La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Vamos a pasar a la discusión en lo particular de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Para hablar de sus reservas al artículo 1o., fracción V, la diputada Verónica Juárez Piña.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Compañeras y compañeros legisladores, con su permiso presidenta, en principio lamentar que no nos diéramos más tiempo para discutir una ley tan importante, una ley en la que coincidimos en que es necesaria para el país. Pero una ley, que como muchas otras que se han discutido en esta Cámara, será una mala ley.

La reserva que ponemos a consideración de este pleno pretende reducir el catálogo de delitos a los cuales se aplicarían los procedimientos de extinción de dominio. La propuesta se basa en que siendo un procedimiento excepcional la ampliación que se propone en esta ley, resulta del todo inadecuada para proteger los derechos de propiedad de las y los ciudadanos que sin estar vinculados a la actividad delictiva pueden estar sujetos a la pérdida de sus bienes sin que haya incluso ninguna investigación o sentencia condenatoria en el ámbito penal.

Y, además, para poder recuperar sus bienes, deberá de mostrarle a la autoridad que actúo sin el consentimiento de la actividad delictiva o que no se encontraba directamente relacionado con ella, con lo que probablemente podrá recuperar sus bienes después de un largo procedimiento civil.

Esto es, sin que haya nadie que esté siendo investigado o acusado o juzgado, la autoridad puede iniciar los procedimientos de extinción de dominio respecto a un bien únicamente bajo la presunción de que estuvieron o están o son producto de la delincuencia.

Y queremos ser claros, no defendemos los bienes de la delincuencia, porque esos deben de ser resguardados bajo el propio procedimiento penal por el que se encausan a los delincuentes, sino que nos preocupa la gente común, que renta un inmueble o compra un automóvil de buena fe, que al final puede terminar perdiendo su patrimonio porque a la autoridad se le dan muchas facilidades, a través de las disposiciones que hoy se están votando en esta Cámara.

Estamos convencidas y convencidos de que quien debe de probar que los bienes son de la delincuencia es la autoridad y no como se establece en esta ley, que debe de ser el ciudadano.

Los ciudadanos deben de comprobar que no hubo mala fe o dolo o que él no es un delincuente. Les pongo un ejemplo, una persona que renta su inmueble, que después es usado para organizar un secuestro, debe comprobar que él no sabía de estas actividades ilegales y no el Ministerio Público, publicando con ello el principio de presunción de inocencia.

En el Grupo Parlamentario del PRD nos pronunciamos por proteger el derecho de las y los mexicanos, por exigirle a la autoridad que cumpla con sus responsabilidades sin lastimar a la población y que use los recursos que se obtengan de estos procedimientos, que su uso sea transparente y que no se haga de manera discrecional. No nos equivoquemos nuevamente. Arreglemos esta ley.

Espero que tengan la sensibilidad necesaria para que podamos salir de aquí con reservas, con la aceptación de las mismas y que permitan, en todo caso, mejorar lo que ahora se presenta. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si la propuesta se admite a discusión.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: En votación económica se consulta a la asamblea si la propuesta se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Mayoría por la negativa, presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se desecha y se reserva para su votación nominal en términos del dictamen. Tiene la palabra la diputada Claudia Pastor Badilla, para presentar reservas a los artículos 1o., 190, 223 y 224.

La diputada Claudia Pastor Badilla: Gracias, presidenta. En uso de la facultad del artículo, lo haré en cada intervención y hablaré únicamente en esta ocasión del artículo 1o. de esta ley.

Que todos estamos a favor de la extinción de dominio, está firmado. Aquí votamos la reforma al artículo 22 constitucional para que esta figura se pusiera en la Constitución. Y ahí ordenamos que el Congreso expidiera la ley reglamentaria. Así que la litis sobre la extinción de dominio no existe.

¿Bajo qué contexto se da la extinción de dominio? México acudió a la Convención de Palermo y en la Convención de Palermo se estudió cuál era el comportamiento de lo civil y lo que denominaron incivil. Y ahí analizaron cuáles son las conductas que internacionalmente están causando estragos sociales.

Entendieron como civil la tolerancia, el pluralismo, la aceptación de diversos pueblos, el papel que juega la sociedad civil, los grupos ciudadanos, las empresas, los sindicatos, los partidos políticos. Y entendieron como incivil el narcotráfico, la trata de personas, la delincuencia organizada, el lavado de dinero, la corrupción.

Bajo estos escenarios de excepción, los países que acudieron a la Convención de Palermo analizaron cómo operan las figuras de presunción de inocencia y carga de la prueba y quedaron claros que la materia penal, como estaba, no alcanzaba para dar un golpe certero, financieramente, a conductas de esta índole.

Reitero: narcotráfico, delincuencia organizada, lavado de dinero y encubrimiento de estas tres conductas.

Así, se estableció un catálogo de conductas excepcionales, en las cuales se revertiría la carga de la prueba. Es decir, a quienes estén acusados o estén investigados por delincuencia organizada o por narcotráfico, a ellos les correspondería acreditar en una instancia civil la posesión lícita de sus bienes. Sin embargo, la ley que nos presentan no tiene acotado a estas cuatro conductas lo ilícito. Ponen más de 250 conductas por las cuales un Ministerio Público puede ir contra la ciudadanía.

Permítanme ponerles un ejemplo. ¿Cuántas personas no reciben en su casa a familiares? ¿Cuántas personas, para ayudarse en los ingresos no rentan un cuarto de su propiedad? Muchísimos, muchísimos mexicanos y mexicanas hacen esto.

Bueno, con la ley, como nos la proponen, si esa persona que llega a su domicilio hubiera cometido un ilícito, en ese momento el Ministerio Público puede ir contra el bien inmueble de esa ciudadana o ciudadano por ser un bien de instrumento del delito. Y, además, ustedes tendrían que ir a probar frente a la maquinaria del Estado que son inocentes.

Es decir, en materia penal le corresponde al Ministerio Público probar la delincuencia, probar el hecho ilícito. Con lo que nos proponen, esa persona que rentó el cuarto, por acusar a quien recibió de un ilícito, puede llevarla a perder su casa. Además, en la etapa preparatoria, antes de llegar a un juez, el Ministerio Público puede pedir una medida cautelar para la cual tiene cuatro meses en los que puede suspenderles la disposición del inmueble. Y, además, si mantener su casa cuesta más de 15 mil pesos, puede venderla.

Es decir, vamos a someter a la ciudadanía a que vaya a demostrarle al Ministerio Público su inocencia, sin que pueda tener sus bienes. ¿Dónde va a vivir esta persona? De ese tamaño está lo que nos están presentando.

La extinción de dominio es una consecuencia patrimonial de actitudes ilícitas a favor del Estado, pero lo que hoy nos proponen releva al Ministerio Público de probar la vinculación entre una conducta ilícita y las conductas de excepción de Palermo, versus los bienes y productos o instrumentos de la ganancia de la ciudadanía.

Esto constituye un atentado a la propiedad privada, al generalizar a las mexicanas y mexicanos como narcotraficantes, es decir, están instaurando un Estado policial que contraviene el artículo 1o. constitucional, el propio 22 constitucional y la Convención de Palermo. Por favor, recapaciten y corrijamos esto. Gracias.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Consulte la Secretaria a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta del artículo 1o. No se retire, diputada Claudia Pastor.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: En votación económica, se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Los diputados y las diputadas que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se repite la votación. Solicitamos a todos los diputados y diputadas, ponerse en su lugar y también guardar silencio, se oye demasiado ruido acá y se ve que no se están poniendo atención en el debate. Adelante, diputada.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: En votación económica, se consulta a la asamblea, si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Mayoría por la negativa, presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se desecha y se reserva para su votación nominal en términos del dictamen. La misma diputada Claudia Pastor, para argumentar el artículo 190.

La diputada Claudia Pastor Badilla: Gracias, presidenta. Le solicito amablemente, que mi intervención sea en el momento en el que estemos en ese bloque de artículos por la temática específica.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Así se hará, pero fueron registrados por diputado. Adelante.

La diputada Claudia Pastor Badilla: Muchísimas gracias.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra, Norma Adela Guel Saldívar, para argumentar el artículo 2, fracción XXI, el 7, el 173 y el 228.

La diputada Norma Adela Guel Saldívar: Con su permiso, presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.

La diputada Norma Adela Guel Saldívar: Compañeras y compañeros. Como bien sabemos la extinción de dominio es una figura jurídica, mediante el cual el Estado persigue los bienes de origen o destinación ilícita, siempre que dicha persecución se realice a través de una vía judicial que tiene como finalidad declarar la pérdida del derecho de propiedad de dichos recursos.

Pues bien, la aberrante iniciativa que se discute en estos momentos no se asemeja en nada a lo expuesto con anterioridad. Por el contrario, tan solo pretenden dotar de facultades discrecionales, una vez más, al Estado para que este pueda saciar la voracidad y sed de venganza que ya caracteriza a su tan afamada cuarta transformación.

Es inconcebible cómo se atenta contra las garantías básicas de todo individuo, y de uno de los derechos más básicos de la persona, que es el derecho a la propiedad, inherente a la condición humana, la cual se lastima bajo este pretexto de un malentendido estado policial.

No debemos permitir, compañeros, que el Estado esté por encima del individuo cuando su función es servir a este mismo. El aprobar esta ley sin sus adecuaciones y controles que garanticen el debido proceso, la garantía de audiencia, la certeza y seguridad jurídica que nos confiere la vida misma y reconocida por nuestra Carta Magna.

Por tales motivos debemos garantizar que se legisla adecuadamente sobre esta figura y que realmente cumpla con su naturaleza, la cual radica en ser un instrumento para la ejecución de las estrategias contra el crimen organizado ya cumple un papel fundamental en la desarticulación de organizaciones y redes criminales, además detener los efectos que generan el flujo de recursos ilícitos en la sociedad, y que este este instrumento no se utilice como un arma de control político.

Por lo anterior se proponen las siguientes modificaciones:

Artículo 2o, fracción XXI. Que la venta anticipada, la enajenación de bienes previo a la emisión de la sentencia en materia de extinción de dominio, debiendo la autoridad fundar y motivar debidamente las causas de la misma.  La venta y disposición anticipada podrá realizarse únicamente cuando no existan terceros de buena fe que acrediten legítimo derecho de posesión frente a lo dispuesto en la facción VII del artículo 7o. de esta ley.

Artículo 173. Se adiciona el siguiente párrafo. En caso de bienes inmuebles cuando el Ministerio Público se apersone a la ubicación del bien objeto de la medida cautelar y se percate que se encuentra en dominio o posesión de un tercero, se le notificará para que acuda ante el juzgado y acredite la existencia de su derecho legítimo, la legalidad de su derecho y la licitud del bien o destino al que esté destinado el inmueble.

La medida cautelar será efectiva sobre los frutos o rentas que generen el bien inmueble.

Artículo 228. La venta anticipada de los bienes sujetos del proceso de extinción de dominio procederá en los siguientes casos:

a) Se eliminaría. Es cuanto.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admiten a discusión las propuestas de la diputada Norma Adela Guel Saldivar.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias.  Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Mayoría por la negativa, presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se desecha y se reserva para su votación nominal en términos del dictamen. Tiene la palabra la diputada Anilú Ingram Vallines, para presentar propuestas de reforma a los artículos 2o., 11, 92, transitorios décimo, décimo segundo y adición de un transitorio.

La diputada Anilú Ingram Vallines: Con su permiso, señora presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, el dictamen que se pone a discusión corresponde a reglamentar las modificaciones que se aprobaron por este honorable Congreso de la Unión correspondiente al artículo 22 constitucional.

Por la naturaleza de delitos establecidos en la ley, para que sean sujetos al procedimiento de extinción de dominio, este ordenamiento señala los mecanismos para que las autoridades administren los bienes sujetos al proceso de extinción de dominio incluidos sus productos, rendimientos, frutos y accesorios.

Serán procedentes sobre bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y se encuentren relacionados con las investigaciones derivadas por los delitos prescritos para tal efecto.

En ese sentido el procedimiento para la realización de las investigaciones, requiere que sea realizado por una fiscalía especializada, ya que es de suma importancia contar con personal profesional, autónomo y especializado para el debido cuidado de los controles judiciales y evitar en todo momento el uso indebido de las carpetas de investigación, así como garantizar la impartición correcta de la justicia.

Sin duda es trascendental revisar el tema, ya que una unidad especializada no brindaría las garantías de certeza jurídica como lo tendría en su caso una fiscalía especializada autónoma.

Es importante reconocer que por todos los grupos parlamentarios hemos aportado en este sentido y, por lo tanto, lo único que quedaría por perfeccionar en este dictamen que expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio, es que el Estado mexicano cuente con una Fiscalía Especializada que se utilice con suma responsabilidad, ya que cualquier tipo de uso de las carpetas de investigación con el objeto de intimidación, sería reprobable.

Por ello, la reserva que presento va encaminada a crear una Fiscalía Especializada, la cual desarrollaría la fase inicial de la acción de extinción de dominio con la información que recabe y sustente el ministerio público.

Para tal efecto, este honorable Congreso de la Unión contará con 90 días para realizar la reforma correspondiente a la Ley Orgánica de la Fiscalía General para incorporar la Fiscalía Especializada, y asimismo, los Congresos locales contarán con 180 días para incorporar en su legislación reglamentaria lo conducente.

Por último, se plantea también la adición de un artículo décimo transitorio para que en un año se realice una revisión del marco constitucional y jurídico en materia de extinción de dominio, y esta revisión se realizaría a través de la convocatoria pública que emita la Fiscalía General de la República. Es cuanto.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si se admite a discusión las propuestas de la diputada Ingram Vallines.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Mayoría por la negativa, presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se desechan y se reservan para su votación nominal en términos del dictamen.

Tiene la palabra el diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez, de Acción Nacional, para presentar propuestas de modificación a los artículos 2o, fracción X; 227 y 237, adelante.

El diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez: Gracias, presidenta. Mi tema, es un tema muy sencillo y ojalá haya la sensibilidad para atenderlo.

En primer lugar, felicitar a quienes iniciaron esta ley, la verdad es que sí tenemos un atraso importante y creo que en lo general lo puede resolver.

