La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Está a discusión en lo general. Para este debate fueron registrados para hablar en contra y a favor. Le daremos primero la palabra para hablar en contra al diputado Antonio Ortega Martínez, del PRD.

El diputado Antonio Ortega Martínez: Gracias, presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.

El diputado Antonio Ortega Martínez: Compañeras y compañeros diputados, no logro entender por qué razón oradores del bloque opositor vienen a hablar en contra en lo general de la iniciativa, pero sabemos que van a votarla a favor en unos cuantos minutos más.

Parecería que la trampa que hay detrás de los nombres de estas iniciativas, de estos proyectos, de las intenciones como aquí se dijo de populismo legislativo, calan hondamente.

Entre los pasillos se dice que en el PAN están quizá los abogados más destacados de la Cámara, diputados abogados más destacados de la Cámara. Se dice que en el PRI hay diputados experimentados y abogados, y no lograron localizar lo que hay en la ley, el crimen ha acumulado grandes fortunas, mismas que en un proceso judicial al día de hoy es muy difícil recuperarlas para el beneficio de la sociedad.

Somos conscientes de que la actual ley federal es una norma que poco o nada ayuda en el proceso de aseguramiento y disposición de los bienes, producto de actividades ilícitas. Durante 10 años hemos tenido en vigencia una ley federal que reglamentaba al artículo 22 constitucional, en materia de extinción de dominio, dicha ley es muy difícil de aplicar, de tal forma de que muchos de los casos los terminaba perdiendo el Estado.

Giovanni Falcone, famoso por los acertados golpes que logró dar a la mafia italiana, ha dicho que hombres en la delincuencia van y vienen, que la verdadera fuerza es el dinero y que este puede caminar con otras piernas. Por eso, se muestra necesario perfeccionar nuestro marco jurídico para lograr debilitar financieramente al crimen.

La minuta que hoy se presenta pretende ese esfuerzo, lograr certeza en los procesos de aseguramiento y extinción. Este fin se logra con un articulado que permite que desde el inicio de la investigación se puedan asegurar los bienes del indiciado, protegiendo los mismos del dispendió y derroche por parte del acusado. El fin se logra, pero en contra también de garantías individuales de los indiciados.

Ya lo dijimos, con modificaciones al Catálogo Federal de Delitos, esta ley lejos de ayudar a arreglar el problema, dejan más vacíos y vulnera totalmente las garantías individuales, pero el aseguramiento sin garantía de retorno en caso de no comprobar culpabilidad vulnera garantías.

El artículo 227 de la ley que hoy se pretende aprobar expresa que la autoridad administradora podrá proceder a la venta o disposición anticipada de los bienes sujetos a proceso de extinción de dominio, con excepción de los que las autoridades consideren objeto de prueba que imposibiliten ese destino, lo que significa que si un juez accede a la petición del Ministerio Público, de aseguramiento como medida cautelar, estos bienes pueden ser enajenados o puestos a disposición de dependencias federales para su aprovechamiento sin aún haber comprobado la culpabilidad del acusado. Violaciones gravísimas a garantías individuales.

Existen dos principios en la impartición de justicia: el principio de presunción de inocencia y el de la certidumbre jurídica y esta ley los vulnera, los debilita de manera flagrante.

Partimos de que, en México, con el actual Ministerio Público y con los mecanismos que se han expuesto a lo largo de muchos años, que una persona es inocente hasta que la falta de dinero y poder demuestren lo contrario.

Y es cierto, las personas afectadas serán aquellas que no tengan los recursos para defenderse. Hablamos de agricultores y ejidatarios que podrán perder sus tierras o viviendas arrendadas que habían sido usadas por el crimen organizado. Hablamos de personas que pueden convertirse en carne de cañón del crimen, no del verdadero delincuente.

Compañeras y compañeros, no caigamos una vez más en las trampas de esta transformación de cuarta. Ni en tiempos de guerra habíamos tenido leyes tan inhumanas y abandonadas a la Constitución.

