La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene el uso de la palabra el diputado Raymundo García Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar su reserva al artículo 684 G, fracción VII.

El diputado Raymundo García Gutiérrez: Con su venia, diputada presidenta. El dictamen que hoy se pone a consideración de esta soberanía propone insertar en la ley un capítulo en el que se desarrolla la figura de funcionarios conciliadores.

La conciliación es un mecanismo idóneo para evitar que problemas que pueden ser solucionados entre las partes, lleguen a la instancia de los tribunales, con las consecuentes pérdidas de dinero y tiempo que eso representa.

En este medio alterno a la justicia común, un tercero imparcial con facultades para hacer propuestas dirige las pláticas de conciliación entre las partes. No toma la decisión por ellas, sino más bien las aviene a una solución.

Se trata de un mecanismo ideal que ayuda a la pronta solución de los conflictos constituyéndose así en aliado de la jurisdicción ordinaria.

El dictamen establece que para ser conciliador se requiere que el funcionario goce del pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, no haya sido inhabilitado y cuente con título profesional a nivel licenciatura en carrera a fin a la función del centro de conciliación.

De igual forma señala que deberá tener preferentemente experiencia de por lo menos tres años en áreas del derecho del trabajo o especialización en las actividades que se vinculen con las atribuciones del centro de conciliación, así como certificación en conciliación laboral o mediación y mecanismos alternativos de solución de controversias.

Sin embargo, en la fracción VII del artículo objeto de la reserva, solamente señala de manera escueta y genérica que para ser funcionario conciliador se requiere no haber sido inhabilitado, sin especificar a qué tipo de inhabilitación se refiere.

Para evitar errores u omisiones en la tarea de legislar, se propone especificar que la inhabilitación debe ser para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público.

La inhabilitación como el acto y efecto de impedir a un profesional desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público constituye una penalidad anexa a la destitución o despido aplicada al funcionario público, como consecuencia de la comisión de una falta grave que le impide por un determinado tiempo ejercer función en nombre o al servicio del Estado.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente reserva que adiciona el texto de la fracción VII del artículo 684 G del dictamen que hoy se pone a nuestra consideración para quedar como sigue:

Artículo 684 G. Para desempeñar el cargo de conciliador, se deben cubrir los siguientes requisitos:

VII. No estar inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público.

Por lo que solicito su voto a favor. Es cuanto, diputada presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado García Gutiérrez. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva presentada.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Sí, señora presidenta. En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión la reserva presentada. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se admite a discusión. No habiendo oradoras ni oradores registrados, solicito a la Secretaría consulte a la asamblea si se acepta la modificación al artículo 684 G, fracción VII, presentada por el diputado Raymundo García Gutiérrez.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se acepta la modificación al artículo presentado 684 B. Las diputadas... G, perdón, 684 G. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Mayoría por la afirmativa, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se acepta y se incorpora al dictamen. Tiene la palabra la diputada Lilia Villafuerte Zavala, para presentar reserva al artículo 685.

La diputada Lilia Villafuerte Zavala: Con su venia, señora presidenta. Buenas noches, diputadas y diputados. Reformar es volver a moldear la literalidad del texto legislativo en un afán por responder fielmente a la esencia y razón deontológica de la ley, así como a los principios democráticos de justicia, pilares del Estado de derecho.

Parte de esa esencia es el dotar, mediante la ley, de mecanismos a instituciones objetivas y eficientes, siendo esta última una necesidad y una cualidad imprescindible para una adecuada impartición y acceso a la justicia, como una deuda histórica para las y los trabajadores de México.

Con la intención de robustecer el presente dictamen, someto a la consideración del pleno de esta soberanía la modificación del párrafo segundo, del artículo 685, de la Ley Federal del Trabajo, contenido en el artículo 1o. del dictamen que hoy nos ocupa, en el cual se adiciona al párrafo aludido el deber que tendrá el juez de invitar a las partes, con independencia de la etapa en la que se encuentre el procedimiento a la conciliación del asunto.

Es incuestionable que en nuestro país los litigios superan la capacidad instalada de los órganos de administración de justicia. También lo es que regularmente el sistema está diseñado en una visión de confrontación del conflicto y, por ende, en la imposición de soluciones que implican declarar a un vencedor y a un perdedor. Ello aunado a que en muchos casos los procedimientos se alargan al grado tal que hacen que la solución llegue tarde o que incluso, la sentencia pronunciada ni siquiera satisfaga a las partes involucradas en el conflicto.

Todos estos factores generan una situación de insatisfacción en los interesados y hacen atractiva la búsqueda de formas más rápidas y menos gravosas de resolver sus conflictos. De ahí que la conciliación cobre particular importancia.