Voy a dar un solo ejemplo. El Salvador en seis años, con una nueva Ley de Extinción de Dominio, logró hacerse de 100 millones de dólares para el Estado. En el mismo periodo de Enrique Peña Nieto, México a través de le extinción de dominio solo logró 20 millones de dólares. Es decir, El Salvador, siendo mucho más pequeño que nuestro país logró cinco veces más que lo que logró el gobierno federal. Por lo tanto, creo que es una buena ley.

Si es una buena ley, creo que debemos de cuidarla y sin entrar el detalle voy a plantearlo de una manera muy sencilla. Hay bienes que le salen muy costoso al Estado mantenerlos, hay bienes perecederos como puede ser fruta, huertos de aguacate.

Hay bienes que se van a echar a perder por falta de uso; helicópteros, aviones. Entonces la ley está previendo que el Estado los pueda vender de manera anticipada.

¿Qué significa esto? Que los pueda vender antes de que haya una sentencia definitiva sobre la persona que es acusada, lo cual está bien porque le saldría muy caro al Estado mantenerlo, o simple y sencillamente cuando acabe el juicio esos bienes van a estar absolutamente inservibles.

¿Qué es lo que yo estoy planteando en la modificación? Que ese dinero no se mande al fondo de reserva, sino hasta que haya una sentencia ejecutoriada. Esto significa que cuando ya no haya otra instancia y un juez o un tribunal colegiado determine que esa persona es penalmente responsable, entonces ese dinero producto de la venta anticipada se vaya al fondo de reserva, no antes, porque de lo contrario, si se va antes y se lo gastan y al final un tribunal determina que la persona es inocente, no va a tener ni sus bienes ni va a tener el dinero que debió habérsele guardado hasta que hubiera la sentencia definitiva.

Es algo de lógica jurídica y de sentido común. Mientras no me dicten una sentencia definitiva permite que el dinero producto de esos bienes se vaya a otra cuenta y lo guardan, y una vez que ya no tenga otra instancia, entonces pueden pasar dos cosas: o me devuelven mi dinero producto de la venta, o el Estado se queda con él en el fondo de reserva para la prevención social del delito.

Entonces creo que vale la pena modificar esos tres artículos, simple y sencillamente para que ese dinero siga existiendo hasta que haya una sentencia definitiva.

Creo que es de lógica jurídica y, por supuesto, en la redacción lo que nosotros estamos adicionando es: El recurso producto de la venta anticipada solo podrá ser utilizada hasta que exista sentencia ejecutoriada.

En el otro artículo, 237: Asimismo los recursos obtenidos de la venta de bienes extintos, la autoridad administradora deberá prever un fondo de reserva para restituir aquellos que ordene la autoridad judicial mediante sentencia firme, los cuales no podrán ser menores al 10 por ciento del producto de la venta.

Finalmente, el artículo 2, lo que estamos planteando es que el fondo de reserva no cuente con este recurso de venta anticipada hasta que haya una sentencia ejecutoriada.

Creo que es de lógica jurídica, es una muy buena ley, pero sí creo que debemos prever que estos recursos no se vayan a gastar hasta que haya una sentencia, porque de lo contrario nadie, no se está estableciendo en ninguna parte de la ley qué vamos a hacer cuando una persona sea declarada inocente y se le tengan que restituir sus recursos, porque esos recursos simple y sencillamente ya no existirán, puesto que fueron de alguna forma gastados en el fondo de reserva. Esa sería mi reserva, presidenta y sería cuanto tengo que exponer, muchísimas gracias.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea...

El diputado Enrique Ochoa Reza (desde la curul): Presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Sí, diputado Enrique Ochoa Reza.

El diputado Enrique Ochoa Reza (desde la curul): Muchas gracias, presidenta, disculpe la interrupción, pero quería pedirle si le puede preguntar al orador si me acepta una pregunta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Es presentación de reservas, no es debate.

El diputado Enrique Ochoa Reza (desde la curul): Pero una pregunta sobre la reserva que está presentando.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Si se admite a discusión la reserva, con todo gusto le doy la palabra para hacer una pregunta.

El diputado Enrique Ochoa Reza (desde la curul): Entonces, si no se acepta la reserva, ¿no se puede preguntar al orador?

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Primero el pleno. Si no se acepta, no. El pleno manda. No.

El diputado Enrique Ochoa Reza (desde la curul): Gracias.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas del diputado Jorge Luis Preciado.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Repetimos la votación, señora presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se repite la votación, por favor.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Mayoría por la negativa, presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se desecha y se reserva para su votación nominal en términos del dictamen. Tiene la palabra el diputado Luis Alberto Mendoza Acevedo, para presentar propuestas de modificación al artículo 2o., artículo 229, adelante.

El diputado Luis Alberto Mendoza Acevedo: Con su venia, presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.

El diputado Luis Alberto Mendoza Acevedo: Subo a esta tribuna para presentar dos reservas en un solo acto, por lo que agradezco la consideración por parte de la Presidencia con relación al tiempo para las mismas.

Dentro del cuerpo propuesto, en el artículo 1o. se define la disposición anticipada considerándola como la asignación de bienes durante el proceso de extinción de dominio. En esta definición se incluye para la asignación y aprovechamiento de los bienes a los programas sociales y políticas públicas prioritarias.

De la misma forma, en el artículo 229 se incluye a los programas sociales y políticas públicas prioritarias, a lo cual podrían considerar que se ejercerán estos recursos de manera discrecional.

Me permito recordarles a todos los compañeros que de acuerdo a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, las reglas de operación son las disposiciones a las cuales se sujetan determinados programas y fondos federales, con el objetivo de otorgar transparencia y asegurar la aplicación eficiente de los recursos, sumado a que en el artículo 77 se establece que el Presupuesto de Egresos señalará los programas para los cuales se otorguen subsidios y aquellos programas que deberán sujetarse a reglas de operación.

Lo único que queremos es que en el cuerpo de la ley se considere que los recursos que se dispongan con el proceso de extinción de dominio se incluyan en el presupuesto que desde aquí se aprueba, y que el uso de los mismos sea sujeto a las reglas de operación y a los presupuestos de las entidades federativas. Creo que es algo natural y sentido común, diputados.

De no aprobarse esta iniciativa podríamos pensar que al nuevo gobierno no le alcanza y por eso quiere echar mano de estos nuevos instrumentos, para disponer de más y de nuevos recursos.

Parece que esta ley de austeridad de la cuarta transformación no se da abasto para los gastos de este gobierno y quieren sacar de esta ley parte de los recursos que les hacen falta, así como una caja chica para disponer de manera discrecional, de la misma forma, con la partida secreta.

Esperando la congruencia y el sentido común de los diputados de esta Cámara, presento estas reservas para que en la disposición anticipada no se consideren los programas sociales, ya que suelen ser sujetos a reglas de operación y tomados en cuenta en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Es cuanto, muchas gracias.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas del diputado Mendoza Acevedo.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Mayoría por la negativa, presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se desecha y se reserva para su votación nominal en los términos del dictamen. Tiene la palabra la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, para presentar propuestas de modificación al artículo 2o., 229 y 233.

La diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo: Gracias, presidenta. Nuestro orden jurídico constitucional ha consagrado la protección de los derechos humanos como principal obligación del Estado.

La reparación del daño es un derecho, pero también es una obligación y constituye la base primordial para el surgimiento de normas relativas a la extinción de dominio.

Como legisladores, tenemos la obligación de generar normas que sean compatibles, desde luego, con nuestra Constitución, pero también con el orden jurídico internacional al que México se ha obligado.

Quiero por eso recordarles que la Organización de los Estados Americanos, en el Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, ha reiterado, desde 2009, que es una obligación del Estado adoptar medidas para atender y prevenir la vulneración de derechos vinculados a la seguridad de las personas y de quienes han sido víctimas de algún delito.

Necesitamos, y esa es la propuesta que quiero hacerles, ser muy claros en la ley. Establecer programas sin definición y a la libre ocurrencia, como pretenden aprobar este dictamen, no solo no es una irresponsabilidad. Es, además, ilegal. Es un atentado a los derechos humanos de quienes vivimos en México, de quienes nos otorgaron su voto, a quienes hoy debemos representar.

Yo no dudo, nunca dudo de las buenas intenciones que alguien pueda tener. Pero que no se les olvide que no vamos a legislar para una persona, estamos legislando para un país y para las generaciones venideras.

Quiero presentar, en consecuencia, tres reservas. Y pido a la Presidencia un poquito de comprensión si me excedo un poco de los minutos, porque son tres, a los artículos 2o., fracción VI; 229 y 233 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, con el propósito de señalar que los bienes sujetos en el proceso de extinción de dominico sean destinados a la prevención, a la protección, la asistencia, la reparación del daño y los programas dirigidos a las víctimas de los delitos.

¿Con esta reserva qué estaríamos haciendo? Y por eso de verdad conmino a todos a que podamos apoyarla. Estaríamos acotando los fines de los programas. Estaríamos blindando la extinción de dominio de una implementación clientelar y sin transparencia de una instancia dependiente del Poder Ejecutivo federal.

¿Qué lograríamos? Crear políticas públicas sin sustento jurídico, hacia allá, para este dictamen. Y tenemos que ser claros. La atención a víctimas es un tema multicausal. No podemos quitar recursos para la atención de personas, de sus familias y de las comunidades que hoy se ven cotidianamente afectadas por la delincuencia.

El gobierno necesita entender que un principio de política pública es definir el problema, pero también los mecanismos y el resultado que va a obtener.

Con solo la redacción de estos artículos violaríamos no solo los ordenamientos legales vigentes en nuestro marco jurídico, como la Ley General de Víctimas, sino también ordenamientos internacionales.

De verdad, otra vez compañeros, aprobamos una ley y volvemos después rápidamente a convocar a otras sesiones, a otras discusiones en comisiones para enmendar la plana. ¿Por qué? Si pudiéramos hacerlo de una vez.

Por ejemplo, el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementan la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, señala en el artículo 6o. que cada Estado velará porque su ordenamiento jurídico interno pr4evea medidas que brinden a las víctimas de la trata de personas la posibilidad de obtener indemnización por los daños sufridos.

No especificar el destino de los recursos implica, como lo hemos visto, avalar temas como la desaparición de las unidades de género, de los centros de atención a mujeres víctimas de violencia, a garantizar la reparación del daño a niños, niñas y victimas de trata, y peor aún, significa, como ya se ha hecho en esta Cámara de Diputados, abonar nuevamente a la discrecionalidad del Ejecutivo en el manejo de los recursos públicos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomienda generar la capacidad institucional en el sector público para el diseño y la ejecución de las acciones comprendidas en los planes y programas que componen la política pública sobre seguridad ciudadana disponiendo los recursos humanos, técnicos y económicos adecuados.

Las políticas deben asegurar la gobernabilidad democrática de la seguridad ciudadana, deben ser sustentables con base en consensos políticos y sociales, y deben ser sometidas a evaluación y rendición de cuentas permanentes mediante mecanismos de control internos y externos, pero sobre todo, y de verdad, hago un llamado a la consciencia y a la responsabilidad, deben ser claras y dirigidas en la ley. No podemos estar aprobando leyes oscuras que están sujetas a la libre interpretación. Sería todo, presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas de la diputada Herrera Anzaldo.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: En votación económica, se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Mayoría por la negativa, presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se desecha y se reserva para su votación nominal en los términos del dictamen. Tiene la palabra, la diputada Patricia Terrazas Baca, para presentar propuesta de modificación al artículo 3o.

La diputada Patricia Terrazas Baca: Con la venia, señora presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.

La diputada Patricia Terrazas Baca: Estimadas, estimados diputados. El día de hoy estamos discutiendo la minuta de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, ley complementaria a la modificación constitucional aprobada por el Congreso en el mes de diciembre de 2018, mediante la cual se aprobó la figura de extinción de dominio que fuere autónoma de la materia penal.

Por ello es importante tener claro que la extinción de dominio es la pérdida de los derechos patrimoniales que tenga una persona en relación a los bienes lícitos o ilícitos que pudieran haber sido instrumento, objeto o producto de un hecho ilícito sin perjuicio del lugar de su realización.

La pérdida de los derechos patrimoniales será ejercida por el Ministerio Público a través de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil, autónoma e independiente a la acción penal.

Por ello, lo que hoy será discutido y votado en este pleno tiene una afectación directa contra los terceros de buena fe que tienen derecho traslativo de dominio sobre bienes inmuebles sujetos a un procedimiento de extinción de dominio como son los arrendatarios, los usufructuarios o comandatarios que se verán afectados gravemente en los siguientes casos.

Primero. Cuando existe una venta anticipada que de acuerdo a los artículos 229 y 233 de la ley, la autoridad podrá destinar los bienes sujetos a proceso previa resolución definitiva y destinarlos a programas sociales o políticas públicas prioritarias.

Segundo. El aseguramiento previo de bienes. Dicho aseguramiento procede aun y cuando los ministerios públicos no han presentado las demandas ante un juez que puede prolongarse hasta en un plazo de 10 meses, mientras se decide si se ejerce o no la acción.

En los casos de aseguramiento anticipado y la venta o disposición anticipada del bien, el arrendador es privado de los derechos obtenidos de manera lícita anteriores al inicio del procedimiento y sin posibilidad de audiencia eficaz y adecuada para defender sus derechos.

Por lo anterior propongo a esta honorable asamblea resguardar los derechos de terceros de buena fe titulares de derechos no traslativos de dominio, siempre y cuando acrediten:

Primero. Que el inicio de su derecho es anterior a la investigación formulada por el Ministerio Público del lugar en donde se encuentra el bien sujeto a extinción de dominio.

Segundo. Que el inmueble no haya sido usado durante la vigencia del derecho del tercero de buena fe para la comisión de un delito; y

Tercero. Que acredite la licitud del objeto o destino que tiene el inmueble.

