La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Y a continuación, concedemos el uso de la voz, hasta por cinco minutos, a la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para la presentación de iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3o. y 4o. de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Adelante, diputada.

La diputada Mirza Flores Gómez: Presidenta, muchas gracias. Con su permiso. Muy buenas tardes estimadas compañeras diputadas, compañeros diputados. Esta tarde vengo a presentar una iniciativa que viene a complementar muchas de las que ya he venido presentando durante este periodo y los anteriores, que es en relación al derecho de las personas a tener vivienda digna y adecuada.

El derecho a una vivienda digna y adecuada es un derecho humano, reconocido en la normativa internacional de los derechos humanos, como elemento integrante al derecho al nivel de vida adecuado. El derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado, no solamente para sí, sino también para su familia, lo incluye también la alimentación, vestido y vivienda, y a una mejora continua de las condiciones de existencia.

Para tener una vivienda digna debieran de contemplarse elementos como la seguridad de la tenencia, disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura, asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad, ubicación y adecuación cultural para que esto tenga una consolidación.

Asimismo, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un criterio que es del derecho fundamental a una vivienda digna y decorosa. Su contenido no se agota solamente a la infraestructura básica, también debe comprender el acceso a los servicios públicos básicos como lo son la salud, la seguridad y otros servicios sociales como son los de emergencia –tal cual–, hospitales, clínicas, escuelas, así como prohibición de establecer lugares contaminados o de proximidad inmediata a fuentes de contaminación.

Si no estamos cumpliendo bajo estos criterios los asentamientos humanos y la vivienda que el Estado proporciona, o los permisos que el Estado proporciona, pues entonces el Estado no está cumpliendo con su obligación de proporcionar las condiciones para la vivienda digna a sus gobernados.

Sin embargo, en la actualidad el término vivienda digna y decorosa está cayendo en desuso. La dinámica social exige un compromiso mucho más fuerte por parte del Estado y de otros particulares frente al derecho a un medio ambiente sano.

¿Cómo combinamos vivienda digna con medio ambiente sano, y sobre todo que la vivienda establecimiento de asentamientos urbanos no implique ir en detrimento de los derechos de las futuras generaciones? El desarrollo sostenible trata de lograr de manera equilibrada el desarrollo económico, el desarrollo social, y sobre todo con esto la protección al medio ambiente.

En México actualmente existen 115 edificios certificados bajo el sello LEED. México con esto ocupa el segundo lugar después de Brasil en el número de edificios certificados, pero ahí no debe de parar el trabajo que se esté haciendo, porque si bien es cierto se concentran esfuerzos para certificar ciertos edificios pero el resto de la población sigue sin ser atendida en esta política pública de vivienda, porque solamente se utilizan como evaluación y no como normas obligatorias debido a que la disposición voluntaria pretende inducir a la planeación.

Es una invitación, cuando lo que debemos de hacer es obligar a quienes se encargan de construir las unidades de vivienda en este país debieran de sujetarse a normas que sean inflexibles para que vayan en combinación con el medio ambiente, pero sobre todo, a que estos asentamientos humanos tengan acceso a servicios públicos.

Y esto lo digo porque en el distrito, como muestra un botón, en el distrito que tengo el honor de representar, se han autorizado por administraciones pasadas y corruptas, una serie de unidades habitacionales en donde no se garantizó que tuvieran acceso a ningún tipo de servicio los habitantes de esa zona. Y todo esto se puede concentrar específicamente al corredor habitacional de la carretera a Colotlán.

Quienes son de allá saben a qué me estoy refiriendo, saben de quién les estoy hablando y cómo las administraciones corruptas dejaron de herencia a quienes con muchos sacrificios, esfuerzos, adquirieron su vivienda en esa parte de la ciudad, los dejaron viviendo en condiciones vulnerables, ni siquiera transporte público digno para que los saque de ese lugar a sus trabajos o a las escuelas.

Esto también va en coordinación con la agenda internacional que aquí también he venido exponiendo, que es la de la vivienda no solamente digna, sino que esta vivienda digna esté de acuerdo con el Acuerdo Internacional que México firmo en Sendai en marzo del 2015, en donde incluye los conceptos de reducción de riesgos para casos de desastre, y de reconstruir mejor.

Si tuviéramos en claro la obligatoriedad y la responsabilidad de que al momento de construir la vivienda en cualquier lugar de este país se hiciera bajo el criterio de la reducción de riesgos para casos de desastre, no viviríamos las tragedias que se presentan ante los embates de la naturaleza como fueron los temblores en este caso del 7 y 19 de septiembre que dejaron a su paso desastres en  las viviendas y en la forma de vida de la gente, no solamente se pierde la vida que es lo más valioso y es insustituible, se pierde la dignidad del acceso a la vivienda porque las personas pierden su patrimonio.

Debemos de generar obligatoriedad en los marcos y en las normas de construcción, que estas estén alineadas a las agendas internacionales que son la de proteger la vida y la integridad de las personas, pero también prepararnos y prevenirnos para que la recuperación ante los desastres naturales, no implique tantas pérdidas humanas ni tantas pérdidas económicas. Muchas gracias y buenas tardes.

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.