El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra, el diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla: Gracias. Con su venia, presidente. En el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano se ha dado un debate a fondo acerca de lo que está ocurriendo en nuestro país en materia de seguridad y procuración de justicia. Hay argumentos a favor y hay argumentos en contra del dictamen que el día de hoy ha sido puesto a consideración aquí por la Comisión de Puntos Constitucionales.

Los argumentos a favor. La prisión preventiva oficiosa ya forma parte de nuestra Constitución desde el año de 2008. No la estamos aprobando ahora. El dictamen a discusión es incrementar los tipos de penales que han ido al alza y que el nuevo sistema penal acusatorio no ha podido resolver por diferentes circunstancias que también debemos abordar y atender en su momento.

Sabemos que la prisión preventiva debe ser una medida excepcional y justificada siempre atendiendo el derecho internacional de los derechos humanos, pero también sabemos que la sociedad anhela una impartición de justicia pronta y expedita en donde el inculpado no evada el proceso penal.

Es cierto que estamos en presencia de una problemática que no es menor. Por un lado se amplía el catálogo de tipos penales en donde es posible la prisión preventiva como una medida extraordinaria que supone el aseguramiento del inculpado, y por otro lado tenemos un fuerte reclamo social que exige de nosotros una reforma que permita un combate frontal a los delitos que le afectan sustantivamente a su patrimonio y a su seguridad.

No omitimos señalar que el contenido de la minuta prevé un artículo cuarto transitorio que establece que la prisión preventiva oficiosa deberá evaluarse para determinar la continuidad de su aplicación a partir de los cinco años cumplidos de la vigencia del presente decreto. Eso ocurrió en la reforma constitucional que permitió el tránsito al nuevo sistema de justicia penal.

La eficacia de esta medida cautelar, el sistema nacional de seguridad pública, la eficiencia del sistema penal acusatorio mediante informes emitidos tanto por el gobierno federal como por los gobiernos de las entidades federativas, ha quedado pendiente y ha quedado simplemente en un enunciado, tomando en cuenta los poderes judiciales respectivos, considerando los informes y las posturas de las fiscalías o procuradurías correspondientes, y por supuesto los organismos de protección a los derechos humanos.

Ahora vamos a los argumentos en contra. Se debe tener presente que la prisión preventiva oficiosa no distingue entre delincuentes e inocentes, se aplica a tabla rasa. La prisión se decreta a cualquier persona bajo la presunción de culpabilidad, haya o no cometido el delito.

La prisión preventiva oficiosa es, en pocas palabras, una condena sin sentencia. Actualmente en base al informe sobre el uso de la prisión preventiva en las américas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como el boletín estadístico de la Comisión Nacional de Seguridad, de 257 mil 291 personas encarceladas, aproximadamente 109 mil están presos sin sentencia, ello representa el 42 por ciento de la población penitenciaria.

Quienes están en prisión preventiva sin haber sido nunca declarados culpables o formalmente sentenciados, se encuentran recluidos en las mismas condiciones que quienes compurgan condena, y están expuestos por igual a la violencia de los reclusorios, al consumo de drogas, homicidios y al autogobierno que en muchas de ellas existe.

No se puede dejar de mencionar que el abuso de la prisión preventiva oficiosa ubica a México como el tercer país de la región en cantidad de personas privadas de libertad y lo posiciona en sexto lugar a nivel mundial, sólo después de la India.

En razón de que la capacidad penitenciaria instalada en México es de 188 mil plazas y que actualmente existen 257 mil 291 personas encarceladas, entre ellas, como ya dijimos 109 mil sin sentencia, el nivel general de hacinamiento actual en nuestro ámbito, no se dejan esperar, estamos hablando entonces del 26 por ciento. Estos son los datos generales que ubican una postura a favor y otra en contra.

Resumiendo, y sintetizando, por un lado se cuestiona que frente a la falta de capacidades institucionales que no ha podido articular coherentemente el nuevo sistema de justicia penal, por un lado hay que prolongar el tema de la prisión preventiva oficiosa, e incrementar los delitos para poder hacer frente a la crisis de seguridad que vive nuestro país y los estados.

Pero por otro lado, se está consciente en el grupo parlamentario, que esto violatorio de los derechos humanos, que esto enfrenta a un problema de convencionalidad a nuestro país y, que por supuesto, es contrario a los acuerdos internacionales que México ha suscrito.

Por eso decimos nosotros, al problema histórico de las deficiencias del modelo policial y la crisis institucional observada por las instituciones de procuración de justicia, tenemos que ser muy claros, aunque el día de hoy se vote en favor la minuta que proviene del Senado, con toda esa tipología de los delitos que de alguna manera ha trascendido, se van adicionar mediante reservas, el problema de fondo no se toca.

El problema como aquí lo mencionó la presidenta de la propia comisión, es un tema transitorio, pero que la forma de resolverlo, está siendo irse justamente al texto constitucional.

Por eso, tenemos que dejar en claro que se requiere una reforma que valide las asimetrías de los distintos códigos penales en las entidades federativas, y que pueda favorecer el combate a la delincuencia en cualquiera de los estados de la República.

Por este motivo, por este motivo, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano hará un voto de conciencia. El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, algunos legisladores votarán a favor del dictamen que está siendo propuesto a discusión, y algunos otros harán lo propio en contra, en pleno respecto al voto de conciencia que cada legislador tiene y, con fundamento en el principio constitucional, de que es cada legislador el que tiene plena responsabilidad en el acto de su voto.

No es, en lo más mínimo, ni división ni falta de acuerdo. Es simplemente el reflejo de lo que la realidad impacta en la conciencia de cada legislador, válido y legítimo, para argumentar y sustanciar una postura o válido y legítimo para sustanciar la posición que actualmente vive, y desde el punto de vista crítico, la seguridad pública de nuestro país.

No tengo sino que reconocer el enorme esfuerzo que se ha hecho en este grupo parlamentario, y particularmente en el grupo de trabajo de legisladoras que dotaron de una alternativa legítima que el día de hoy es publicada en la Gaceta Parlamentaria con el nombre de varios de nosotros, como una alternativa al dictamen que el día de hoy se está discutiendo.

No es, pues, la primera ni la última vez en que observaremos puntos de vista distintos, pero respetables. No es la primera vez en la cual los legisladores asumiremos cada uno en conciencia nuestra propia posición, pero lo que sí es un hecho, es que nuestro grupo parlamentario todo junto seguirá pugnando porque toda la cadena del sistema de justicia se pueda rehacer, porque toda esta cadena observe justamente un crecimiento de capacidades institucionales para dar respuesta a la demanda ciudadana y por el combate a la impunidad, que es justamente lo que tiene hoy en día a nuestra sociedad en vilo. Es justamente lo que tiene a nuestra sociedad exigiendo actos de congruencia y actos de justicia.

En Movimiento Ciudadano seguiremos pugnando y trabajando para que todo el sistema de justicia penal, este nuevo sistema, pueda funcionar en su integralidad y que muy pronto dé respuesta justamente para salir del escollo que hace necesaria para algunos, y para otros condenable, la prisión preventiva oficiosa. Muchas gracias.