La salvaguarda que propongo es mediante la aprobación de la presente reserva que reforma el primer párrafo y adiciona el segundo párrafo al artículo 3o. a la Ley de Extinción de Dominio para incorporar el respeto a las garantías de defensa del afectado, así como incorporar una excepción para quienes acrediten la legitimidad de la posesión en la contratación y la licitud en el objeto o destino de los bienes, para quedar como sigue:

Artículo 3o.: La extinción de dominio es la pérdida de los derechos que tenga una persona en relación con los bienes a que se refiere la presente ley, declarada por sentencia de la autoridad judicial, con contraprestación alguna para su propietario o para quien se ostente o comporte como tal, no para quien por cualquier circunstancia posea o detente los citados bienes, esperando en todo momento el derecho y las garantías de defensa de los afectados. Se exceptúa de dicha pérdida a aquellas personas que, sin tener un derecho traslativo de dominio, acrediten la legitimidad de su condición. La buena fe en la contratación y la licitud en el objeto o destino de los bienes. Es cuanto, señora presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admite a discusión.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Mayoría por la negativa, presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se desecha y se reservan para su votación nominal en términos del dictamen. Tiene la palabra la diputada Ximena Puente de la Mora, para hacer reservas al artículo 3o.

La diputada Ximena Puente de la Mora: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, después de una revisión de la propuesta del artículo 3o., advertimos un riesgo en la redacción actual, sobre todo en la salvaguarda y ejercicio pleno del derecho a la propiedad.

Tal como está redactado consideramos abre la posibilidad de que actos u omisiones de la autoridad pudieran derivar en violaciones sistemáticas a nuestros derechos humanos reconocidos por la Constitución.

Un ejemplo de esta situación es la extinción del derecho cuando terceros, sin conocer la operación de un inmueble, denuncien ser afectados en su esfera jurídica y proceda la extinción de dominio, aun cuando se acredite la legalidad de la actividad y del dinero obtenido, producto del comercio, vivienda e industria.

En el caso particular del arrendamiento, estoy convencida de que deben respetarse los derechos de uso y goce del inmueble, no obstante en caso de algún tipo de procedimiento los pagos deben cubrirse por el organismo administrador.

Bajo estas consideraciones, presentamos ante este honorable pleno una reserva que tiene por objeto hacer respetar los derechos y garantías de defensa de las y los afectados.

Por tal motivo, proponemos que se excluya de la extinción de dominio a aquellas personas que sin tener un derecho traslativo, acrediten la legitimidad de la posesión, la buena fe de la contratación y la licitud en el objeto o destino de los bienes.

Compañeras y compañeros legisladores, con la aprobación de esta reserva se respetarían los derechos de tercero, se resguardarían las garantías de defensa de las personas afectadas, y una labor más eficaz en el cuidado y mantenimiento de los inmuebles que han sido objeto de una acción de extinción de dominio.

La modificación que proponemos al artículo 3o., señala que se respeten en todo momento el derecho y las garantías de defensa de los afectados, y que se exceptúen de dicha pérdida a aquellas personas que sin tener un derecho traslativo de dominio acrediten la legitimidad de su posesión, la buena fe en la contratación y la licitud en el objeto o destino de los bienes.

Ojalá demos oportunidad a esta reserva, muchas gracias a todas y a todos por su atención. Es cuanto, señora presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas de la diputada Puente.

La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión las propuestas de la diputada Puente. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo por favor (votación), gracias. Mayoría por la negativa, diputada presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se desecha y se reserva para su votación nominal en términos del dictamen. Tiene la palabra la diputada Dulce María Sauri Riancho, para presentar propuesta de modificación al artículo 7.

La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Muchas gracias, presidenta. En el año 2000, la Organización de las Naciones Unidas promovió la creación de un instrumento internacional coloquialmente conocido como la Convención de Palermo.

Quiero leer el nombre oficial de esta Convención. Se denomina Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional. Pone en el foco de la atención internacional tres delitos: contra la delincuencia organizada, el lavado de dinero y corrupción, y el encubrimiento de cualquiera de estos tres, tal como ha sido señalado desde esta tribuna por parte de mi compañera Claudia Pastor.

También esta Convención de Palermo tiene tres protocolos: contra la trata de personas, contra el contrabando de migrantes, este sería especialmente relevante en estos momentos para la situación que vive nuestro país, y contra la fabricación y tráfico ilícito de armas de fuego.

No es accidental que esta Convención haya sido reunida y aprobada en Palermo, capital de Sicilia, tierra donde el juez Giovanni Falcone, conocido por enfrentar en forma decidida la delincuencia organizada italiana, más conocida como las mafias, fue privado de la vida junto con su esposa y dos ayudantes mediante la introducción de una bomba en la carretera que une a Palermo con el aeropuerto internacional de esa ciudad.

Todo esto viene a la memoria porque la inspiración de la legislación en materia de extinción de dominio proviene justamente de la Convención de Palermo, sin embargo, las reformas que dieron origen a esta ley que está en este momento en discusión poco tienen que ver con este asunto.

Aquí varias veces en la tribuna se ha hablado de la pertinencia de combatir la parte financiera del crimen organizado. Pero malas noticias, no solo se trata de esto, se trata por ejemplo de combatir aquellos delitos que están en el Código Penal en razón contra la salud. No es el tráfico gigantesco que desgraciadamente ahora aparece tanto en la televisión de enervantes, no, es aquel campesino que siembra en su tierra mariguana o que siembra amapola para producir heroína y que ahora su tierra, aunque sea ejidal o comunal, va a ser objeto de una acción de extinción de dominio.

Tampoco lo es para aquel que logra mediante la corrupción amasar ingentes cantidades de dinero, sino para aquel que de acuerdo al artículo 400 del Código Penal compra una televisión en un tianguis y resulta que es robada, o los celulares, que desafortunadamente alimentan buena parte del comercio informal, también robado. Ellos también podrán ser objeto de extinción de dominio.

Aquí no hay grandes y chiquitos, hay ciudadanas y ciudadanos que con esta ley todos, sin excepción, quedan con el foco de la sospecha.

Cualquiera de nosotros, servidores públicos o no, puede ser objeto de una medida de esta naturaleza. Pero les traigo una propuesta de adición de un párrafo al artículo 7o. de esta Ley Nacional de Extinción de Dominio, y que tiene que ver con la tenencia accionaria en las sociedades anónimas, que si uno de los socios de una empresa es sujeto de un acción de extinción de dominio, que no pueda ser la empresa en su conjunto sujeta a extinción de dominio, con todos los problemas que aquí ya se han señalado de la acción unilateral del Ministerio Público, porque aparte de dañar intereses de otros socios y socias, daña también el funcionamiento de una empresa que proporciona seguramente empleos a mexicanos y que debe, por este solo hecho, ser cuidadosamente tratado el tema de la extinción de dominio.

Ya veremos, cuando toquemos el tema...

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiempo.

La diputada Dulce María Sauri Riancho: Sí, presidenta, termino en un momento. Relativo a la administración y enajenación de bienes, las cuestiones relacionadas con el manejo de empresas sujetos a este procedimiento. Por lo tanto, atentamente les solicito podamos introducir este párrafo mediante la reserva que he presentado. Muchas gracias.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de la diputada Sauri.

La secretaria diputada Ma. Sara Rocha Medina: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta de la diputada Sauri. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación). Mayoría por la negativa, diputada presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se desecha y se reserva para su votación nominal en términos del dictamen. Tiene la palabra el diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas, para presentar reserva al artículo 7o.

El diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas: Muchas gracias, diputada presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.

El diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas: Amigas y amigos, compañeros y compañeras diputadas y diputados, les pido unos minutos de su atención, me refiero precisamente al mismo artículo que la diputada Dulce María Sauri comentó hace unos cuantos minutos sobre el artículo 7o. de esta ley.

Nosotros queremos proponer también una modificación a este artículo 7o., vamos, una adición al artículo 7o. donde a la letra establece que los bienes que constituyen ingresos, rentas, productos, rendimientos, accesorios, ganancias y otros beneficios derivados de los bienes a que se refieren las fracciones anteriores, nosotros queremos adicionar que subsistirán los derechos de terceros de buena fe siempre y cuando reúnan los siguientes requisitos:

Primer punto, que sus derechos no sean traslativos de dominio.

Segundo, que el inicio de su derecho sea anterior a la investigación formulada por el Ministerio Público del lugar en el que se encuentra el bien sujeto a la extinción de dominio.

Y el tercer punto, es que se acredite la licitud del objeto o destino que tiene el inmueble.

Amigas y amigos, compañeras y compañeros, los delitos, de los cuales estamos hablando, como ya lo comentaron con anterioridad los compañeros diputados, es precisamente hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y delito en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.

Les quiero dar un ejemplo el por qué es importante que podamos votar a favor esta reserva, compañeras y compañeros diputados. Si ustedes tuvieran un local en un mercado, en un tianguis, en una plaza comercial, y alguno de sus vecinos locatarios tuviera este problema en el que hubiera incurrido en algunos de los delitos que acabo de hacer mención, y el Estado, en este caso la autoridad, aplique la Ley de Extinción de Dominio sobre todo el bien inmueble, ustedes se quedarían indefensos. O estas personas, estos mexicanos quedarían indefensos.

Precisamente, nuestra responsabilidad como legisladores es que la ley sea específica en lo que nosotros estamos legislando.

Bien decía José Saramago, tener no es poseer. Puede tenerse aquello que no se desea, pero la posesión es tener y disfrutar lo que se tiene.

Precisamente es darle la certeza jurídica a las y a los mexicanos para que la Ley de Extinción de Dominio se aplique exclusivamente a los delincuentes y no a las personas de buena fe.

Es por eso, amigas y amigos, que yo los conmino a que por favor podamos discutir esta reserva. Y por supuesto, si ustedes lo ven conveniente, poder votarla a favor.

Decía Winston Churchill que el precio de la grandeza es la responsabilidad. Yo apelo a la responsabilidad de las y los diputados de esta legislatura. Muchas gracias.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta del diputado.

La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Consulto, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta del diputado. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación). Mayoría por la negativa, diputada presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se desecha y se reserva para su votación nominal en términos del dictamen. Tiene la palabra la diputada María del Rosario Guzmán Avilés, para hacer propuesta de modificación al artículo 10.

La diputada María del Rosario Guzmán Avilés: Con su permiso, diputada presidenta. Buenas tardes, diputadas y diputados. El día de hoy presento esta reserva al artículo 10 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, ya que, si bien en el PAN hemos votado a favor de esta ley en lo general, no podemos ser omisos en que se puede mejorar para fines prácticos y así pueda resultar una ley operante y eficiente.

Esta ley es una herramienta más en el ataque frontal contra los grandes capos de la delincuencia organizada, de cuello blanco o miembros activos en actos de corrupción.

De igual forma, no podemos dejar de lado el carácter procedimental que conlleva esta legislación, ya que, al determinar sus reglas de procedimiento, este debe ser apegado a derecho y funcional a la vez, asegurando procedimientos legales transparentes y que cumplan con su función.

El artículo 10, al cual presento esta reserva, contempla el desistimiento de la acción por parte del Ministerio Público en cualquier momento por causa justificada antes de que se emita sentencia definitiva. Esto va en contra del sentido de la ley, ya que para poder ejercer la acción de extinción de dominio se está sujeto a diversos elementos de procedencia previamente.

Entonces, si no se cumple con estos elementos, ¿por qué un Ministerio Público habría de desistirse de la acción en un procedimiento de esta naturaleza? ¿Y quién calificará a la causa justificada que dé un Ministerio Público al desistirse de la acción de extinción de dominio?

Tengamos en cuenta los efectos del desistimiento de una acción, ya que no es lo mismo desistirse de la acción que de la demanda o instancia, dado que en el desistimiento de la demanda se pierden todos los derechos y situaciones procesales. Y si no ha prescrito la acción, puede volverse a ejercitar mediante la presentación de una nueva demanda. Mientras que con el desistimiento de la acción se produce la pérdida del derecho que el actor hizo valer en el juicio, porque al renunciar a la acción se renuncia al derecho.

Esto es, que por el motivo que sea, si un Ministerio Público encargado de impulsar un procedimiento de extinción de dominio sobre un bien, independientemente de la imprescriptibilidad de la acción en casos de bienes que sean de origen ilícito o de 20 años para bienes de destinación ilícita, si decide desistirse de la acción no podrá volverse a ejercer dicha acción por haber renunciado a ese derecho.

Ahí la problemática de la redacción de este artículo, ya que da pie a actos de corrupción con efectos irrestituibles, respecto de esta acción.

Es por ello que proponemos que en lugar de lo establecido se cambie la redacción de dicho artículo para establecer que la autoridad competente para ejercer la acción de extinción de dominio iniciará y dirigirá la investigación con el fin de identificar, localizar y ubicar los bienes que se encuentren en un presupuesto de extinción de dominio; acreditar que concurren los elementos exigidos en los presupuestos de extinción de dominio; identificar a los posibles titulares de derechos sobre bienes que se encuentren en un presupuesto de extinción de dominio; acreditar el vínculo entre los posibles titulares de derecho sobre los bienes y el presupuesto de extinción de dominio y desvirtuar la presunción de buena fe.

Todo esto con el fin de impulsar los procedimientos con celeridad, legalidad y eficiencia, dando mejores resultados sin entorpecer los procedimientos y poniendo candados a posibles actos de corrupción.

Pongo esta reserva a su consideración esperando que, en aras de evitar futuros actos de corrupción, se vote a favor. Es cuanto, ciudadana presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión las propuestas de la diputada Guzmán Avilés.

La secretaria diputada Ma. Sara Rocha Medina: Consulto, en votación económica, a la asamblea, si se admite a discusión las propuestas de la diputada. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación). Mayoría por la negativa, diputada presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se desecha y se reserva para su votación nominal en términos del dictamen. Tiene la palabra, la diputada Ruth Salinas Reyes, para hacer propuestas de modificación al artículo 10.

La diputada Ruth Salinas Reyes: Con su permiso, señora presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.

La diputada Ruth Salinas Reyes: Compañeras y compañeros. En el origen de la acción de la extinción de dominio, en la reforma constitucional del año 2008 giró en torno a fortalecer las capacidades institucionales y formas jurídicas para combatir a la delincuencia organizada.

Es por todos conocido que este tipo de delincuencia es un flagelo que nuestro país sufre y lo seguirá siendo si no cuidamos los detalles que delinean las herramientas que sirven para enfrentarlo.