Es por ello que la amigable composición tiene la enorme ventaja no solo de privilegiar la solución del conflicto humano, en lugar de dar preeminencia a la solución del conflicto jurídico. Sino, además, permite a los directamente involucrados participar en la construcción de la definición del problema, ya que no es lo mismo imponer una solución que acordarla.

Se busca pues, beneficios mutuos, a efecto de que ambas partes sean triunfadoras y no exista la diferencia entre vencedor y vencido.

De esta manera, resulta de capital importancia la prevalencia de la conciliación durante la fase de contienda, ya que constituye una posible solución voluntaria de la controversia, sujeta a la potestad del juzgador. Ya que aquí el punto a destacar es el conflicto y el análisis se centra en las posibilidades o medios con que las partes de una determinada relación jurídica cuentan para resolver la controversia que existe entre ellas, y en este enfoque se acepta que todo aquello que contribuye a resolver pacíficamente controversias interpersonales es justicia.

Estamos convencidos que una verdadera reforma laboral es aquella que ha establecido condiciones equitativas y justas, donde el trabajo recupera su carácter dignificante del ser humano y nos converge en una dinámica de comunidad y desarrollo social de las naciones.

Bajo este contexto, las y los diputados sin partido acompañamos con nuestro voto a favor del dictamen, celebrando la búsqueda por consolidar los ideales de justicia para las y los trabajadores de nuestro país. Pero, sobre todo, por el ejercicio pleno de sus derechos humanos en una lucha que cumple ya más de 100 años y que mediante esta reserva buscamos sumarnos al esfuerzo por mejorar las condiciones laborales desde el espíritu de esta ley. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Villafuerte Zavala. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva presentada.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión la reserva presentada. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en los términos del dictamen. Tiene la palabra el diputado Carlos Alberto Castaños Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, para presentar reservas al artículo 784, fracción VI.

El diputado Carlos Alberto Castaños Valenzuela: Con su permiso, presidenta. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el día de hoy hemos aprobado en lo general un dictamen de la mayor importancia. El tema laboral en México, como en cualquier país, es de la mayor relevancia por todas las vertientes que conlleva la relación entre empleadores y empleados, entre gobernantes y gobernados, entre el Estado y los ciudadanos.

En el PAN siempre hemos buscado la libertad de asociación, la libertad de elegir profesión o trabajo y que las condiciones de estos sean dignas en cuanto a salarios y en cuanto a prestaciones. También hemos insistido fuertemente en la democracia sindical.

México no admite más organizaciones gremiales cuyas decisiones se tomen al arbitrio de los líderes o dirigentes, o que se conviertan en grupos de presión más que en defensa de sus propios derechos.

Creemos en la democracia sindical, en su transparencia y en su rendición de cuentas. Ya basta de que los sindicatos actúen en lo oscurito a costa de los trabajadores. Creemos también en instituciones del Estado que se fortalezcan en la protección de los derechos de los trabajadores y que, a la vez, no reduzcan la capacidad emprendedora de los sectores productivos o el enlace de la acción del sector público.

Y hoy no es la excepción. Hoy estamos ante una reforma laboral que ayudará a sentar las bases para mejorar las relaciones laborales y acotar los temas de controversia entre empleadores y empleados, y el papel que juegan las instituciones gubernamentales de conciliación.

En tal virtud es que presento esta reserva al artículo 784, el cual el día de ayer en la Comisión de Trabajo y Previsión Social fue modificado de forma indebida, toda vez que no se discutió de manera clara y no se está considerando el impacto negativo que este ajuste con modificación podría tener en las micro y pequeñas empresas, aquellas que generan la gran mayoría de los empleos en México.

Como quedó el texto que hoy discutimos con los párrafos que se adicionan al artículo 784, en el sentido de que la negativa del despido y el ofrecimiento del empleo al trabajador no exime al patrón de probar su dicho, no se equilibra procesalmente a las partes, lo cual violentaría los derechos de los empleadores beneficiando en la mayoría de los procesos a terceras personas y no a los trabajadores.

Quiero dejar en esta intervención claro, que dicha disposición de quedar en sus términos pondrá en peligro las fuentes de trabajo y desalentará la creación de empleos formales. La valoración de los medios de prueba es una función que por su naturaleza es claramente facultad de un juez y no de un legislador, por lo que el dictamen no debe incorporarse en estas cuestiones.

La posición del Partido Acción Nacional es dar equilibrio real en la relación del trabajador con empleador, a quienes los obligan a probar la no existencia de un despido rompiendo la esencia de la conciliación. Les pido votar a favor de esta reserva, porque creemos necesario que una reforma laboral tan completa como esta, no debe quedar con vicios, fallas o con elementos que pudieran suscitar posteriores controversias.