Compañeros, ¿cuántas veces en nuestros grupos parlamentarios dudamos de la Ley de Remuneraciones? ¿Cómo votarla? De la Ley de Austeridad, ¿cómo votarla?

Bajo una razón vamos a vernos mal ante los ciudadanos votando estas leyes. ¿Y cuál ha sido la consecuencia? Leyes con amparo, leyes que la Corte las tira, leyes que no están sirviendo para resolver de fondo el problema.

No es populismo decir que esta inicialmente fue llamada la ley Robín Hood. Después se dijo y se ha insistido que esta es la ley para devolver al pueblo lo robado. Es populismo lo que hay detrás. Un llamado al bloque opositor a que revisen el sentido de su voto. Gracias, presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputado. Para hablar a favor tiene la palabra el diputado Jorge Arturo Espadas Galván, del PAN.

El diputado Jorge Arturo Espadas Galván: Muy buenas tardes. Con el permiso de la Presidencia.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante, diputado.

El diputado Jorge Arturo Espadas Galván: Gracias, presidenta. Compañeras, compañeros diputados, diputadas. El día de hoy tenemos la aprobación de una Ley de Extinción de Dominio, una ley que busca cortar el flujo económico de aquellas personas que se dedican a delinquir, que han hecho de la delincuencia su modus vivendi. Y esta ley procura, entre otras cosas, el poder retirar los bienes que han sido o han tenido que ver con el delito y hacerlos parte del erario. Esto es importante y es fundamental para el combate a la inseguridad que hoy vive nuestro país, una inseguridad creciente que les boda la tranquilidad a las mexicanas y a los mexicanos.

Consideramos en Acción Nacional como una estrategia adecuada el cortar los vínculos o los lazos económicos, la fortaleza económica de quienes se dedican a delinquir. Es por ello que estamos a favor de la presente ley, sin embargo, es importante resaltar que esta norma debe ser tan cuidada que nos permita en lo mayor posible garantizar la eficacia.

En unos momentos más entraremos a la discusión en lo particular, donde las diputadas y los diputados de Acción Nacional propondrán una serie de ajustes que permiten garantizar de mejor manera la eficacia de esta ley.

Necesitamos una Ley de Extinción de Dominio que permita eficazmente retirar los bienes a la delincuencia, que no deje salidas a los delincuentes para que se escapen en la vía procesal y no les sean retirados sus bienes. Una vía que es de derecho público, por mucho que en la Constitución se establezca que es una cuestión civil.

La extinción de dominio es un tema de derecho público, donde no hay un equilibrio entre las partes. Tan no hay un equilibrio entre las partes que el Estado, a través de la Fiscalía, como viene el dictamen, puede decidir sobre la enajenación de los bienes, aun sin terminar el proceso, con algunas reglas específicas. Pero esto en una vía civil, donde hay dos partes iguales no se da. Aquí no hay un equilibrio procesal.

Por eso es tan importante escuchar las reservas, discutirlas y analizarlas. Porque todos aquí estamos de acuerdo en que esta ley debe fortalecer al Estado mexicano. Y con el Estado mexicano me refiero a las entidades federativas, a los municipios y a la federación. Y darles a las fiscalías una herramienta que les permita eficazmente retirar bienes de la delincuencia.

Si nosotros generamos una norma que tenga errores o que tenga algunos aspectos donde el delincuente puede evadir esta extinción de dominio, pues menudo favor le estamos haciendo a México si no dotamos del instrumento jurídico correcto.

Por eso es fundamental que las reservas que se presentarán, estoy seguro, por diferentes grupos parlamentarios, por las diputadas y los diputados. Sean escuchadas, sean debatidas, que tengamos apertura para buscar lo que es mejor para México, la norma jurídica que necesita este país.