Si traemos a cuentas que la acción de extinción de dominio se compone de dos fases, una de ellas a cargo del Ministerio Público en la que este debe realizar una investigación exhaustiva que le permita conocer el origen de los bienes y así determinar si existen bases suficientes que sustenten la acción en el ámbito judicial, lugar al cual llegará con las pruebas listas, redactadas en su escrito inicial de demanda y prestas a desahogar ante el juez especializado.

En este sentido, podrá resultar, por decir lo menos, sospechoso que una vez hecho todo este trabajo el fiscal general llegue a un acuerdo de desistimiento y orden a su Ministerio Público especializado retractarse de la acción en el ámbito judicial.

Como integrante de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, considero que este planteamiento en la ley da pie a un sinnúmero de situaciones que se prestan a fomentar la corrupción y no abona a combatir el fenómeno.

Creo firmemente que esta herramienta jurídica no puede ser utilizada como instrumento de presión política para negociar con el secuestrador, con el corrupto, con el tratante de blancas o con el adversario político; con nadie.

Si el Ministerio Público encontró bases suficientes para iniciar la acción ante el juez especializado, que sea este mismo el que determine en todo caso si es o no procedente la acción. Nada tiene que hacer el fiscal general negociando sobre los patrimonios mal habidos y otorgando autorización para convalidar patrimonios obtenidos en forma dudosa.

Recordemos que estamos emitiendo una ley nacional y este proceso de negociación en lo oscurito sería posible en cada entidad federativa, por ello propongo modificar el artículo 10 para que no exista la posibilidad de desistirse una vez iniciada la instancia judicial para quedar como sigue.

Artículo 10. Una vez iniciada la etapa judicial del procedimiento de extinción de dominio, el Ministerio Público en ningún caso podrá desistirse de la acción.

Los invito a que apoyen las reservas que he dejado planteadas por una extinción de dominio que funcione y funcione bien. Es cuanto, señora presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admiten a discusión las propuestas.

La secretaria diputada Ma. Sara Rocha Medina: Consulto a la asamblea en votación económica si se admiten a discusión las propuestas de la diputada. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo por favor (votación). Mayoría por la negativa, diputada presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se desecha y se reserva para su votación nominal en términos del dictamen. Tiene la palabra la diputada Sara Rocha Medina, para presentar propuestas de modificación a los artículos 11 y 106, fracción I.

La diputada Ma. Sara Rocha Medina: Diputada presidenta, gracias. Quisiera pedirle que se presenten en forma indistinta, por favor. Me permito, compañeras y compañeros, hacer uso de esta tribuna para presentar una reserva al artículo 11 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio a fin de reducir de diez a dos años el tiempo que tiene el Ministerio Público para demandar la extinción de dominio.

Esta ley en la práctica puede convertirse en un instrumento de presión y actuar contra la legítima propiedad de los ciudadanos y ciudadanas de este país.

Por ello es necesario acotar la acción del Ministerio Público para evitar la gran discrecionalidad que le haya otorgado para iniciar el proceso de extinción de dominio incluso con criterios no contemplados en la Ley Modelo de la propia ONU, aclarando.

Compañeras y compañeros, si bien es cierto por todos es conocido y aceptado que las formas tradicionales del combate al delito ya no son suficientes, es verdad, pero también es clave crear y fortalecer una política pública en materia de recuperación de activos, pero no de esta manera. No puede ser desproporcionada ni contraria a los derechos más elementales de los ciudadanos y a los derechos humanos.

Nadie puede oponerse al espíritu de esta ley, nos queda muy claro, y de las reformas que las acompañan, sin embargo, debemos advertir las contradicciones y lagunas que pueden poner en duda los mecanismos para su aplicación.

Ane todo es nuestro deber la creación de normas con un claro sentido de protección de los derechos humanos y la garantía propersona y debido proceso.

La reducción en el tiempo que tiene el Ministerio Público para la solicitud de extinción de dominio, está alineado, con lo que aprobamos recientemente para la reforma de prisión preventivo oficiosa, y con los términos establecidos para el agotamiento de los procesos penales, por lo que espero contar con su aprobación, y quedaría de la siguiente manera:

“Las facultades del Ministerio Público para demandar la extinción de dominio caducarán en el plazo de dos años contados a partir del día siguiente a aquél en el que el Ministerio Público a cargo de un procedimiento penal informe a la unidad administrativa de la fiscalía responsable, de ejercer la acción de extinción de dominio de la existencia de bienes susceptibles de la aplicación de las disposiciones de esta ley”.

Si bien es cierto, compañeras y compañeros diputados, no debemos de provocar que el Ministerio Público tenga en sus manos durante 10 años un procedimiento que puede acotarse en dos años y que no es necesario, porque finalmente la rotación de ministerios públicos en todas partes se hace muy rápido y es necesario que les demos más garantías tanto a la parte ofendida como la seguridad que tengan que hacer los ministerios públicos en su trabajo y no se equivoquen.

Muchas gracias, compañeras y compañeros. Les pido su apoyo para poder bajar, en lugar de diez años, a dos años la responsabilidad del Ministerio Público.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Mayoría por la negativa, presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se desecha y se reserva para su votación nominal en términos del dictamen. Tiene la palabra la diputada Dunyaska García, para presentar propuesta de modificación al artículo 12.

La diputada Mariana Dunyaska García Rojas: Con su venia, diputada presidenta. Si bien el Partido Acción Nacional se encuentra de acuerdo con la Ley de Extinción de Dominio, hay que precisar que en materia del artículo 12, queremos generar con esta reserva un fortalecimiento a un tema que pone a todo ciudadano o ciudadana en riesgo, y es la conducta de buena fe.

Estamos pidiendo que sea adicionada, que cuando se perciben frutos, rentas o cualquier tipo de rendimientos originados de actos jurídicos, lícitos para auxiliar con los costos de mantenimiento del bien o mantener su valor, a efecto de respetar el derecho de un tercero, que actuó de buena fe, y que con ello estará a lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 7o. de esta ley.

Prever la figura de buena fe es fundamental, se debe acreditar. Tenemos que tener en cuenta que en esta Ley de Extinción de Dominio cualquier ciudadano o ciudadana puede tener el día de mañana una afectación. Esta reserva busca claramente fortalecer el que la conducta de buena fe sea analizada, sea visibilizada, sea fortalecida, que la ciudadanía que no tiene culpa de algún delito pueda ser perjudicada vía esta falta de especificidad en el artículo 12.

Recuerden que legislamos hoy, pero el día de mañana cualquiera de nosotras o cualquiera de nosotros o cualquiera de nuestros amigos, familiares, conocidos, puede ser perjudicado por la falta de este anexo que queremos aplicar al artículo 12.

Solicito el apoyo a esta reserva que tiene un solo objetivo; defender la buena fe, proteger a la ciudadanía y darle esta ampliación para que nadie sea perjudicado con una ley que, cabe mencionar, aprobamos porque sabemos que fortalece el Estado de derecho, porque atiende con claridad casos de corrupción y de abuso, casos que le duelen a México, como Javier Duarte, como César Duarte, y en el caso específico de Veracruz, casos como Javier Duarte que el día de hoy ya tiene acceso a las cuentas bancarias, a las propiedades y está buscando su exoneración vía un amparo directo, sabiendo que esta Cámara y esta legislatura en este Congreso supo desde la Auditoría Superior de la Federación los grandes desfalcos que se vivieron en Veracruz.

Hoy no podemos permitir el caso a la inversa, que gente de buena fe venga a dar de topes con una ley que le quite ese valor de ciudadano que trabaja todos los días. Es una reforma que queremos poner a su disposición, compañeras y compañeros. Ojalá la tomen en cuenta, porque tampoco me gustaría que ninguna ni ninguno de nosotros, por un acto de buena fe, por rentar una casa, por brindar un espacio, por ejemplo, pueda ser señalado.

Y, en este sentido, con esta parte que se añade les damos fortaleza a la ciudadanía y a la figura de las conductas que nacen de la buena fe. Es cuanto, diputada presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Mayoría por la negativa, presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se desecha y se reserva para su votación nominal en términos del dictamen. Tiene la palabra la diputada Hortensia Noroña Quezada, para hacer propuesta de modificación al artículo 12.

La diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada: Muchas gracias, diputada presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.

La diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada: Esperando que realmente estemos realizando esta sesión apegados a derecho, porque dudo que tengamos un quórum legal. Solicitaría que hiciéramos rectificación de quórum.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Eso de acuerdo al Reglamento, solamente cuando se está en votaciones nominales procede. De momento estamos en reservas, no procede.

La diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada: Le agradezco, presidenta. Entonces, agradezco a los presentes, y como diría mi coordinador, espero que las curules me escuchen.

Con su permiso, compañeras y compañeros diputados, en el Grupo Parlamentario del PRI estamos a favor de cualquier figura que tenga como objetivo procurar la justicia, combatir el crimen organizado, abatir la corrupción y actuar de manera eficiente y con certeza sobre los bienes de procedencia y destino ilícito.

Estamos a favor de afinar continuamente la visión jurídica y el diseño institucional que nos da gobernanza y resultados. Sin embargo, tenemos serias dudas sobre los mecanismos para su aplicación.

Hoy lo que nos preocupa es que la ley se pervierta en su aplicación por dudas y lagunas que aún existen en el texto que se nos presentan. Nos preocupa salvaguardar los derechos de terceros involucrados de buena fe en el proceso, la relevancia de la concurrencia de los procedimientos de extinción y penal y, sobre todo, el destino de los bienes que se logren con este mecanismo.

En congruencia, proponemos esta reserva que fortalece la participación en el proceso y simplifica el texto propuesto: a mayor claridad, mayor beneficio para las y los ciudadanos.

La delicada situación que esta ley busca enfrentar es un problema trasnacional, que supera las lógicas regionales y las acciones inmediatas. En ese sentido y en referencia al acuerdo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y sus protocolos suscritos en Palermo, Italia en el año 2000, del cual México forma parte, consideramos homologar la legislación para proteger en todos sus escenarios los derechos de los terceros involucrados de buena fe, por lo que sometemos a la consideración del pleno el realizar la siguiente reserva, en el artículo número 12, que a la letra diría:

Artículo 12. Las disposiciones de la presente ley no se interpretarán en perjuicio de los derechos de terceros.

Es cuanto, compañera presidenta, y agradezco en verdad la presencia de los diputados que se encuentran el día de hoy en esta sesión del pleno, tratando un tema tan importante que nos hizo hacer un periodo extraordinario. Ojalá los demás diputados ausentes también estén cumpliendo con alguna responsabilidad legislativa. Es cuanto.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias a usted, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Mayoría por la negativa, presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se desecha y se reserva para su votación nominal, en términos del dictamen. Tiene la palabra la diputada Lorena Villavicencio Ayala, para presentar propuesta de modificación al artículo 16.

La diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala: Gracias, diputada presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.

La diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala: Primero quiero señalar, con toda claridad, para que no haya la menor duda, de que estoy totalmente de acuerdo en la necesidad de tener una ley como la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Me parece que es muy importante combatir frontalmente a la delincuencia organizada y hacer de la recuperación de bienes de carácter ilícito una política de Estado, como bien se dijo en la mesa donde estuvimos reunidas las comisiones unidas.

Sin embargo, considero que hay algunos artículos –y yo me quiero referir al artículo 16–que me preocupan, porque podrían ser violatorios al artículo 14 de la Constitución, como es el tema de la venta anticipada, que ya se hará referencia en su momento por parte de la diputada Tatiana Clouthier, que la apoyo absolutamente y estoy totalmente de acuerdo con ese tema.

Pero yo, ¿por qué quiero reservar el artículo 16? Porque el artículo 16 establece, elimina el último párrafo del artículo 16 del proyecto de Ley Nacional de Extinción de Dominio. Propongo, perdón, eliminar el último párrafo del artículo 16, toda vez que la figura de la extinción de dominio, prevista en el artículo 22 de la Constitución, permite declarar la pérdida de los derechos sobre los bienes de las personas físicas o morales a favor del Estado, cuando estos bienes se encuentran vinculados con la comisión de un hecho ilícito asociado a hechos de corrupción y encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y delitos en la materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.

Es evidente que la acción de extinción de dominio que se ejercita por parte del Ministerio Público, a través de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y autónomo del penal, como representante social tiene el principal objetivo de declarar la pérdida de los derechos sobre bienes de personas físicas o morales a favor del Estado.

En este sentido, es claro que el principal beneficiado de esta pérdida de derechos es el propio Estado, a efecto de que sus productos, rendimientos, frutos y accesorios queden a disposición, uso, usufructo, enajenación y monetización, atendiendo al interés público.

En este sentido, el establecer que terceros sean beneficiados de esta acción de dominio, como lo señala el último párrafo del artículo 16, del artículo en comento, atenta contra la naturaleza propia de la extinción de dominio, ya que debe prevalecer el interés público sobre el interés particular y solo el Estado debe ser beneficiado, aun cuando se pretenda recompensar a personas que hayan coadyuvado en identificar y obtener evidencia para ejercer esta acción.

¿Por qué me preocupa este artículo? Porque se establece en este artículo 16, en la parte final, que a las personas que brinden información de los vecinos, cuando ven que hay alguien que tiene demasiados bienes, brinda la información, le dan una recompensa del 5 por ciento.

A mí lo que me preocupa es que este tipo de acciones se hagan de manera discrecional con el afán de afectar a alguna persona. Y lo digo con toda claridad porque yo no creo que tengamos el gran Ministerio Público todavía en este país y que esto no se preste a otro tipo de acciones que no tengan como finalidad el combate a la delincuencia organizada, como lo pretende esta Ley de Extinción de Dominio.

Insisto, que se hagan las modificaciones conducentes. Son muy pocas. Yo no quiero que nos pase exactamente lo que ocurrió con la Guardia Nacional, que tuvo que ir al Senado para que se hicieran las modificaciones correspondientes.

Yo espero que no llegue esta ley a manos de la Suprema Corte de Justicia y nos diga que la declara inconstitucional porque se violentan algunos principios que la propia Constitución establece.

