La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada María Guadalupe Almaguer Pardo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Ma. Guadalupe Almaguer Pardo: Con su venia, diputada presidenta. Hace 30 años tenemos la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente, la cual fue hecha a modo para la aplicación del Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos, lo que implica que esta Ley no fue hecha para la protección y el cuidado del medio ambiente sino todo lo contrario, para facilitar la entrega de concesiones.

El Capítulo 5, referente a la evaluación del impacto ambiental, en el instrumento de política ambiental más usado para otorgar permisos y concesiones sobre nuestro territorio, el cual es simplemente un trámite administrativo, cuyo único fin es lograr la aprobación de las obras y actividades involucradas, suponiendo que los impactos ambientales adversos, graves, irreversibles o permanentes, sin importar su magnitud son aparentemente mitigables o pueden ser compensados.

Hoy podemos dar testimonio de que en gran parte de estos proyectos no fueron mitigables y fue un crimen ambiental la aprobación y desarrollo de estos magaproyectos, como son la megaminería, el fracking, las termoeléctricas, presas, grandes industrias que han provocado daños irreversibles al medioambiente y, por lo tanto, a la salud humana.

Puedo citar múltiples ejemplos devastadores, como el derrame de desechos tóxicos en el río Sonora, por la empresa minera México, o los desechos tóxicos que constantemente hace la minera ArcelorMittal, en el río Malpica, en Michoacán, o el río tóxico de El Salto, el Jalisco, donde la industria desecha sus tóxicos, provocando graves enfermedades a los pobladores cercanos.

Todas estas empresas actúan en completa impunidad bajo el amparo de sus permisos ambientales, los cuales no contemplan acciones preventivas ni punitivas.

También se propone en esta iniciativa modificar los procedimientos para la evaluación de impacto ambiental, para realizar consultas previas, libres e informadas, con obligatoriedad y el resultado de la consulta tendrá que ser vinculatorio a los permisos ambientales, respetando la decisión de los pobladores para así terminar con la simulación de tantos años de consultas amañadas, o que si resultan desfavorables a la empresa no tendría ninguna importancia, por lo que el resultado de la consulta no interfiere en el otorgamiento de permisos.

En general, esta iniciativa que presento propone amplias reformas a la evaluación del impacto ambiental, para transformar la ley en preventiva, autorizando el derecho humano al medioambiente sano, el derecho humano al agua y el derecho a la salud y el mantenimiento de los ecosistemas.

Las modificaciones propuestas servirán para tener una ley que asegure la justicia ambiental e impida todo tipo de proyectos que dañen al medioambiente. Por las presentes y futuras generaciones, tenemos la obligación de legislar a favor de la protección y cuidado ambiental, por lo que les invito a que ahora sí se lleve a cabo la dictaminación de esta iniciativa, que es la segunda vez que presento, y dejemos fuera nuestras diferencias partidarias y legislemos a favor de México. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Almaguer Pardo. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para dictamen.