El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra la diputada Mary Carmen Bernal Martínez, del Partido del Trabajo.

La diputada Mary Carmen Bernal Martínez: Muy buenas tardes. Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores. A nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, acudo ante esta tribuna para hablar a favor del dictamen que nos presenta la Comisión de Puntos Constitucionales para reformar y adicionar diversos preceptos de nuestra Constitución en materia de consulta popular y revocación de mandato.

En el Partido del Trabajo hemos sido firmes e impulsores de la incorporación al marco constitucional de figuras de democracia participativa, cuyo propósito central ha sido dotar al ciudadano de mayores instrumentos de control, respeto de quienes ha elegido para que los representen en el Poder Legislativo o en los órganos ejecutivos, federal y de los estados.

En el Partido del Trabajo sostenemos que no debimos de haber hablado de reelección sin haber hablado de revocación de mandato. Tan es así, que en la LXII Legislatura presentamos el 6 de noviembre de 1997 ante el pleno de esta misma soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que reformaba y adicionaba diversos artículos de nuestra Constitución para establecer figuras de democracia participativa o directa.

Vale decir que así como lo hicimos en esa Legislatura lo hicimos en las subsecuentes a pesar de que sabíamos la suerte que correrían las mismas cuando las desechaban, porque si hay algo a lo que la clase gobernante le ha tenido pavor, es a la consulta directa del titular de la soberanía, que es el pueblo. Que este decida si sus gobernantes deben mantenerse o no en el ejercicio de un cargo público.

Actualmente nuestro texto constitucional prevé tres mecanismos por medio del cual un servidor público puede ser separado de sus funciones. El primero es el juicio político que desde que tiene vigencia no ha procedido ningún caso de juicio político.

El segundo es la declaración de procedencia, en donde la inmunidad constitucional es un obstáculo a la actuación del Poder Judicial y la Cámara de Diputados debe retirar esa inmunidad para que el probable responsable quede a disposición de la justicia que le reclama. Esta figura ha sido usada más con fines de persecución política. Tan es así, que en el año 2005 se le retiró el fueron a quien es hoy nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

El número tres es el incumplimiento de ejecutorias en amparo por los que la Suprema Corte de Justicia puede ordenar la destitución de servidores públicos aun en el caso de quienes accesaron al cargo mediante un proceso electoral.

En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo partimos de una premisa fundamental. El pueblo es titular de la soberanía. En ejercicio de tal derecho puede elegir pero también debe tener la capacidad de retirar del cargo a un mal servidor público.

Por eso no es de extrañar que en el momento fundacional de nuestro partido político en la década de los 90, los petistas decidimos utilizar como lema de nuestro partido: Todo el poder al pueblo.

En tal virtud somos solidarios con cualquier propuesta que tienda a ampliar los derechos políticos del ciudadano. Democracia representativa y democracia participativa no son extremos políticos que se excluyan, antes, al contrario, se complementan para el buen ejercicio del poder público.

En el sistema político actual debemos superar el esquema tradicional planteado por los teóricos, politólogos de los siglos XVII y XVIII, de que el poder sólo se limita mediante pesos y contrapesos, que en los textos constitucionales se establece.

A partir de este gobierno que encabeza nuestro compañero y presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, superaremos esta tesis tradicional.

De igual forma en este gobierno el poder se controlará por la figura del poder, pero también por el pueblo en el ejercicio de la figura de democracia directa que es la revocación de mandato que hoy, estoy segura, quedará aprobada.

En la reforma constitucional del 2013 por la que se estableció la reelección en favor de legisladores e integrantes de los ayuntamientos, hubo quienes dijeron que ese era un instrumento de control ciudadano hacia quien ejercía un cargo público, ya que, si hacía mal su tarea, el elector ya no le daría su confianza.

Déjenme decirles que eso es falso. El verdadero medio de control del ciudadano hacia un gobernante ineficaz, es por excelencia la revocación de mandato.

En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo apoyamos la reforma al artículo 35 que plantea la fracción VIII, inciso c) para bajar el número de ciudadanos que integran la lista nominal, del 2 al 1 por ciento para que se pueda convocar a una consulta popular. Esta medida abona a incrementar la participación política de la ciudadanía en las consultas populares.