Hago un llamado a toda la responsabilidad de todos los diputados para que hagamos estas modificaciones, que son muy pocas, y que realmente le darían más solidez frente al Poder Judicial a esta Ley de Extinción de Dominio que, insisto, está avalada en el fondo por todos los diputados que conforman esta asamblea. Es cuanto. Muchas gracias.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Consulte la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: En votación económica, se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se desecha y se reserva para su votación nominal en términos del dictamen.

Tiene la palabra el diputado Ricardo Aguilar, para presentar propuesta de modificación al mismo artículo 16.

El diputado Ricardo Aguilar Castillo: Muchas gracias, diputadas. Con su permiso, presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.

El diputado Ricardo Aguilar Castillo: Como bien lo ha señalado usted, vengo a presentar esta reserva que, como se ha visto, parece que la desecharán. Pero es mi obligación presentarla.

El dictamen de la Ley Nacional de Extinción de Dominio tiene como referente la Ley Modelo de Extinción de Dominio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, cuyo texto precisa de manera clara las atribuciones de la fase preprocesal y procesal del mismo.

La importancia de ello radica en que el dictamen omite incluir parte de la fase inicial dentro de los requisitos que habrá de recabar y sustentar el Ministerio Público especializado para solicitarle al juez en la fase procesal, la acción de extinción de dominio y desvirtuar la presunción de buena fe, tal como lo prevé la Ley Modelo de la ONU en su artículo 21.

Esto es fundamental a efecto de cumplir un principio jurídico que es el onus probandi, interpretado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de que solo las afirmaciones están sujetas a prueba. La razón de este elemento jurídico es evitar desde la fase inicial que los derechos de terceros, propietarios o poseedores de bienes cuya conducta se presume de buena fe, sean atropellados por una ley de esta naturaleza.

De tal forma que el Ministerio Público especializado en su calidad de parte acusatoria tendrá la obligación de incluir dentro de sus elementos de investigación, todo aquello que compruebe su afirmación en la Constitución de alguno o varios delitos previstos en el artículo 22 constitucional y su relación con bienes de procedencia o destinación ilícita.

En tal razonamiento es que se considera necesario homologar los requisitos que debe cumplir el Ministerio Público especializado, previsto en el artículo 16 del dictamen, para sustentar una solicitud de extinción de dominio con las disposiciones previstas para la misma figura en el artículo 21 de la Ley Modelo de las Naciones Unidas, es decir, el Ministerio Público especializado deberá de cumplir, pues, por lo menos con los requisitos que señala la Ley Modelo y no dejarle al acusado la carga probatoria, sino que haya elementos suficientes para iniciar la acción. Por su atención, muchísimas gracias.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias a usted. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Sí, señora presidenta. En votación económica, se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Los diputados y las diputadas que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Mayoría por la negativa, presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se desecha y se reserva para su votación nominal en términos del dictamen. Tiene la palabra el diputado Marco Antonio Gómez Alcantar para presentar propuesta de modificación al mismo artículo 16 en el párrafo segundo, y el 231, párrafo segundo.

El diputado Marco Antonio Gómez Alcantar: Gracias, presidenta, buenas tardes. Ya hemos dicho y reconocido las bondades de la ley que hoy nos ocupa. Hemos establecido y dejado claro que no se violan derechos de terceros ni existen causales de venta anticipada de bienes fuera de aquellas que tengan como propósito preservar los bienes, al igual que sucede con el comodato, con la herencia y con los juicios de orden mercantil. Bueno, los juicios de orden fiscal.

Pero dicho lo anterior, creo que hay cosas que se pueden mejorar. Dentro de las cosas que se pueden mejorar destaca el último párrafo del artículo 19. A través de esta disposición se reconoce que cualquier tercero podrá presentar pruebas que acrediten que un bien determinado fue adquirido de forma ilícita. Como contraprestación, el Estado mexicano  podrá pagarle un monto equivalente al cinco por ciento del producto de la venta de los bienes incautados.

Esta disposición como tal funciona en Colombia y en España, pero está acotada para delincuencia organizada. Esta conducta no puede ser aplicable a la corrupción por el riesgo que representa un mal uso de estas facultades para efectos políticoelectorales.

Debemos evitar que este procedimiento de extinción de dominio se convierta en una herramienta para desacreditar aspiraciones electorales legítimas, por ello nuestra propuesta versa en dos temas.

Primero. Acotar esta disposición a delincuencia organizada; y

Segundo. Dejar claro que se necesita sentencia firme para pagar la retribución al informante.

La segunda reserva tiene que ver con el segundo párrafo del artículo 231. Esta disposición establece que la autoridad administradora podrá disponer el uso y goce de los bienes objeto de su custodia. Le reconoce el derecho de oponerse de un tercero poseedor del bien arrendador, usufructuario, comodatario, etcétera.

Sin embargo, exige que ese poseedor deba probar la propiedad y licitud de su posesión, lo cual resulta inexacto y por ende puede violentar derechos. El poseedor, por ejemplo, un arrendatario, puede acreditar la legítima posesión, pero se vería imposibilitado en cualquier caso de probar la propiedad puesto que él no es el dueño.

Por tanto, la adición para respetar derechos de terceros simplemente tendría o versaría en agregar una o para que fuera “y/o propiedad”, “y/o posesión” del bien objeto del litigio. Muchísimas gracias.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias a usted. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta del diputado.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: En votación económica se consulta a la asamblea si admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Mayoría por la negativa, presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se desecha y se reserva para su votación nominal en términos del dictamen. En el uso de la palabra la diputada Sara Rocha Medina, para presentar propuesta de modificación al artículo 106, fracción I.

La diputada Ma. Sara Rocha Medina: Muchas gracias, diputada presidenta. Posicionamiento de mi grupo al cual pertenezco, el Grupo Parlamentario del PRI, para presentar una reserva al artículo 106, fracción I. Con su permiso, diputada presidenta, compañeras y compañeros diputados, si bien es cierto ya sabemos que en materia de derechos civiles es perfectamente aceptado y conocido, además de útil que un hecho notorio es cualquier acontecimiento de dominio público, social, en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión de manera que, al ser notorio, la ley exime de su prueba que en este caso eximiría al agente del Ministerio Público.

Una vez que hemos establecido que la Ley de Extinción de Dominio no es un procedimiento civil, porque en él se afecta en el Estado contra un particular, y también no ha quedado claro que tampoco es un procedimiento penal porque no buscamos la culpabilidad de nadie, y como consecuencia de todo ello este es un procedimiento sui generis. Entonces es válido este, un procedimiento ampliamente aceptado y que fueron literalmente copiadas del Código Civil a nuestro dictamen.

Sean responsables en torno a lograr un equilibrio de fuerzas entre el demandado y el demandante.

Hago especial énfasis en la presente reserva toda vez que es evidente y preocupante que no todos los demandados en juicio de extinción tendrán los recursos para solventar un juicio que proteja su patrimonio y por lo tanto con el paso del tiempo los hechos pueden distorsionarse respecto de cómo surgieron o se vivieron en su momento.

Por ello proponemos modificar este artículo 106, fracción I. Las y los diputados del Grupo Parlamentario del PRI estamos a favor de una legislación que constituya a combatir de manera formal a la delincuencia, por ello contribuiremos a mejorar esta reforma para responder de manera eficaz a una de las principales demandas de la sociedad como es la seguridad de las familias mexicanas.

Bajo estas consideraciones, presento una reserva de este artículo mencionado: 106, fracción I, relacionada con la notoriedad, dado que es una categoría jurídica poco clara  –ya lo dije–, por lo tanto, cuando aparece en un texto normativo debe ser debidamente acotada y delimitada para que no se convierta en un sustento de origen o un abuso por la identidad o laxitud que dicho término puede tener, o por la amplia interpretación a modo que alguna autoridad pueda realizar, escúchese, tal latitud ha merecido de parte del Poder Judicial de la Federación, presiones tan relevantes al respecto, como las que se formulan en esta tesis que señala y acota sobre la noción de notoriedad.

La notoriedad es un concepto esencial relativo, puesto que no existen hechos conocidos por todos los hombres. La notoriedad de un hecho entre un determinado sector social no significa conocimiento efectivo del mismo, por parte de todos aquellos que integran este sector y ni siquiera conocimiento efectivo de parte de la mayoría, ya no solo es posible recordar todas las nociones que una persona pueda considerar como verdaderas, comprobadas o como patrimonio intelectual, definitivamente adquirido.

Esto no es un invento, esto lo dice la Suprema Corte en la Tercera Sala, en el seminario judicial de la Federación. Es por ello, lo que significa es que la idea de algo notorio no debe ser considera suficientemente válida para poder sostener una acción jurídica, por sí misma afecta los derechos esenciales de las y los ciudadanos que se vean obligados de comparecer como terceros afectados en un proceso de extinción de dominio.

Por ello es que propongo que la idea de hechos notorios sea adicionada con el texto que acote y delimite el alcance de dicha categoría para que no pueda ser usada como elementos que operen en contra de las garantías constitucionales de las y los ciudadanos de este país, ante la evidencia y la evidente latitud que en la formulación pudiera darse.

Quedaría de la siguiente manera: ... los hechos notorios, siempre y cuando dicha notoriedad haya sido advertida al momento en que el propietario del bien sujeto a extinción de dominio o cualquier otro tercero de buena fe que haya adquirido su derecho. Muchas gracias y es cuanto, diputada presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: En votación económica, se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Mayoría por la negativa, presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se desecha y se reserva para su votación nominal, en términos del dictamen. Tiene la palabra la diputada María Eugenia Leticia Espinosa Rivas, para presentar propuesta de modificación al artículo 106, fracción I.

La diputada Ma. Eugenia Leticia Espinosa Rivas: Con su venia. Buenas tardes. En este artículo 106 mi principal objetivo el preservar las garantías constitucionales y los derechos humanos de nuestros ciudadanos. La reserva que me permito plantear al dictamen de la minuta tiene como objetivo el darle mayor claridad a la hipótesis procesal del relevo de prueba por existencia de hechos notorios.

Como es sabido, en la doctrina probatoria los hechos notorios no requieren prueba como una regla probatoria. Por hechos notorios deben entenderse en general aquellos que por el conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza y a las vicisitudes de la vida pública actual o a circunstancias comúnmente conocidas en un determinado lugar.

De modo que toda persona de este medio que esté en condiciones de saberlo, y desde el punto de vista jurídico hecho notorio en cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi por todos los miembros de un círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni tampoco discusión, de manera que al ser notorio, la ley exime de su prueba por ser del conocimiento público en el medio social donde ocurrió o donde se tramita dicho procedimiento.

Lo que establece la presente reserva es que efectivamente los efectos o los hechos notorios no requieren prueba ante ningún juez. Sin embargo, ese hecho no fue solo notorio en el momento de la aprobación, entonces, sí se debe probar el hecho con documentos o testimonios. Lo anterior brindaría seguridad jurídica para el propietario o poseedor.

Por ello esta reserva debe proporcionar transparencia y perfección ante la figura que estamos aprobando. Por ello el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional se presenta a favor de esta reserva. Es cuanto, muchas gracias.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de la diputada.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se desecha y se reserva para su votación nominal en términos del dictamen. Tiene la palabra el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, para presentar propuesta de modificación al artículo 173. Seguimos. Tiene el uso de la palabra la diputada Claudia Pastor, para presentar propuesta de modificación al artículo 190.

La diputada Claudia Pastor Badilla: Gracias, presidenta. En el artículo 190 voy a tratar de narrarles de grosso modo de qué se trata. Recordemos primero que en materia civil las conductas ilícitas pueden ser cualquiera que vaya contra la moral o las buenas prácticas. Por lo tanto, estaremos hablando de conductas ilícitas que escapan mucho a lo que estamos acostumbrados en la tipificación penal. Pero, cuando un Ministerio Público quiere iniciar una etapa prejudicial de extinción de dominio, puede ordenar la investigación por la policía de los actos, solicitar servicios periciales, puede también pedir apoyo a las unidades de análisis, de información, a cualquier autoridad, para que denuncie y presente información, puede pedir acceso a las bases de datos en búsqueda de la información relacionada con la operación, registro y control de derechos patrimoniales.

Si hay urgencia, puede solicitar, por peligro en la demora, medidas cautelares, puede solicitar a los clientes de instituciones de crédito y demás integrantes del sistema financiero, fideicomisos, en protección del derecho a la privacidad de sus clientes y usuarios, así como a las autoridades tributarias, protegidas por el secreto fiscal. Claro, previa autorización judicial.

Las entidades deberán facilitar la consulta y cruce de base de datos de conformidad con las disposiciones de carácter general y no es oponible la secrecía bancaria, bursátil o tributaria ni se impedirá el acceso a la información contenida en bases de datos.

Eso es todo lo que puede hacer el Ministerio Público, y como les dije hace un momento, les puse el ejemplo de alguien que recibe en su casa a un familiar y que a ese familiar lo acusan de una conducta ilícita, por la que puede estar sujeto al procedimiento de extinción de dominio.

Imagínense a esta persona contra este Ministerio Público que tiene todo esto. Bueno, en el artículo 190 se propone que una vez que el Ministerio Público determine que va a iniciar el procedimiento de extinción de dominio va a notificar al posible afectado y este tendrá 10 días para contestar, 10 días para probar la licitud, para probar su inocencia.

¿Se dan cuenta de cómo estamos poniendo a la ciudadanía frente a una maquinaria de Estado donde probar la inocencia en 10 días frente a todas esas herramientas, parece imposible?

De verdad, ya lo hemos dicho en algunas otras leyes, no permitamos que otros nos corrijan la plana, que seamos aquí los que redactemos correctamente. La Ley de Extinción de Dominio tiene muchas virtudes, pero tiene muchas que no están acotadas a los marcos internacionales, ¿por qué tenemos que dejarla mal? ¿Por qué no podemos redactar correctamente?

En este artículo 190, los 10 días no son proporcionales y por proporcionalidad entiéndase la capacidad jurídica que tiene una persona para preparar una debida defensa. Si en 10 días no prueba la licitud, precluye su derecho durante todo el procedimiento, sea en la etapa prejudicial o judicial, para hacer valer la licitud y ponerla a disposición de sus bienes.