Se trata de una reforma laboral, para proteger a las trabajadoras, los trabajadores y los empleadores, y así mejorar las relaciones entre ambas partes y contar con un diseño institucional a la altura de los retos que como país tendremos en el corto y en el mediano plazo. Se trata de que hagamos bien las cosas. Se trata de que tomemos las decisiones correctas a favor de los trabajadores y de los empleadores, a favor de México. Es cuanto.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Castaños Valenzuela. Consulte a la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva presentada.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Sí, señora presidenta. En votación económica, se pregunta si se admite la modificación presentada. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en los términos del dictamen. Tiene el uso de la palabra la diputada Geraldina Isabel Herrera Vega, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar una reserva sobre el artículo 784, Fracción VI.

La diputada Geraldina Isabel Herrera Vega: Con su venia, señora presidenta. México atraviesa por un momento clave de su historia en el cual se están viviendo cambios de las instituciones, las organizaciones y prácticamente en todos los sectores que forman parte del país. No obstante lo anterior, para llevar a cabo las transformaciones es necesario ser muy responsables y tomar en cuenta a todas las partes involucradas.

Es por ello que el presente dictamen es uno de los más importantes que se han discutido en esta Legislatura. Lo que resulte de esta reforma tendrá un impacto que trascenderá a todos los mexicanos y al mundo económico laboral del país.

En dicha reforma es fundamental que los derechos de la base trabajadora estén en el centro de esta discusión, sin embargo para que exista una base trabajadora es indispensable que también tomemos en cuenta los derechos de aquellos que crean los trabajos en nuestro país.

En ese sentido, es necesario que las reformas que se han presentado en el dictamen, relativos a la justicia laboral equilibre a las partes en el proceso jurídico y den las herramientas suficientes para que el mismo pueda ser lo más justo posible.

El segundo y tercer párrafo de la fracción VI del artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo, tal como se plantea en el presente dictamen, más que buscar una igualdad sustantiva entre las partes que conforman un juicio laboral, vulnera los derechos de los empleadores al dejarlos prácticamente en un estado de indefensión.

De quedar dicho artículo como se establece en el dictamen se estaría obligando a los empleadores a tener que probar hechos negativos como lo es la no existencia de un despido.

Tal como se ha pronunciado en reiteradas ocasiones, los tribunales en México, incluida la Suprema Corte de Justicia, el forzar a una de las partes a demostrar hechos negativos es contrario a la técnica jurídica debido a la alta complejidad y en muchas ocasiones la imposibilidad de probar algo que no sucedió.

Lo propuesto en el dictamen, en el cual se establece que negar el despido y ofrecer el empleo no revertirá la carga de la prueba y obliga al patrón a probar, afectará sustancialmente a las empresas del país al dejarlas en un posible estado de indefensión.

Las grandes empresas podrán solventar este menoscabo estableciendo mecanismos que los pueden proteger y contratando a grandes despachos de abogados que los defenderán en los tribunales.

Los que sufrirán las consecuencias más graves de este artículo serán las micro, pequeñas y medianas empresas de México, las cuales son más del 95 por ciento de los negocios establecidos, generan el 52 por ciento del producto interno bruto del país y ofrecen más del 70 por ciento de los empleos.

Estas empresas en su mayoría deben solventar día a día el salario de sus trabajadores, el pago a sus proveedores, y todos aquellos gastos necesarios para mantener a flote su negocio para estas, es realmente complicado el acceder a mecanismos de comprobación avanzados o contratar a despachos de abogados.

A partir de ello se crearán una serie de contingencias laborales que pondrán en riesgo la existencia de las Mipyme y desincentivarán la creación de empleos formales ante la imposibilidad de defenderse en tribunales.

Debemos exigirles a los empleadores que en todo momento respeten los derechos de los trabajadores, y en caso de no hacerlo, deberán enfrentar consecuencias con todo el peso de la ley. Sin embargo no podemos exigirles lo imposible, el hacerlo resultaría contrario al derecho y podría tener un efecto negativo sobre los empleos y la economía nacional.

Por lo anterior propongo ante esta asamblea que se mantenga el texto vigente de la fracción VI del artículo 784 y no violentemos los derechos de los micro, pequeños empresarios, incentivando así la creación de más y mejores empleos en el país, al tener un marco jurídico laboral que busca la justicia y no el abuso del derecho. Es cuanto, diputada presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Herrera Vega. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la reserva presentada.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Sí, señora presidenta. En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión la reserva presentada. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en los términos del dictamen. Tiene el uso de la palabra la diputada Mónica Almeida López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una reserva sobre el artículo 892.