Este es un buen dictamen, sin duda alguna, por eso estamos a favor. Es un dictamen que busca un objetivo que todos tenemos, todas las mexicanas y mexicanos de bien, que es combatir la delincuencia, combatir la inseguridad y buscar que nuestras familias vivan con tranquilidad.

Por ello es fundamental que seamos perceptivos, que escuchemos, que le abonemos a un ánimo de construcción y ajustemos los pequeños detalles o grandes detalles, según la perspectiva de cada una o cada uno de nosotros, que hagan mejor esta norma. En la inseguridad, urge resolverla, no la vamos a acabar con esta ley. Sin embargo es una herramienta más que va a permitir su combate, vamos por un combate eficaz.

Por eso la invitación, diputadas, diputados, a votar a favor este dictamen en lo general y a escuchar y debatir, admitir a discusión las reservas en lo particular. No les neguemos esa posibilidad a las familias mexicanas, no le neguemos esa oportunidad a la Fiscalía General de la República, a las fiscalías estatales, para que puedan ejercer de manera eficiente y eficaz las acciones de extinción de dominio.

Espero que seamos perceptivos, que mejoremos esta ley y esperemos que la discusión en lo particular se dé, de manera puntual, por todas y todos los legisladores. Por su atención, muchísimas gracias.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias a usted, diputado. Nos acompañan en esta Cámara, jóvenes integrantes de la Fundación Tepito Maracaná, invitados por la diputada María Rosete y la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra. Muchísimas gracias por su visita y sean bienvenidas, bienvenidos.

En el uso de la palabra, el diputado Eudoxio Morales Flores, del Partido Encuentro Social.

El diputado Eudoxio Morales Flores: Con el permiso de la Presidencia.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.

El diputado Eudoxio Morales Flores: Compañeras diputadas y compañeros diputados. Hoy tenemos la gran oportunidad de modernizar los mecanismos legales de extinción de dominio que datan del 2008, los cuales no dieron los resultados esperados.

En este sentido, la Ley Nacional de Extinción de Dominio que estamos discutiendo el día de hoy, tiene como objetivo principal dotar a las autoridades competentes de una figura procesal jurisdiccional, más ágil, transparente y eficaz, con la finalidad de desmantelar las estructuras financieras de la delincuencia organizada.

En Encuentro Social apoyamos las grandes transformaciones que están sucediendo en nuestro país. Consideramos que al garantizar el Estado de derecho estamos dando un paso firme a favorecer la gobernabilidad que México necesita.

Apoyamos la creación de la Ley Nacional de Extinción de Dominio porque estamos convencidos de que fortalecerá la certeza legal y la confianza entre la sociedad y los servidores públicos dando paso al desarrollo, al crecimiento y al bienestar social. El procedimiento de extinción de dominio lo ejercitará el Ministerio Público, por lo que será un mecanismo jurisdiccional de naturaleza civil y autónoma en materia penal.

Incluye mecanismos para que las autoridades correspondientes administren los bienes que están en proceso de extinción de dominio. Estos bienes pueden ser producto de rendimientos, frutos y accesorios donde la autoridad podrá llevar a cabo a través de procedimientos o disposición, uso, usufructo, enajenación y monetización, atendiendo al interés general de la población. Es decir, al bienestar social.

En caso de restitución de bienes, la autoridad tendrá como principal objetivo salvaguardar el patrimonio del sujeto en proceso ya sea los bienes o en monetario, para que no sufra menoscabo alguno.

Por ello la ley tendrá todos los elementos jurídicos necesarios para que las autoridades puedan utilizar criterios de oportunidad para decidir el destino y destrucción de los bienes sujetos al proceso de extinción de dominio.

La Ley Nacional de Extinción de Dominio está en concordancia con la Convención de las Naciones Unidas en contra de la delincuencia organizada trasnacional, la corrupción, el tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias sicotrópicas y demás instrumentos que regula el decomiso. Esta ley tendrá beneficios que fortalecerán la política social que disminuirá la inseguridad, dará certeza a las instituciones y seguridad a la población.