¿De verdad vamos a dejar a cualquier ciudadano o ciudadana...? Ya no hablamos del narcotráfico, ya no hablamos de trata de personas, ya no hablamos de lavado de dinero, hablamos de robo, hablamos de encubrimiento, encubrimiento aislado de las conductas internacionales, por encubrimiento es ocultar algo, no dejar que se vea.

Imagínense que acusen a esta persona que recibió a alguien en su domicilio, de encubrimiento. ¿Y lo vamos a sujetar a toda esta, no sé, a todas estas herramientas que tiene el Ministerio Público? No es proporcional. Corrijamos y no permitamos que otros nos corrijan la plana. Lo he dicho en otras leyes y así ha pasado. Muchísimas gracias.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: En votación económica, se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Mayoría por la negativa, presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se desecha y se reserva para su votación nominal en términos del dictamen. A solicitud del diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, su intervención quedará registrada íntegra en el Diario de los Debates. Tiene la palabra la diputada Martha Tagle Martínez, para presentar propuestas de modificación al artículo 203 y noveno transitorio del proyecto de decreto.

La diputada Martha Tagle Martínez: Gracias, presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.

La diputada Martha Tagle Martínez: Frente a la discusión del proyecto, de discusión del proyecto de dictamen en las Comisiones Unidas de Gobernación y Justicia, hablamos de la necesidad de que hubiera una revisión profunda de este tema por todas las implicaciones que puede tener.

Y desafortunadamente, hemos visto hasta este punto que cada una de las reservas prácticamente no han sido escuchadas, ni siquiera valoradas y han sido desechadas. Cuando muchas de ellas tienen fundamentación para ser atendidas, y que tiene que ver con perjuicios que puede generar esta ley.

Advertimos desde Movimiento Ciudadano que, por supuesto, estamos a favor de generar este instrumento legal para que las autoridades puedan ir contra uno de los principales elementos que tiene que ver con la delincuencia organizada, que es seguir la ruta del dinero y ponerle un alto.

Y eso tiene que darse, pero también tenemos que verificar que una ley de esta naturaleza no afecte a otras personas, o que tampoco genere incentivos perversos que también puedan verse metidos en temas de corrupción.

Y por eso las reservas que hoy presento, una de ellas tiene que ver con derogar lo propuesto con en el artículo 203 de la ley. Porque pretende que una persona que está siguiendo un proceso de extinción de dominio por la vía civil, si se allana, es decir, si reconoce este procedimiento de extinción de dominio por el cual le fue retirado un bien, pueda allanarse ante el juez, y este juez pueda darle de regreso, retribuirle de regreso hasta el 5 por ciento de ese bien que le fue enajenado.

Esto genera un incentivo perverso, porque entonces va a ser un buen negocio tener vehículos robados, casas que han estado sujetas, en medio de un proceso delictivo, porque al final de cuentas el juez te puede regresar hasta el 5 por ciento de esa propiedad que tiene una procedencia ilícita.

Por eso nos parece muy importante que puedan escuchar y aceptar esta propuesta de reserva, para que no se permita ni se genere este, que nos parece un incentivo perverso a una ley que es necesaria.

Por otra parte, durante mi participación en el posicionamiento a nombre de mi grupo parlamentario, a favor, advertimos sobre el tema de la capacidad que tendrán los jueces civiles para atender este tema.

Como ustedes han estado escuchando, ahora en los procedimientos de extinción de dominio estarán a cargo de jueces civiles. Eso implicará que el Consejo de la Judicatura Federal tenga la capacidad de generar estos juzgados para atender las solicitudes que los Ministerios Públicos hagan para iniciar procesos de extinción de dominio. Y se plantea un artículo transitorio en el cual serán solamente seis meses para que, una vez entrado en vigor, se cuente con jueces capacitados para la extinción de dominio.

Quienes vienen de diferentes estados y conocen el sistema de justicia, seguramente están al tanto de que hoy en día los juzgados cívicos en muchas partes tienen cargas de trabajo que no les permitirán hacerse cargo de más actividades. Y que, además, un área específica como es el tema de la extinción de dominio requiere una reparación y capacitación específica.

Seis meses nos parecen total y absolutamente insuficientes para contar con estos jueces y juzgados que se harán cargo de este tema. Y menos si tampoco hay ni siquiera presupuesto para ello.

Recordemos que cuando se dio la reforma en materia del sistema penal acusatorio se ordenó, se instrumentó una secretaría técnica para hacerse cargo de la implementación del sistema de justicia penal acusatorio y que aunque contó con 10 años, hoy en día la Secretaría de Gobernación está planteándose la posibilidad de reactivar a esta secretaría técnica porque en 10 años no tuvieron la capacidad de contar con los suficientes elementos para tener las salas de juicios orales en todo el país que permitieran una implementación correcta de ese sistema.

Por eso proponemos que el periodo mínimo que se debe contar para tener la capacitación de estos jueces civiles en materia del proceso de extinción de dominio deba ser de al menos 18 meses para poder también darle al Poder Judicial de la Federación la capacidad para preparar y tener listos estos jueces que se requerirán a partir de la entrada en vigor de estas leyes. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Muchas gracias. Mayoría por la negativa, presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se desecha y se reserva para su votación nominal en términos del dictamen. Tiene la palabra, la diputada María de los Angeles Gutiérrez Valdez, para presentar propuesta de modificación al artículo 223.

La diputada María de los Angeles Gutiérrez Valdez: Buenas tardes. Con su venia, señora presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.

La diputada María de los Angeles Gutiérrez Valdez: Desde que la figura de la extinción de dominio fue adoptada dentro de la legislación, sabemos que pasó por diversas dificultades que impidieron que sirviera como un instrumento eficaz de política criminal y recuperación de activos en contra de la delincuencia y corrupción.

Al ser un logro de esta Legislatura, crear un marco referencial para la autoridad como parte de nuestro compromiso con la sociedad, debemos desde este recinto hacer leyes eficaces que en su aplicación cumplan con el propósito para el cual fueron creadas.

Con el paquete de leyes que hoy se han modificado y que entre ellas se destaca la expedición de la Ley de Extinción de Dominio, México se une al uso de una serie de buenas prácticas emitidas por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en 2011, que otros países como Chile, Colombia y Argentina han implementado.

No obstante lo anterior, este Congreso debe de ser visionario pues nuestro compromiso con la sociedad lejos de resolver un problema de inseguridad, corrupción e impunidad, debe prever que no afecte derechos de terceros de buena fe, por lo que estos se deben de garantizar.

Por ello es necesario crear procedimientos accesibles para aquellas personas que acrediten fehacientemente la propiedad de los instrumentos, objetos o productos de su propiedad.

Debemos aprobar leyes que sean congruentes con el delito que se pretende sancionar. Debemos vigilar que no se dé un atentado en contra de la propiedad de las personas de buena fe, por lo que es necesario prever los resultados de las investigaciones, que no sean más caras en montos económicos de lo que en realidad se pretende obtener.

La presente reservar que hoy presento tiene como fin contribuir que los derechos de un tercero de buena fe que acredite la propiedad no sean derechos no traslativos de dominio, de conformidad a la fracción VI del artículo 7o. de la ley en materia.

Lo anterior hace posible que la autoridad prevea la no afectación de derechos de terceros, por lo que es necesario facilitar a las autoridades verifiquen que los bienes que contribuyan ingresos, rentas, productos, rendimientos, frutos, accesorios, ganancias y otros beneficios derivados de los bienes, sean debidamente acreditados por el propietario.

En suma, todos los procedimientos jurisdiccionales de naturaleza civil como el presente dictamen que hoy se pretende votar, deben de buscar salvaguardar los derechos de los terceros siempre que se acredite la procedencia lícita de los bienes, instrumentos, objetos o productos de un procedimiento a extinción de dominio.

De esta manera hoy los invito a que votemos en beneficio, a favor de la sociedad y que nunca debemos de generar una ley que vaya en perjuicio de los ciudadanos de buena fe. Es cuanto, muchas gracias.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Mayoría por la negativa, presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se desecha y se reserva para su votación nominal en términos del dictamen. Tiene la palabra el diputado Enrique Ochoa Reza, para presentar propuesta de modificación a los artículos 223 y 224.

El diputado Enrique Ochoa Reza: Compañeras y compañeros, muy buenas tardes. Esta es una de las legislaciones peor hechas y con consecuencias más negativas para los ciudadanos de nuestro país, y estamos discutiéndola en una sesión legislativa sin quórum y sin debate porque las y los diputados de la mayoría no quieren que demos debate.

Yo reconozco la presencia de las compañeras diputadas y diputados de todos los grupos parlamentarios y en la Mesa Directiva, pero tenemos que advertir que no habrá ni 100 legisladores en el recinto, y que no se ha dado un debate parlamentario que amerita un tema de esta importancia.

Esta legislación de no corregirse, puede derivar en un Estado policiaco donde los ciudadanos honestos vivan bajo un estado de sospecha.

Uno de los principales problemas de este paquete legislativo es que se le puede castigar en su patrimonio a la ciudadanía que incluso sea declarada inocente por la vía penal y por la vía civil.

Uno de los graves problemas que tiene este paquete legislativo es que se puede afectar el patrimonio de terceros que actúen de buena fe y que esta afectación sea muy lamentable y que no se les permita recuperar el esfuerzo de su trabajo.

Otro de los problemas que tiene esta legislación es que claramente es inconstitucional porque permite un castigo sin sentencia definitiva y porque se puede castigar sin que se acredite la comisión de delito alguno.

Esta legislación afecta a los ciudadanos inocentes y pone sobre la lupa a cualquier persona que sea señalada por el Estado. Esta legislación no obedece a las mejores prácticas internacionales, como quizá a algunos de ustedes les han mal informado, de hecho las mejores prácticas internacionales suscriben para este tipo de legislación solamente cuatro delitos, aquí se está incluyendo un paquete de más de 240 conductas delictivas.

La legislación internacional en la materia se sustenta precisamente para que la carga de la prueba caiga en el ciudadano señalado, en los cuatro delitos que más lastiman a un país.

Pero no es el caso de esta legislación, porque el listado afecta a más de 240 posibles conductas delictivas y la consecuencia de extinción de dominio puede resultar de manera indirecta y perjudicial de manera prácticamente irreparable, incluso a pesar de que no se haya dictado sentencia definitiva.

No existe antecedente en la historia de nuestro país que establezca una legislación de esta naturaleza con las consecuencias que esta tiene, y estoy seguro que podríamos dar el debate sobre cada uno de estos temas y mejorar la legislación, que por cierto atiende un tema, el de la extinción de dominio, donde hoy ya existe una legislación en el país.

Por lo tanto, está superado el tema de si queremos los partidos políticos o no que se discuta la extinción de dominio, sí lo queremos y ya existe una legislación en la materia a nivel federal.

Esta es la oportunidad de legislar de manera nacional, de hacerlo respetando la presunción de inocencia y respetando los principios fundamentales de debido proceso, pero en lugar de dar ese debate y en lugar de hacer ese análisis profundo, estamos en un recinto parlamentario de 500, solamente menos de 100.

Y en lugar de estar dando el debate, cada momento, que cualquier partido político ha presentado en esta tribuna una reserva, las diputadas y los diputados de la mayoría han decidido rechazarla.

Este tema sí merece ser debatido, y este tema es uno de aquellos que quizá en un futuro democrático después de alguna elección, sea la primera legislación que habrá que borrar en la historia de este país. Es una legislación mala.

En consecuencia, presento la reserva al artículo 223 y 224 para proteger a los terceros de buena fe, para que efectivamente no se les pueda quitar su patrimonio, no se les pueda quitar su patrimonio cuando no hay sentencia definitiva, salvo que se exprese perfectamente que haya acreditado en sentencia definitiva, que cometieron un ilícito.

Si no hay sentencia definitiva no se le podría quitar el patrimonio a nadie. De hecho, en el artículo 22 constitucional nunca permitimos que no existiera una sentencia definitiva y que se le afectara el patrimonio a una persona.

El paquete legislativo va más allá de la Constitución y afectará el patrimonio de la ciudadanía honesta y libre de este país. Muchas gracias.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Consulte la Secretaría a asamblea, en votación económica, si se admite a discusión, no la propuesta de desaparecerlo, sino la propuesta de modificación.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: En votación económica, se consulta a la asamblea si se admite a discusión.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Mayoría por la negativa, presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se desecha y se reserva para su votación nominal, en términos del dictamen.

Tiene la palabra la diputada Gloria Romero León, para presentar propuestas de modificación al artículo 224, y 231 para adicionar un inciso.

La diputada Gloria Romero León: Con su permiso, diputada presidenta. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados.

México tendrá por primera vez una ley única de Extinción de Dominio para todo el país, y a partir de hoy las nuevas facultades que el Estado tendrá van a fortalecer el combate al crimen organizado y a la corrupción, a través de mermar su estructura patrimonial y financiera. Representa la oportunidad de infringir un impacto real en las finanzas del crimen organizado, por lo que es importante precisar ciertos criterios.

Inicio con la reserva relativa al artículo 224 del dictamen. El artículo 224 dice: A los productos, rendimientos, frutos y accesorios de los bienes, durante el tiempo que dure la administración se les dará el mismo tratamiento que a los bienes que los generen.

La extinción de dominio consistirá en el origen lícito de acervos patrimoniales. Es asequible jurídicamente la exigencia de que quien sostiene esa licitud la acredite en el ejercicio de su posesión.

Por lo que debe tomarse en cuenta que las garantías que pudieran dejar sin derecho a quienes así lo demuestran, por lo que debe de considerarse quiénes se exceptúan de la transmisión de los bienes para no causarles agravio o perjuicio.

Que quien sin intervenir en un acto tenga un derecho adquirido de buena fe, que no sea violatorio de ninguna ley prohibitiva o de interés público.

Por lo que solicitamos se adicione que se exceptúen de la transmisión los bienes respecto de los cuales exista acreditado el derecho de un tercero de buena fe que reúna los siguientes requisitos:

Primero. Que sus derechos no sean traslativos de dominio;

Segundo. Que el inicio de su derecho sea anterior a la investigación formulada por el Ministerio Público del lugar en donde se encuentra el bien sujeto a extinción de dominio y que acredite la licitud del objeto o destino del inmueble.

