigado.

Por decirlo suavecito, es un aire que viene de lejos, pero que con su profundidad y desasosiego ha lastimado la paz y la tranquilidad públicas. Doy algunos datos: En materia de impunidad diversas instituciones académicas señalaron que el índice de impunidad en nuestro país aumentó tanto en el ámbito global, como en los estados de la República, de esta manera señala dicho estudio que México ocupa el cuarto lugar con 69.21 puntos, siendo que Croacia es el país con menor índice, con 36.01 puntos y Filipinas tiene el puntaje más elevado con 75.6. De igual manera nuestro país encabeza la defenestrada lista de países del continente americano con el más alto índice de impunidad.

En relación a las 32 entidades el promedio nacional del índice de impunidad aumentó a 69.84 puntos, en comparación con la última medición de 2016, que fue de 67.42, es decir, la impunidad sigue rampante. Se tiene que detener, no a cualquier costo, pero sí con medios eficaces y oportunos, esa es la tarea que hoy nos posibilita a esta reforma, promover y consolidar una estrategia para enfrentar la impunidad, la delincuencia, cerrando las posibilidades de la puerta giratoria en la legislación secundaria y garantizando con ello la conectividad con el principio de supremacía constitucional.

En el renglón de seguridad ciudadana, vista a través de la encuesta nacional de seguridad pública urbana, la cual coordina el Inegi de manera trimestral y que comprende 67 ciudades de las 32 entidades federativas entrevistando a personas de 18 años y más, ha señalado particularmente lo siguiente.

El 73.7 de la población considera que en términos de delincuencia vivir en su ciudad es inseguro. El 83.4 de la población señaló sentirse insegura en los cajeros automáticos localizados en la vía pública, y se estima 25.4 millones de víctimas de 18 años y más, lo cual representa una tasa de 29.746 víctimas por cada 100 mil habitantes. Ello durante el 2017.

Todo ello se da en un contexto de preocupaciones que públicamente se han manifestado no solamente por la ciudadanía, sino también en el marco de las audiencias públicas que se celebraron en este espacio donde participaron empresarios y representantes sociales. Es decir, esta propuesta que hoy se discute en esta asamblea recoge los planteamientos que la sociedad civil formuló a lo largo de estas audiencias.

Todo dentro de un ambiente de responsabilidad, de respeto pleno, de tolerancia y pluralidad, incorporando el parlamento abierto como un mecanismo fresco, fluido, que fortalece los principios de transparencia, de integralidad, legitimidad y racionalidad para ordenar, garantizar y fortalecer el contenido de las políticas públicas.

La iniciativa de reforma al artículo 19 constitucional amplía el catálogo de delitos, sí, pero los conecta con la legislación penal y otros ordenamientos federales para que los juzgadores vinculen o encuadren los actos delictivos con la hipótesis que prevé la legislación mexicana a efecto, reitero, de evitar las facilidades de la puerta giratoria hacia los imputados.

Naturalmente habrá que seguir trabajando. Tenemos que perfeccionar la norma secundaria y potencializar la capacitación, la profesionalización en el establecimiento de condiciones idóneas para que los operadores jurídicos puedan realizar un desempeño profesional y transparente.

El dictamen a discusión incorpora dentro de este catálogo, delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los siguientes: el uso de programas sociales con fines electorales, los delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos en materia de corrupción.

No obstante desde esta tribuna quiero manifestar enfáticamente que aun y cuando estamos de acuerdo con la incorporación de esos delitos, después de haber escuchado a nuestros representados, de haber recogido sus preocupaciones en el territorio, de haber personalmente definido por convicción y por decisión que vamos a cumplir el compromiso que hicimos los entonces candidatos del grupo parlamentario de Encuentro Social y de la coalición Juntos Haremos Historia, de ser la voz de los ciudadanos en esta asamblea.

Por ello solicitaremos que temas tan sensibles y prioritarios que nos inquietan a todas las familias que deseamos además se combatan frontalmente como es el caso de feminicidio, del abuso y la violencia sexual contra nuestros menores, así como la desaparición forzada de personas, entre otros también sean incorporados a este catálogo.

Seremos intolerantes contra todos aquellos que atenten contra la integridad, la vida, el bienestar de nuestras mujeres y fundamentalmente de nuestros niños.

En este contexto quiero decirles que como legislador, pero fundamentalmente como hijo, como esposo, como padre y devoto de la familia, he decidido presentar en breve un paquete de iniciativas para reformar diversos artículos de Código Penal Federal para que estos delitos que ya son graves en la legislación como son: el feminicidio, el abuso o la violencia sexual contra menores y la desaparición forzada, tengan penas más severas a las que hoy están establecidas y se castigue severamente a los responsables de la comisión de estos delitos.

Lo hago como un acto de congruencia y con el firme propósito, al igual que mis compañeras y compañeros diputados de Encuentro Social, para que la sociedad recobre su alegría de salir a las calles sin miedo, a caminar sin zozobra, sin temor a ser lastimados, para que nuestros niños retomen la alegría y la seguridad de jugar en la calle, en el barrio, en el ejido, en su comunidad.

Tenemos que recobrar el sentido de pertenencia e identidad. Necesitamos convivir de manera clara sobre la base de una educación comunitaria, que sean los valores sociales y cívicos los que sigan forjando a la gran familia mexicana.

Necesitamos volver a creer en nuestros valores, en nuestros principios, volver a creer en que nuestras autoridades no permitirán que nos sigan lastimando de esta manera, y que nada ni nadie estará por encima de la ley.

De algo estamos seguros, no permitiremos más impunidad. La sociedad se ha cansado y reclama un acto de justicia que reivindique la dignidad de las personas y el derecho a una vida en libertad incluyente, con valores, educación y bienestar para todos.

Hoy lo que todos buscamos es un México, un México justo, igualitario. Esto no es solo una responsabilidad en el ejercicio de mi deber como representante popular. Vengo de una tierra que ha sido terriblemente lastimada por el crimen, Michoacán y los michoacanos queremos paz, queremos justicia, queremos volver a creer.

Compañeras y compañeros diputados, hagamos en los hechos, en esfuerzos de congruencia. Escuchemos los reclamos y las demandas de la ciudadanía para mejorar su calidad de vida. No podemos soslayar la tutela de los derechos humanos, pero sin predisponer una conducta que privilegia a los imputados y no a los afectados.

Avancemos y respetemos, sí, los derechos humanos, pero cerrémosle el paso decididos a la impunidad, a la corrupción y al latrocinio. Avancemos en una estructura democrática y de contacto directo con la ciudadanía.

Hagamos del parlamento abierto esa figura emblemática que históricamente como ciudadanos hemos venido demandando.

Hoy, nuestro reto primordial es el de ponernos en el lugar de la gente. Escuchémoslo, trabajemos para abatir la impunidad. No es un fin en sí mismo, es una vía institucional para fortalecer nuestra democracia y el mejoramiento de bienestar y de calidad de vida al que aspiramos todos los mexicanos. Por su atención, muchas gracias.