En Encuentro Social nos pronunciamos por el fortalecimiento del Estado de derecho a través de la construcción de mecanismos y procedimientos legales con estándares internacionales que contribuyan a desmantelar las estructuras financieras de la delincuencia organizada, combatir la inseguridad y abonar el bienestar social de las familias en México.

Por ello votaremos a favor del presente dictamen, además de cumplir con el mandato constitucional que señala el decreto por el que se reforman o se reformaron los artículos 22 y la fracción XXX del artículo 73 de nuestra Constitución. Es cuanto, señora presidenta, muchas gracias.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias a usted, diputado. En el uso de la palabra el diputado Vicente Onofre Vázquez, de Morena.

El diputado Vicente Alberto Onofre Vázquez: Muchas gracias. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, con sobrada razón el presidente Andrés Manuel López Obrador rememorando a José Martí dijo “Los seres humanos necesitan bienestar, pero no sólo de pan vive el hombre. Para alcanzar la felicidad se requiere bienestar material y el bienestar del alma”.

Combatir la inseguridad, la corrupción y la impunidad, significa regresarles a millones de familias el bienestar y la tranquilidad en México.

Bienestar que aún esos tiempos no tenemos. Diez años llevamos de la antigua ley, de esta ley, pero han sido 10 años de abusos, de corrupción, donde lo confiscado es vagamente y vergonzante y ridículamente lo que se le ha confiscado y se le ha quitado a los maleantes.

El bienestar y la tranquilidad de los mexicanos es la prioridad del Ejecutivo federal, y por supuesto del Grupo Parlamentario de Morena. Por ello adelanto que votaremos a favor el dictamen a discusión.

Un elemento fundamental de la estrategia para combatir la delincuencia es recuperar las ganancias y bienes generados ilegalmente por los delincuentes, para resarcir así los daños a las víctimas y regresarle al pueblo a través de los programas sociales, lo que por décadas se les ha negado y se les ha robado.

Por ello con la nueva legislación propuesta, les quitaremos a los delincuentes y funcionarios corruptos el dinero y los bienes mal habidos, producto de los actos ilícitos que más lastiman a la sociedad.

Para darnos una idea, compañeras y compañeros de la magnitud del problema, se calcula que las ganancias por el narcotráfico en México, son aproximadamente de 600 mil millones de pesos cada año. Esa cifra equivale a casi 4 veces el costo de la refinería Dos Bocas, a más de cuatro veces el costo de las pensiones de un año para 8 millones de adultos mayores, y un millón de niños con discapacidad, y a casi el 65 por ciento de las participaciones federales para estados y municipios.

Es claro que la Ley Federal de Extinción de Dominio vigente, es totalmente ineficaz porque no tiene verdaderos mecanismos para detener las operaciones de la delincuencia organizada.

La ineficacia de la norma jurídica aunada a la omisión de los funcionarios públicos ha tenido como resultado una galopante impunidad que ha impedido la recuperación del dinero y de los bienes que son producto de actos delictivos.

Por eso, la nueva Ley de Extinción de Dominio tiene como característica principal la eficacia para desarticular la estructura financiera de las organizaciones delictivas, además amplia y fortalece la figura jurídica de extinción de dominio, a la cual están sujetos los delitos establecidos en el artículo 22 constitucional: delincuencia organizada, secuestro, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, delitos contra la salud, trata de personas, delitos por hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, robo de vehículos, operaciones con recursos de procedencia ilícita y extorsión.

Los beneficios de la Ley Nacional de Extinción de Dominio Público son muy claros:

Primero, se crea a una ley homogénea a nivel nacional, que estandariza procedimientos, cierra el paso a la discrecionalidad y subsana lagunas legales, evitando resquicios que den paso a la corrupción y a la impunidad.

Segundo, dota de herramientas eficientes a las autoridades para contrarrestar las actividades de la delincuencia organizada.