En este mismo sentido de garantías, la reserva del artículo 231 dice: La autoridad administradora podrá dar en uso, depósito o comodato los bienes sujetos a proceso cuando:

Primero. Permitan a la administración pública obtener un beneficio mayor que el resultante de su venta anticipada, o no se considere procedente dicha enajenación en forma previa a la sentencia definitiva, y que resulten idóneos para la presentación de un servicio público.

Por lo que en esta reserva solicitamos se adicione que cuando los poseedores cuenten con derecho legítimo, no traslativo de dominio y utilicen o destinen el bien a una actividad lícita, en cuyo caso sus derechos serán preservados para recibir el bien en depósito.

Por lo que consideramos pertinente que cuando fuere necesario y urgente asegurar el bien y concurran motivos fundados, se puedan adoptar o solicitar medidas cautelares sobre los bienes objeto de investigación conforme a lo señalado en esta ley o a la legislación aplicable.

En este sentido, compañeras diputadas y compañeros diputados, exhortamos a esta asamblea a votar a favor de estas reservas para que desde inicio establezcamos las garantías sin perjuicio o agravio de los poseedores con derecho legítimo, no traslativo de dominio, en actividad lícita y no haya pérdida de bienes a ciudadanos inocentes. Es cuanto, diputada presidenta.

La presidenta diputada Dolores Padierna Luna: Gracias. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Mayoría por la negativa, presidenta.

La presidenta diputada Dolores Padierna Luna: Se desecha y se reserva para su votación nominal, en términos del dictamen. Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Villarreal Salazar, para presentar propuesta de modificación al artículo 226.

El diputado Juan Carlos Villarreal Salazar: Con su venia, presidenta.

La presidenta diputada Dolores Padierna Luna: Adelante.

El diputado Juan Carlos Villarreal Salazar: Mucho se ha estado comentado, hemos estado insistiendo varios legisladores en qué puede pasar si esta acción de extinción de dominio es mal utilizada y se encauza contra aquel tenedor, aquel propietario de una finca que la renta y que tiene algún grupo de la delincuencia que la convierte en casa de seguridad y qué va a pasar con estas personas.

Y a mí me preocupa todavía un tema adicional, ¿qué pasa con la propiedad social? Y lo dije en la comisión, ¿qué pasa con la propiedad agraria? ¿Qué pasa con ese campesino que llegaron y le invadieron su tierra y le quitaron su parcela y la están utilizando para sembrar amapola? ¿Qué pasa con ese ejidatario, ese campesino?

Los funcionarios de la Fiscalía y del SAE, que quiero reconocer que muy amable, inclusive aquí andan en la Cámara de Diputados ofreciéndonos la información de las dudas que podamos tener sobre este dictamen. Tuvimos a bien preguntarles, ¿cómo garantizábamos el que no se cometiera un abuso, el que no pudiera ser susceptible este grupo vulnerable, de que no pudiera defenderse y que pudiera perder sus bienes o en este caso la posesión que tiene de la propiedad ejidal o social, colectiva, como se llama?

Y ellos nos contestaron, que ese ejidatario, ese campesino tendría que acudir ante la representación social, a decirle que le quitaron su parcela por la fuerza y que además de quitársela, están haciendo actos indebidos ahí.

¿Qué campesino en su sano juicio, después de una amenaza de muerte a su familia, después de decirle que lo van a matar, de decirle que es la delincuencia organizada, va a acudir al Ministerio Público a denunciar?

Por supuesto que no lo va a hacer, por supuesto que este campesino o este poseedor, este propietario de la finca, de la casa, del inmueble, del vehículo, pues al ver que se trata de la delincuencia organizada, lo más seguro es que lo deje por la paz y hasta se esconda, porque no va a poder ejercitar esta defensa legal para demostrar, en la carga de la prueba demostrar que él tiene la posesión legítima o la propiedad legítima.

Pero luego, además, tuvimos a bien preguntarles, ¿cómo podemos garantizar como fiscalía y como autoridad que esta ley no pueda dar paso a que se utilice esta figura de extinción de dominio en contra del enemigo político, del compadre empresario que quiere participar políticamente y luego ahí le hago un procedimiento de extinción de dominio? Y entonces, con la simple amenaza de que le voy a quitar sus bienes, pues probablemente hasta lo bajo del ring político.

Y nos contestó también la fiscalía y los funcionarios del SAE, nos dijeron: por supuesto que no, el Estado no va a destinar a sus ministerios públicos ni a todo el aparato gubernamental para ir a atacar a esas personas, lo va a hacer contra los grandes delincuentes y contra los capos de la delincuencia y los delincuentes de cuello blanco.

¿Pero cómo garantizamos esto? Y nos dijeron, está el artículo 226, que dice entre otras cosas que los bienes sujetos a procedimiento de extinción de dominio deberán presentar un interés económico para el Estado, por lo que dichos bienes deberán contar con un valor pecuniario susceptible de administración, que sean generadores de beneficios económicos y utilidad para esto.

¿Pero quién determina eso? Ellos mismos, el gobierno. ¿Quién va a determinar que son de interés o que van a tener un beneficio para el gobierno? Ellos mismos, cuando ellos lo decidan.

Por eso, en la reserva que presento el día de hoy, es una adición a este artículo 226, donde ellos mismos reconocieron ante nosotros que queda a la presunción o a la buena fe del gobierno y esto no es un acto de buena fe.

Nosotros decimos que el texto adicional de este artículo debe decir que el interés económico para el Estado, así como el valor pecuniario susceptible, debe ser determinado, fundado y motivado por el Ministerio Público en la petición que realice al juez de la causa.

Así, tendremos oportunidad de que, si no se funda y se motiva bien este interés del Estado y el beneficio económico, podamos tener recursos legales para combatir esta solicitud de juicio o de procedimiento de extinción de dominio. Es cuanto, señora presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se desecha y se reserva para su votación nominal en términos del dictamen. Tiene la palabra el diputado Antonio Ortega Martínez, para presentar propuestas de modificación a los artículos 227 y 228. Para adicionar también un párrafo.

El diputado Antonio Ortega Martínez: Presidenta, si no tiene inconveniente, en una sola intervención argumentaré a los consecutivos, como usted ya lo refirió, 227 y 228.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias.

El diputado Antonio Ortega Martínez: Lo que está hoy en discusión no es solo la aprobación de la llamada Ley de Extinción de Dominio, que pretende recuperar lo robado, la famosa ley Chucho el Roto, en el sentido moralista que pretende otorgar poderes especiales al Ejecutivo.

Esta propuesta, de no ser modificada mediante reservas importantes, corre el riesgo de quedar en solo una ley con buenas intenciones. La propuesta es peligrosa porque le otorga un poder a la representación del Estado, que puede ser aplicado con criterios selectivos.

Imaginemos dicho poder otorgado en manos equivocadas. Podemos poner en riesgo las libertades y las garantías para que cualquier ciudadano común pueda defenderse. Se le estarían vulnerando las garantías de propiedad y de presunción de inocencia.

Por ello, proponemos modificaciones a estos dos artículos, con la finalidad de proteger los derechos de los ciudadanos para evitar que sean despojados de sus bienes mientras tanto no se dé por terminado, conforme a derecho, el proceso de extinción de dominio.

Esta ley es presentada como un mecanismo para recuperar los bienes producto de delitos como la corrupción, el narcotráfico, etcétera. Pero, de no hacerse las modificaciones que se proponen, terminaría por ser una ley que permitiría a la representación del Estado el apropiarse de los bienes de un posible inocente y probablemente rematarlo sin certeza, dejando de lado el gran logro de nuestro sistema penal acusatorio, que es la presunción de inocencia.

La propuesta es muy sencilla. En el artículo 226, proponemos agregar: No podrá, bajo ningún motivo, proceder a la venta o disposición anticipada de los bienes, salvo las excepciones descritas en el artículo 228 del presente ordenamiento. Para proceder a la venta o disposición de los bienes, se tendrá que dar por terminado el proceso de extinción de dominio y acreditada la pérdida de posesión del bien por parte del propietario.

Y en el 228, los recursos. Un agregado a los incisos para decir: Los recursos que sean depositados en la cuenta especial no podrán ser dispuestos por la autoridad hasta que se dé por terminado el proceso y se confirme la extinción de dominio.

Como ustedes ven son reservas, propuestas que dan garantías y certezas a los ciudadanos que enfrenten posibles juicios de extinción de dominio en sus propiedades. Gracias, presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Mayoría por la negativa.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se desecha y se reserva para su votación nominal en términos del dictamen. Tiene la palabra, la diputada Tatiana Clouthier Carrillo, para presentar propuestas de modificación a los artículos 227 y 228.

La diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Con su venia, señora presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.

La diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Compañeros diputados y diputadas. Definitivamente hay motivos de júbilo porque estamos dando un paso importante para combatir la delincuencia, la delincuencia de cuello blanco, la delincuencia organizada, la corrupción, mediante la extinción de dominio, una herramienta que puede ayudar a que se avance en la justicia de nuestro país, sin embargo, como todo, tiene puntos y claroscuros que deberíamos de estar analizando y que deberíamos de estar tomando en cuenta.

Algunos de nuestros compañeros que nos han antecedido ya han nombrado algunas de estas vertientes que tienen puntos que tendríamos que estar analizando, que tendríamos que estar considerando y no porque venga esta propuesta del Senado ya aprobada por unanimidad, quiere decir que tienen o que tuvieron todos los ojos para vigilar los puntos y las comas y no se puedan equivocar.

Ya nos pasó al revés. Hace algunos meses cuando aprobamos nosotros aquí la Guardia Nacional, ellos fueron capaces de revisar, tomar acciones y corregir lo que nosotros no logramos ver en un primer momento.

Así las cosas, tengo la reserva hoy, junto con la diputada Lorena Villavicencio, que son producto de una preocupación legítima. Nuestro temor es que este instrumento que podría ser eficaz e incluso es esencial en la lucha contra el crimen, termine en la nada por imprecisiones legales.

La extinción de dominio tiene como fin último revertir el derecho de propiedad respecto de bienes mal habidos. Es decir, de sancionar a quienes hicieron de los bienes en contra de la ley.

La extinción de dominio es un mecanismo para castigar a la delincuencia donde más le duele. El dinero o los bienes. Sería no sólo injusto sino un engaño para el pueblo mexicano aprobar una herramienta que pudiese ser revertida en los tribunales.

Compañeras y compañeros legisladores, hay que decirlo con todas sus letras. La venta anticipada de un bien sujeto a la extinción de dominio dispuesta en el artículo 227 y 228, podría ser anticonstitucional.

El riesgo de aprobar el dictamen como está, es que la extinción de dominio sea inoperante al recurrir la figura de venta anticipada en los tribunales. La Constitución establece de manera clara en sus artículos 14 y 16 que ninguna persona puede ser privada de sus bienes sino mediante un juicio. A esto, compañeros, se le llama presunción de inocencia.

Hemos luchado muchísimo por esto y es parte de los grandes avances que hemos tenido en justicia en este país. En un Estado democrático no podemos meter reversa a este avance.

Lo que estamos aprobando en este dictamen, es dar al Estado una carta abierta para disponer de los bienes de una persona incluso sin que exista sentencia firme que muestre que el bien decomisado fue obtenido por actos ilícitos. Esto podría ser discrecional, y digo podría porque pudiese ponerlo como un acto de no justicia.

Lo que planteamos con estas dos reservas son simples cambios de palabra que acotarían la acción del Estado, y créanme, unas cuantas palabras pueden hacer la diferencia entre un acto justo y una acción odiosa, hasta una coma cambia el sentido de las cosas.

Pedimos que en el artículo 227 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio se reconozca el carácter excepcional de la venta anticipada. Para eso es imperativo cambiar el artículo 228 de esta ley. Por ejemplo el inciso c) de dicho artículo, dice que el Estado podrá vender anticipadamente cualquier bien por el transcurso del tiempo que pueda sufrir pérdida, merma o deterioro. Compañeros ¿qué cosa no se deteriora con el tiempo?

Otro ejemplo también grave podría ser el inciso d) del mismo artículo que cita: La venta anticipada procederá cuando a su administración o custodia resulte incosteable o causen perjuicio al erario.

Cualquier cuidado que se tenga que tener de algún bien mayor, requiere otro espacio adicional y eso le costará claramente al erario.

Este artículo lo que provocará en la práctica es que cualquier venta anticipada pudiese ser justificable y peor aún que la naturaleza de la extinción de dominio cambie de una herramienta para hacer justicia, a un modo de hacer negocio, todavía de los más poderosos o de que tienen al final de cuentas el poder de decidir.

Nuestras reservas no eliminan la posibilidad de realizar ventas anticipadas, simplemente buscan acotar la justificación.

Compañeros y compañeras legisladores, les pido que no olviden la razón que nos llevó a ocupar nuestras curules en esta Cámara, representar los intereses de los y las mexicanas como mayorías, y legislar para el beneficio de todos, pero en especial, de quienes tienen menos ventajas de conocer en muchos momentos la ley o de pagar a alguien que nos defienda. Cerremos la puerta a la arbitrariedad y a la injusticia. Es cuanto, señora presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admiten a discusión las propuestas de la diputada Clouthier Carrillo.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Mayoría por la negativa.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se desecha y se reserva para su votación nominal en términos del dictamen. Tiene la palabra el diputado Enrique Ochoa Reza, para presentar propuesta de modificación al artículo 228, inciso d).

La diputada Tatiana Clouthier Carrillo (desde la curul): Presidenta...

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: A ver, un momentito, diputada Clouthier. Micrófono, por favor en la curul de la diputada. Hasta acá no se escucha bien...

La diputada Tatiana Clouthier Carrillo (desde la curul): ... pero evidentemente no tuvo la capacidad de ver bien porque hubo mucho más manos alzadas para que se aprobara, que lo contrario. Entonces le pido rectifique, por favor, y si hay duda lo hagamos con tablero o vuelva a tener que contar.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Esta Presidencia no pone en duda la visión, la opinión de la secretaria, está dentro de sus facultades hacerlo, salvo que... Continúe, diputado Enrique Ochoa.

