El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra, hasta por diez minutos, la diputada Rocío Barrera Badillo, presidenta de la Comisión de Gobernación y Población.

La diputada Rocío Barrera Badillo: Con la venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, el día de hoy, de aprobarse los cuatro dictámenes propuestos por las Comisiones de Seguridad Pública, de Justicia, de Gobernación y Población, el Congreso de la Unión estaría dando cumplimiento a una encomienda de la mayor trascendencia, dotar a la nación de una institución policial, civil y profesional que permita abatir el fenómeno delincuencial, que desde hace más de una década sufrimos con consecuencias cada vez más graves.

Efectivamente, con la emisión de la Ley de Guardia Nacional, de la Ley Nacional de Uso de la Fuerza, de la Ley Nacional del Registro de Detenciones, y de las reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Congreso de la Unión está haciendo lo que le corresponde y cumpliendo sin restricciones ni condicionamiento su responsabilidad.

Por eso, antes de proceder a la presentación formal de estos instrumentos, me permito extender mi más amplio reconocimiento a las legisladoras y legisladores que en ambas Cámaras nos han permitido llegar a este momento. Es esa altura de miras la que requiere México, saber cuándo alcanzar una solución es más importante que imponer una visión redituable en la verdad política.

He de señalar también que el proceso de discusión y aprobación de la reforma constitucional en conjunto con estas tres leyes nuevas y una que se reforma, es de los más complejos y exhaustivos que ha tenido esta legislatura. Sin embargo, el grado de complejidad no ha restado en lo que hace a la transparencia y apertura, el análisis ha permanecido abierto a todas las posiciones ideológicas, partidistas, académicas, ciudadanas y los acuerdos alcanzados lo han reflejado.

Hoy en el marco jurídico de la Guardia Nacional, particularmente estas leyes secundarias, dan cuenta del ánimo democrático que priva en esta legislatura, que tiene y mantiene como herramienta fundamental de trabajo el diálogo constructivo, así como la construcción de consensos, quizás no siempre se puede lograr el consenso, pero me congratulo de ser parte de este momento histórico en que sin duda todas las diputadas y todos los diputados antepusieron el interés nacional a los intereses legítimos, pero inferiores en su trascendencia.

Quizá para Morena, como bancada mayoritaria, habría sido sencillo aprobar estas leyes sin escuchar a otros partidos. Tal vez para la oposición hubiera sido muy fácil desentenderse para no asumir responsabilidades en el tema, pero todos decidimos ser partícipes en la construcción del mejor marco legal posible y eso es precisamente lo que determine el éxito de la Guardia Nacional como pilar de la solución del grave problema de inseguridad que aún padecemos.

Ahora bien, en lo que toca a los aspectos técnico-jurídicos de las propuestas que ahora discutiremos he de apuntar, como Cámara revisora, nuestro papel no se limitó a palomear lo enviado por el Senado de la República, pues si bien aprobamos en sus términos las minutas enviadas, ello se debe al puntual cumplimiento de las bases y principios mandatados por la Constitución en cada una de las leyes.

Podemos, de hecho, asegurar que los mínimos trazados en los artículos transitorios del decreto de reforma constitucional que estableció la Guardia Nacional fueron bien desarrollados y, en muchos casos, superados con creces.

En lo que hace a la Ley de Guardia Nacional, el proyecto a discusión incorpora cada una de las directrices constitucionales que definen su naturaleza como institución policial, de carácter civil, disciplinada y profesional, respetuosa y garante de los derechos humanos, el orden público y la paz social.

El carácter civil es garantizado al distinguirse el mando civil conferido de manera directa e indelegable al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, en el mando operativo que se otorga a un comandante de la Guardia Nacional, que deberá estar funcionando separado de cualquier institución armada, quedando adscrito y sujeto, sin restricciones ni condiciones, a la disciplina, fuero civil y a la cadena de mando, propios de la Guardia Nacional.