Tercero, establece procedimientos que respetan el debido proceso otorgando certeza jurídica a la ciudadanía.

Cuarto, destinan los recursos de procedencia ilícita a la reparación del daño causado a las víctimas del delito, así como a sus programas sociales.

Quinto, asegura la transparencia y rendición de cuentas por medio de un registro público donde serán inscritos los bienes, las demandas y las sentencias relativas a la extinción de dominio.

En síntesis, compañeras y compañeros, con esta nueva ley serán más eficiente y eficaces las acciones de las autoridades.

Por fin daremos a los delincuentes donde más les duele, su patrimonio mal habido, duro contra los delincuentes y criminales y, por supuesto, contra los funcionarios corruptos.

Diez años llevamos sin recuperar nada, diez años llevamos en la ambigüedad, y hoy nos quejamos porque esta nueva ley, y nos hacemos muchas reservas para poderla aprobar. Yo creo que los mexicanos nos merecemos esto y más. Es cuanto, señora presidenta, muchas gracias.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. En el uso de la palabra, el diputado Luis Enrique Martínez Ventura.

En tanto llega la a tribuna, damos la bienvenida a jóvenes del distrito VIII del estado de Guanajuato, invitados por el diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas.  Sean ustedes bienvenidos. Adelante.

El diputado Luis Enrique Martínez Ventura: Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo acudo a esta tribuna para hablar a favor del dictamen que nos presentan las Comisiones Unidas de Gobernación, de Justicia.

En el dictamen se propone la expedición de la Ley Nacional de Extinción de Dominio y modificaciones a otras cuatro leyes. Debemos tener presente que la reforma constitucional al artículo 22, publicada el 14 de marzo del presente año en el Diario Oficial de la Federación, en el párrafo tercero de dicho artículo se estableció que el procedimiento para llegar a decretarse la extinción de dominio sería de naturaleza civil y autónoma del proceso penal, e inicia mediante la presunción de que los bienes de algún delincuente no tienen origen lícito.

Una de las grandes demandas de la población mexicana es que se resuelva la inseguridad y que se combata de manera eficaz a las organizaciones delictivas. En principio así debe ser, y corresponderá a los jueces penales determinar la responsabilidad que derive de la comisión del delito.

Nos interesa destacar en este paquete de cinco leyes la existencia del denominado gabinete social, que tendrá la importante responsabilidad de determinar el destino de los bienes que se le quiten a la delincuencia, y cuya finalidad será paliar las graves desigualdades que existen en el país.

Todos aquellos bienes en los cuales se aplique la extinción de dominio serán monetizados y sus recursos destinados al beneficio de sectores económicos en situación de marginación.

También el artículo 3o. del presente dictamen, y que se refiere a la modificación de la vigente Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, entre las que destaca la naturaleza jurídica del órgano al cual se define en el artículo 76 como un organismo público descentralizado de la administración pública federal, y entre cuyas atribuciones destaca la monetización de los bienes que se le transfieran.

En el caso del artículo 5o., que se refiere a las reformas de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, destaca la reforma al artículo 32, donde se establecen las atribuciones de la Secretaría del Bienestar y la reforma a la fracción XXII, para dar a la o al titular de esta dependencia facultad de ser secretario ejecutivo del gabinete social.

De igual forma es relevante la adición al artículo 44 Bis, donde se dispone la existencia e integración del gabinete social y del que forman parte el presidente de la República, quien lo preside, cinco secretarios de Estado y cinco directores de organismos. La atribución fundamental de ese gabinete social es proponer, definir y supervisar pautas, criterios, planes, programas y proyectos para la asignación o transferencia de un bien extinto a un fin de interés público.

Compañeras y compañeros legisladores, con la aprobación de este dictamen que contiene cinco leyes, se da cumplimiento a la palabra presidencial de devolver al pueblo lo robado. La sociedad mexicana tiene la garantía de que la figura de extinción de dominio solo podrá ser aplicada a cualquiera de los 11 delitos previstos en el párrafo cuarto del artículo 22 constitucional.