La diputada Mónica Almeida López: Con su venia, diputada presidenta. Bueno, esta propuesta tiene como finalidad perfeccionar la redacción de ese artículo cuando se trata de un trabajador que lamentablemente sufre o ha sido víctima de un acto delictivo en el que su estatus para la familia está en carácter de desaparecido.

Entonces cuando se tiene que hacer la designación de beneficiarios, al no establecer este concepto o esta característica dificulta la posibilidad de que la familia pueda dar continuidad en la certeza jurídica a cualquiera de los derechos adquiridos de un familiar trabajador, que insisto, lamentablemente se encuentra en ese estatus.

Por lo tanto, en la fracción del PRD buscamos fortalecer la legislación para fomentar estas condiciones de certeza jurídica y presentamos un perfeccionamiento de la redacción porque se requiere dar una armonización y homogeneizar el concepto con la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas.

Con esto facilitamos el proceso de los juicios embestidos que permitan dar al Tribunal mejores elementos para, insisto, facilitar a los familiares la oportunidad de ser, de que les resuelvan una problemática en relación a un estatus de su trabajador.

Los invito por esta ocasión, que pudieran considerar esta reserva que exclusivamente perfecciona el que cuando no solamente sea por fallecimiento que los familiares puedan ser merecedores designados, sino que también se establezca que el paradero cuando se desconozca o se presuma o existe cualquier indicio de que esta ausencia del trabajador se relaciona con la comisión de un delito, pues que también los beneficiarios tengan la oportunidad de que a través de los tribunales correspondientes, se garanticen estos derechos.

Con esto damos mayor certeza jurídica y lucharemos porque los trabajadores preserven todos y cada uno de sus derechos, aún en una lamentable condición de un delito de tan grave magnitud. Es cuanto, muchas gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias diputada Almeida López. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva presentada.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión la reserva presentada. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Mayoría por la negativa.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en los términos del dictamen. Tiene el uso de la palabra la diputada Josefina Salazar Báez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar reserva sobre el artículo 920, fracción II.

La diputada Josefina Salazar Báez: Muy buenas noches, señoras y señores legisladores. Hago uso de la voz a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, para argumentar sobre la reforma a la fracción II del artículo 920 de la Ley Federal del Trabajo que se encuentran en discusión.

El texto que proponemos incorporar para sustituir el que se encuentra contenido en el dictamen, dice textualmente lo siguiente.

Artículo 920. Se acompañará el acta de la votación en la que la mayoría de los integrantes de la empresa hayan aprobado el emplazamiento a huelga, las peticiones y la integración de la comisión revisora, conforme a lo dispuesto en la fracción II del artículo 451.

Desde nuestro punto de vista, nuestra petición de acompañar el emplazamiento a huelga con el acta de la votación en la que la mayoría de los integrantes de la empresa la hayan aprobado previamente, es un texto que contribuye a fortalecer la certeza jurídica de un acto que tiene la mayor trascendencia en el ámbito del derecho de la propiedad, de la productividad y competitividad económica de nuestro país.

Lo que estamos subrayando es la necesidad de enfatizar que el derecho a huelga es una prerrogativa de los trabajadores, y no una posibilidad de falsificar su voluntad para algunos líderes sindicales que pueden usar este mecanismo en su propio interés.

Lo que buscamos es darle garantías, tanto a los trabajadores de que sus peticiones son fidedignamente consignadas en su emplazamiento a huelga, como a la clase patronal de un proceso debidamente apegado a derecho, porque reconocemos que unos y otros son fundamentales para el crecimiento económico y la equidad social.

Como ustedes saben, de manera reciente la huelga se está convirtiendo en un recurso cada vez más utilizado en los conflictos laborales. Solo en el mes pasado se registraron más de 15 paros laborales en todo el país, lo cual es indicativo de que esta figura está irrumpiendo de manera cada vez más frecuente en la dinámica laboral de nuestro país. De ahí la necesidad de contar con un marco normativo que garantice el estricto apego a la legalidad para las partes involucradas.

Frente al restrictivo umbral de crecimiento económico que distintas instancias proyectan para México este año y los venideros, es indispensable que el Estado genere condiciones de certeza para las inversiones y la estabilidad laboral para las empresas.

La reserva que estamos planteando ataja la discrecionalidad con que pueden conducirse líderes sindicales irresponsables en la confabulación con funcionarios negligentes y abiertamente aviesos.

En el delicado momento que estamos viviendo el país y reconociendo que aún están vigentes decenas y quizá centenas de emplazamientos a huelga, es fundamental que esta asamblea se coloque en el lado de la certeza jurídica, el Estado de derecho, la estabilidad económica que permite la competitividad y la creación de empleos. Por su atención, muchas gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Salazar Báez. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva presentada.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Mayoría por la negativa, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en los términos del dictamen.