El diputado Enrique Ochoa Reza: Yo secundo la postura de la diputada Tatiana Clouthier, porque desde donde yo estaba, claramente se advertía que había la mayoría porque efectivamente se discutiera este tema, como ha ocurrido en otros casos.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Continúe con su intervención, diputado, esa no es su reserva...

El diputado Enrique Ochoa Reza: Sí, sí es mi reserva.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: ...y usted no es secretario para determinar facultades que no tiene. Continúe con su reserva.

El diputado Enrique Ochoa Reza: Diputada presidenta, pero de hecho sí es mi reserva, la reserva que propuso la diputada Clouthier es al artículo 228, y yo estoy inscrito, precisamente, y le pido a la secretaria que lea cuál es el artículo que voy a reservar.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Ya lo dicté, pero vuélvalo a decir, secretaria, ya que lo solicita el diputado Enrique Ochoa.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: “Artículo 228, dice: la venta anticipada de los bienes sujetos al proceso de extinción de dominio procederá en los siguientes casos...”. Queda de manera similar y nos vamos hasta el inciso d), que dice: que su administración o custodia resulten incosteables o causen perjuicios al erario. Y debe decir, que es la propuesta:

“Artículo 228. La venta anticipada de los bienes sujetos al proceso de extinción de dominio procederá en los siguientes casos...”.

Y donde el diputado propone su cambio, es inciso d), que su administración o custodia resulten incosteables o causen perjuicios al erario. Y lo que propone es: previa fundamentación y motivación de la autoridad administradora. Es cuanto.

El diputado Enrique Ochoa Reza: En consecuencia, efectivamente lo que estoy proponiendo es un cambio al artículo 228, y debemos de recordar algo. En nuestra Constitución está establecido que no puede haber una afectación patrimonial a ninguna persona, sin sentencia firme por autoridad judicial consecuente.

Este artículo y en general el paquete legislativo que se está discutiendo el día de hoy, debe de corregirse por esta soberanía para no afectar la presunción de inocencia, y para no afectar el patrimonio de las mexicanas y de los mexicanos que injustamente sean señalados, hasta que exista sentencia por autoridad jurisdiccional competente.

Esta es la oportunidad que tenemos como órgano legislativo para corregir un error que viene del Senado de la República. Por eso somos Cámara revisora, para revisar aquellos aspectos que en la Cámara de origen tuvieron error. Este es claramente uno de ellos.

Compañeras y compañeros, ejerzamos nuestra facultad legislativa con responsabilidad y protejamos a la ciudadanía de esta aberración jurídica. Es cuanto.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta del diputado.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Buenas tardes. En votación económica, se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación).

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Secretaria.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: No hay duda, le digo que qué bueno que permaneció aquí para que pueda ver el sentido del voto. Mayoría por la negativa, presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se desecha y se reserva para su votación nominal, en términos del dictamen.

Esta Presidencia recuerda al pleno que la Ley Orgánica del Congreso, en el artículo 25, numeral 1, inciso b), establece: Los secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara tendrán las atribuciones siguientes.

b) Comprobar el quórum de las sesiones del pleno. Llevar a cabo el cómputo y registro de las votaciones, y dar a conocer el resultado de estas. Es la única persona que puede dar a conocer el resultado.

Continuamos. Sigue la diputada María Alemán Muñoz Castillo, para presentar propuesta de modificación al artículo 229.

La diputada María Alemán Muñoz Castillo: Con su permiso, presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.

La diputada María Alemán Muñoz Castillo: Compañeras y compañeros, en el Grupo Parlamentario del PRI votamos a favor, porque queremos que el gobierno tenga más herramientas para brindarle justicia al pueblo mexicano. Pero es necesario advertir que la implementación de esos juzgados especializados que se plantean requerirán de recursos que no vemos que estén siendo considerados y que de no contemplarse solo serán letra muerta y un ornamento.

Por lo que esta reserva que presento tiene por objeto plantearles a qué podemos destinar el fondo que se creará con los recursos que generará la enajenación de los bienes que el Estado proceda a ejercer la extinción de dominio.

Les propongo que ese dinero de ese fondo se utilice, primero para reparar el daño que ha causado la delincuencia organizada a las víctimas en este país.

Compañeras y compañeros, utilicemos ese dinero para buscar modestamente reponer o reparar el daño a las mexicanas y a los mexicanos que han sufrido por la delincuencia organizada que vive en nuestro país.

Utilicemos ese dinero para combatir la inseguridad de nuestro país. Utilicemos ese fondo para combatir la delincuencia organizada que tiene a nuestro país a su merced. Es decir, si se retira el dominio de un rancho, por ejemplo de un narcotraficante, que ese dinero que genere la venta del rancho se invierta en combatir el narcotráfico y la violencia que todos los días cobra vidas en este país.

Un ejemplo de lo que tendríamos que hacer con el dinero que se recabe por estas ventas, es lo que sucedió en mi estado en el rancho La Muralla, que fue incautado por el gobierno, por la PGR a un narcotraficante colombiano, alias El Conejo, y donde hoy en día se instituyó o se convirtió en el Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial, que está inspirado en la Academia del FBI, y que yo invito a que se hiciera o se conformara una comitiva de diputadas y de diputados, de todas las fuerzas políticas, para que pudiéramos ir a constatar en lo que se convirtió esa propiedad y esa propiedad hoy sirve para capacitar y para traducir el recurso en un combate directo y frontal a la delincuencia de nuestro país.

Invertir el dinero del fondo en la seguridad de las mexicanas y de los mexicanos, es invertirlo indistintamente para todos, no para unos cuantos, no para los que más tienen, no para los que menos tienen, sino de manera igualitaria, para que no haya mexicanos de primera y mexicanos de segunda.

¿Por qué? Porque la inseguridad, compañeros, no distingue, no distingue entre ricos y pobres, no distingue entre chairos y fifís, como ustedes dirían.

Apenas recibimos la noticia que el día de ayer aquí, en la capital de nuestro país, hubo una balacera a plena luz del día en una de las plazas más visitadas de la capital. Todos estamos expuestos a la situación, a la grave crisis de inseguridad que vivimos.

Por eso propongo que este fondo se utilice para combatir la inseguridad y que generemos condiciones para que las mexicanas y los mexicanos puedan salir adelante con su propio esfuerzo, con su talante, con su talento.

Finalmente, propongo invertir el dinero de este fondo en la especialización de los órganos jurisdiccionales y las fiscalías encargadas para los procesos de extinción de dominio, porque, como lo comenté al inicio, ustedes no están contemplando este recurso y de otra forma solamente será letra muerta.

Necesitamos convertir a nuestro país en pionero, en excelente en este tema. Necesitamos a las mejores y a los mejores, para hacer frente a la injusticia, para poder impartirle al pueblo mexicano justicia y por ello propongo esta reserva. Es cuanto, presidenta, muchas gracias.

La presidenta diputada Dolores Padierna Luna: Gracias. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Sí, señora presidenta. En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Mayoría por la negativa, presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se desecha y se reserva para su votación nominal en términos del dictamen. Tiene la palabra la diputada María Guadalupe Almaguer Pardo, para presentar propuesta de modificación al artículo 229.

La diputada Ma. Guadalupe Almaguer Pardo: Con su venia, diputada presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.

La diputada Ma. Guadalupe Almaguer Pardo: Con este decreto se está violando el principio constitucional de la división de Poderes, al invadir atribuciones constitucionales del Poder Legislativo. A ustedes sí les gusta ser florero, de respetar lo aprobado del Presupuesto de Egresos de la Federación y violentando lo muy recientemente logrado en la historia de México, que se refiere a transparencia y rendición de cuentas.

En específico, este artículo al darle la responsabilidad al gabinete social de la Presidencia de la República, la decisión del destino de los recursos y distribuirlo a las políticas públicas prioritarias y programas sociales implica un grave retroceso, retorno al oscurantismo, al uso discrecional de los recursos que tanto hemos y que tanto decimos pelear por erradicar.

Esta forma de disponer arbitrariamente de los dineros y continuar con la política de generar programas sociales, clientelares y electoreros, que en nada sirven y han servido, evidentemente, para erradicar la pobreza de este país.

Trabajar para combatir la corrupción de gobiernos anteriores y gobernar con justicia para el pueblo bueno, son justificaciones mediáticas para efectos políticos y sociales. Sobre todo, por la premura de dar resultados antes de que concluya su primer año de gobierno.

Esta forma de abusar de la legitimidad presidencial ha llevado al extremo, arriesga la estabilidad del sistema constitucional, pues quebranta los principios fundamentales de legalidad y división de Poderes.

Estas formas arbitrarias han provocado un daño estructural en las instituciones, por lo que pondrá en riesgo la democracia y lo que nos queda de República.

La ausencia de balances y contrapesos de un gobierno, de este gobierno, lo ha empoderado para legislar y derogar de facto disposiciones constitucionales y legales de manera unilateral y arbitraria con simples memorándums, sin respetar el procedimiento legislativo establecido en la Constitución.

No se debe permitir, por ningún motivo, que el actual presidente ni ningún otro presidente tome decisiones unilaterales, violentando la Constitución y las atribuciones de los Poderes Legislativo y Judicial.

No se trata de darle el voto de confianza a su palabra, se trata de cumplir las reglas para que todo procedimiento sea legal y transparente. Y como legisladores, nos toca reglamentar que estas disposiciones sean ley y se mantengan en la ley para este y cualquier presidente que venga.

La experiencia nacional e internacional demuestra que apartarse de las reglas constitucionales deriva en violaciones de derechos humanos. Como, por ejemplo, podemos convocar, corroborar lo invocado con frecuencia en las mañaneras. Descalifica a sus adversarios, así como puede ser la prensa que lo critica, o las organizaciones sociales, o los pobladores que se manifiestan por consultas legítimas. Los despojan del territorio en beneficio de intereses particulares económicos.

El actual presidente está obligado a respetar los derechos humanos, fuera de su moralómetro, corruptómetro y fifitómetro que, por cierto, están descompuestos. El respeto institucional es una condición del Estado de derecho.

El autoritarismo de López Obrador no puede instituirse como modelo rector del gobierno. El orden constitucional es garantía de seguridad jurídica.

El presidente y los partidos aliados deben actuar en el marco de sus facultades y el respeto de los derechos. La democracia y cualquiera de los tres Poderes implican el respeto a nuestra Constitución.

Actuar en sentido contrario garantizará el desgobierno de su gobierno, lo que impactará negativamente a todas y a todos los mexicanos.

Compañeras y compañeros, cumplamos con nuestro deber, responsabilidades y legislemos para México, no para el presidente. Si dejamos leyes mal hechas estaremos provocando problemas de gobernabilidad. No puede hoy día demostrar que las políticas públicas, los problemas sociales, son eficientes. Estamos estancados, no tenemos crecimiento, ni mucho menos tenemos desarrollo.

Seamos responsables, compañeros. Seamos responsables y votemos aquí en contra de esta arbitrariedad y de este abuso que violenta derechos humanos y da poder prácticamente absoluto, político y económico a un hombre desde la Presidencia de la República. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión, pues no sé si el discurso o no, no hizo ninguna propuesta, pero al menos el artículo 229.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Sí, señora presidenta. En votación económica, se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Mayoría por la negativa, presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se desecha y se reserva para su votación nominal en términos del dictamen. Comunico que el diputado Ricardo Villarreal García, ha solicitado que su intervención a la reserva del artículo 233 quede plasmada íntegra en el Diario de los Debates. Tiene la palabra la diputada Lourdes Erika Sánchez Martínez, para presentar propuesta de modificación al artículo 238.

La diputada Lourdes Erika Sánchez Martínez: Con la venia de la Presidencia.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.

La diputada Lourdes Erika Sánchez Martínez: Hoy nos encontramos en un momento  histórico de esta Cámara de Diputados, en el que hemos decidido hacer frente de manera firme a la corrupción y a la delincuencia organizada, mediante la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Sin embargo, es necesario que esta ley se encuentre enmarcada con base en la legalidad, los derechos humanos y el derecho irrestricto a la propiedad privada. Como legisladores, no podemos permitir que un procedimiento, como lo es la extinción de dominio, atente contra los derechos que he mencionado.

Esta reserva busca generar el marco más amplio de derechos para que cada mexicano que se enfrente al procedimiento de su extinción de dominio, cuente con las garantías de que su patrimonio será tratado conforme a derecho y en caso de que la sentencia falle a su favor, tenga la certeza de que su patrimonio será restituido de manera íntegra, por lo cual el Estado mexicano debe asumir las cargas económicas de dicho procedimiento cuando este no esté a su favor, puesto que fue despojado de manera injusta de sus bienes por una aplicación errónea de la ley.

Es por ello que me permito presentar esta reserva al artículo 238 de dicha ley en donde propongo eliminar la frase menos los gastos de administración que correspondan, ya que en caso de restitución del bien sujeto al proceso de extinción de dominio mediante sentencia firme, la persona afectada no debe pagar bajo ninguna circunstancia los gastos de administración que correspondan al manejo del bien, ya que en caso contrario no se estaría reparando el daño causado al afectado por la venta del bien de manera anticipada.

También propongo la modificación de la frase del aseguramiento por el de su restitución, ya que es a sabiendas de todos que la fluctuación del valor que sufren los bienes muebles e inmuebles tanto en catastro como en el valor de mercados, por lo cual el pago debe ser calculado con el valor actual del bien al momento de la restitución.

México cuenta con una larga tradición de libertad y que pondera la conquista por la consolidación de la propiedad privada. No nos podemos permitir retroceder ni un paso atrás.

El Grupo Parlamentario del PRI siempre buscará que las leyes se construyan con la protección más amplia a los derechos humanos, por lo que buscamos que esta ley se encuentre libre de vicios y ayude a construir un México democrático y cada vez más justo para todas y para todos.

Por lo anterior expuesto, pongo a la consideración de esta soberanía el artículo 238 de la ley para garantizar el correcto manejo del patrimonio de las personas que se enfrenten a este procedimiento. Es cuanto.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Consulte la Secretaría en votación económica si se admite a discusión la propuesta de la diputada.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Mayoría por la negativa, presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se desecha y se reserva para su votación nominal en términos del dictamen.