También estamos de acuerdo en el numeral dos en donde se reduce el nivel de participación global de ciudadanos que acuden a votar a la consulta, para efecto de que los resultados sean vinculantes a la autoridad para bajar del 40 al 34 por ciento.

En lo que respecta a la revocación del mandato, se adiciona la fracción IX al artículo 35 constitucional. La característica fundamental en lo que se refiere a la revocación de mandato del presidente de la República, es que puede ser convocada por el propio presidente por el equivalente al 33 por ciento de integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso o por al menos el 3 por ciento de los ciudadanos que integran la lista nominal de electores.

Conforme al transitorio primero del dictamen, el presente decreto una vez aprobado por el Constituyente Permanente, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Esto es, si el Constituyente Permanente aprueba el presente decreto, tendremos cinco meses para hacer el ajuste legal a lo que se refiere al transitorio segundo, y del primero de septiembre hasta el 15 de diciembre se podrá solicitar el inicio del procedimiento de revocación en cumplimiento de lo que establece el numeral 2 de esta fracción IX.

El proceso de revocación de mandato del Ejecutivo federal se deberá realizar el mismo día de la jornada electoral en la que se elijan diputados federales. Este tema ha generado gran polémica entre algunas compañeras y compañeros diputados de otros grupos parlamentarios bajo el argumento de que ningún país del mundo el presidente de la República convoca a procedimiento revocatorio para que el ciudadano decida si continúa o no con su encargo.

Les voy a poner tan solo un ejemplo de cómo en nuestro país hemos tenido una Constitución de avanzada. Hay que recordar que una de las características fundamentales de nuestra Constitución de 1917 es que incorpore el concepto de propiedad originaria de la nación sobre los recursos del subsuelo, el reconocimiento de los derechos de clase de los campesinos en el artículo 27 y el de los obreros en el artículo 123. Los derechos sociales incorporados al texto constitucional es la gran aportación jurídica de México al mundo en la primera parte del siglo XX.

Me refiero a que anteriormente estos derechos sociales tampoco estaban reconocidos en ninguna otra Constitución del mundo. Nosotros seremos y tendremos siempre una Constitución de avanzada y lo vamos a dejar demostrado con la aprobación de revocación de mandato.

Para que la revocación de mandato obligue a la separación del cargo al presidente de la República, se requiere que la mayoría absoluta de quienes concurrieron a votar, esto es la mitad más uno, voten a favor de la separación del cargo y para ello deberán acudir a votar al menos el 40 por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores.

El Instituto Nacional Electoral será el órgano de Estado mexicano encargado de llevar a cabo el procedimiento de revocación de mandato del presidente de la República, y de igual forma de organizar los procedimientos de consulta popular o de revocación de mandato en las entidades federativas.

En el caso de los gobernadores de las entidades federativas y de la Ciudad de México, el procedimiento de revocación se establece en los artículos 116 y 122 constitucionales, respectivamente. Sin embargo, dichos preceptos remiten a las respectivas Constituciones de los estados y de la Ciudad de México, para que ahí se establezca el derecho de los ciudadanos y que con posterioridad las legislaturas locales expidan la ley secundaria.

Compañeras y compañeros legisladores, con la aprobación del presente decreto sin lugar a dudas estamos estableciendo el acto de fundación del nuevo Estado mexicano al regresar a la ciudadanía algo que de origen es suyo. Recordemos que el artículo 39 constitucional establece en el pueblo la titularidad de la soberanía, y que no hay mayor poder en el ejercicio de la misma que elegir o quitar a sus gobernantes.

Estamos ciertos que este acto significa un auténtico parteaguas en la vida política institucional del país. Nunca más un gobernante que traicione el interés de la gente, que viole la Constitución o su arbitrio y que utilicen el poder conferido por la ciudadanía para que sus cercanos medren al amparo del poder público.

Compañeras y compañeros diputados, eso se terminó. Si el presidente de la República o los gobernantes de los estados y de la Ciudad de México no cumplen, el ciudadano tiene todo el derecho de revocarles el mandato. Darle más poder al pueblo es contribuir verdaderamente a un país para todas y para todos.

Por las consideraciones antes expuestas, votaremos a favor del siguiente dictamen. Bienvenido el mandato popular. Todo el poder al pueblo. Es cuanto, diputado presidente.