Uno de los centros de gravedad del proyecto en estudio es el relativo a la garantía, protección y defensa de los derechos humanos y la libertad de las personas, esto implica reforzar un cambio de visión que los cuerpos policiales han ido adoptando en el sentido de que la garantía de los derechos humanos fortalece las facultades de la Guardia Nacional y no se contrapone con ninguna función de la misma.

En esta configuración es fortalecida, estableciendo en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza los casos en que es legítimo el uso de la fuerza pública por parte de los elementos de las instituciones policiales, incluyendo a la Guardia Nacional, estableciendo como objeto y obligación de las policías en sentido amplio la protección de la dignidad humana y los derechos humanos, sujetándose a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, racionalidad y oportunidad, bajo un criterio de uso diferenciado y progresivo de la fuerza.

En cuanto a la previsión del adiestramiento en medios, métodos, técnicas y tácticas del uso de la fuerza, mediante el control físico, el empleo de armas no letales, de armas letales, el artículo 40 dispone que la capacitación que reciben los agentes considera los estándares nacionales e internacionales en la materia y deberá incluir, entre otros, el adiestramiento en medios, métodos y técnicas para el control físico, así como el adiestramiento en el empleo de armas no letales.

La Ley Nacional del Registro de Detenciones dispone la creación de un registro nacional con una adecuada estructura de organización y clasificación para el uso y conservación, el trato y protección de los datos personales conforme los derechos humanos. La actuación que deberá proveer en todo momento el Registro Nacional de Detenciones y los sistemas de seguridad que impidan la vulneración de sus bases de datos desde su recopilación y distribución, cuando les sea requerida la información.

Este proyecto tiene un enfoque garantista, pues encuentra como eje central la necesidad de realizar el registro de la persona dentro del procedimiento de detención, estableciendo claramente que los integrantes de las instituciones de seguridad pública que lleven a cabo una detención, deberán realizar el registro de inmediato y en el momento en que la persona se encuentre bajo su custodia.

Al respecto, es destacable señalar que la minuta dispone adecuadamente que la ruta de traslado de una persona detenida pueda ser registrada mediante dispositivos de geolocalización.

Finalmente, las reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública tienen como finalidad establecer el Sistema Nacional de Información de Seguridad, el cual conjuntará todas las bases de datos relativos a detenciones, armamento, equipo personal de seguridad pública, así como las medidas cautelares, soluciones alternas y formas de terminación anticipada, conjuntando las bases de datos de los Ministerios Públicos y de las instituciones policiales de estos tres órdenes de gobierno.

Todo lo anterior nos lleva a concluir que los dictámenes en análisis son plenamente compatibles con nuestro régimen constitucional. Cuentan con un fin trascendente, cabalmente justificado, privilegian la libertad de los gobernados sin establecer restricciones indebidas a su esfera jurídica de derechos más allá de la estrictamente indispensable para la consecución del fin social superior, que es la preservación del orden público y la paz social. Y cada una de las construcciones normativas propuestas se encamina a la consecución de los fines y objetivos derivados del mandato constitucional, por lo que no son susceptibles de aprobadas en sus términos.

Compañeras y compañeros, por todo lo expuesto, pero principalmente por la necesidad de remontar la lacerante violencia que cada día nos arrebata decenas de mexicanos, que nos ha quitado la tranquilidad en las calles y en nuestras casas y que frena nuestro crecimiento como potencia a nivel global, es que les pido su voto a favor en los cuatro dictámenes que están a nuestra consideración.

México está llamado a ser protagonista de cambios que definirán positivamente el rumbo de muchas otras naciones, principalmente las latinoamericanas, pero para ello antes debemos resolver nuestros problemas de inseguridad.

Demos un nuevo paso en esta dirección. Quiero agradecer, por último, a todos los coordinadores de los diferentes grupos parlamentarios por la apertura que han tenido en la discusión de estas cuatro leyes. Y enhorabuena a todas mis compañeras y compañeros por su atención.

Hoy es el inicio de darles atención a los ciudadanos en un tema que les duele a los mexicanos, que es la seguridad. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.