Es necesario que quienes integran las organizaciones delictivas sepan que si siguen delinquiendo serán encarcelados, pero también desposeídos de los bienes que ilícitamente han obtenido.

En México delinquir ya no será un negocio, y esto aplica tanto para ciudadanos como para autoridades que se han enriquecido a través de actos de corrupción y a los cuales se les aplicará esta novedosa figura.

Sabemos que no hay una ley que sea perfecta de origen. Todas se pueden y se deben perfeccionar en el camino. La dinámica social impone día con día nuevos retos que es necesario atender.

Hoy, como integrantes de esta legislatura nos corresponde discutirla y tomar la decisión que corresponda, y en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo estaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputado. En el uso de la palabra la diputada Martha Tagle Martínez, de Movimiento Ciudadano.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Desde su lugar, diputado Gerardo Fernández Noroña, ¿con qué objetivo pide usted la palabra?

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Perdón, perdón la interrupción, diputada presidenta, es que me acabo de enterar que un funcionario de Servicios Parlamentarios, con 28 años de servicio, Rubén Resillas, ha renunciado a su responsabilidad, producto de presiones. Lamento mucho la salida del funcionario y quería manifestarlo. Me parece que nosotros deberíamos cuidar a quien tiene experiencia en el ámbito parlamentario y no quería dejar de señalarlo en esta sesión. Le agradezco mucho.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: No es el tema, pero no fue por presiones, hay todo un razonamiento de ese motivo. Adelante, diputada Martha Tagle.

La diputada Martha Tagle Martínez: Gracias, presidenta. La debilidad institucional a consecuencia de los altos índices de impunidad y corrupción han sido un coctel letal para las y los mexicanos.

Desde 2008 comenzamos a trazar los derroteros que hicieran posible debilitar a la delincuencia organizada, uno de ellos fue la reforma al artículo 22 constitucional, en materia de extinción de dominio.

Con la reforma publicada el 14 de marzo del presente año, el Congreso de la Unión estableció que la acción de extinción de dominio se ejercitará por el Ministerio Público a través de un procedimiento jurisdiccional, de naturaleza civil y autónoma del penal.

El dictamen a la minuta que se presenta el día de hoy, la ley reglamentaria del artículo 22 constitucional, es un esfuerzo más por parte del Estado mexicano para debilitar la estructura operacional, financiera y patrimonial de la delincuencia organizada, mediante la pérdida de los derechos en relación a los bienes, cuya legítima procedencia no pueda acreditarse o que sea instrumento, objeto o producto de hechos ilícitos.

Refuerza la autonomía de los procedimientos de naturaleza civil y penal, poniendo énfasis en que la extinción de dominio. No es una sanción a la conducta delictiva de la persona, sino la causa, origen y bien y el uso del bien, dueño o propietario.

En Movimiento Ciudadanos estamos a favor de una legislación a seguir, que permita al Estado la acción de nulidad cuando el origen de los bienes es ilícito, obteniendo, en consecuencia, la posesión de los bienes que presenten un interés económico y que sean generadores de beneficios económicos y de utilidad para la sociedad, al tiempo de garantizar los derechos patrimoniales de las personas propietarias o poseedoras de buena fe de los bienes, descartando toda práctica o procedimiento arbitrario que vaya en detrimento o menoscabo de su patrimonio.

Y esta es una de las principales reservas que tenemos en Movimiento Ciudadano, pues nos parece que como en muchos otros ordenamientos, los más débiles ante la ley serán quienes no tengan medios de defensa, por carecer de los recursos para defenderse y/o porque también sean víctimas del delito del cuál deriva la extinción de dominio.

Una persona propietaria, cuyo derecho está respaldado por el artículo 14 constitucional puede ser amenazada, engañada o utilizada por terceros para cometer un delito contemplado en un amplio catálogo que considera la extinción de dominio que, por cierto, dicho sea de paso, dicha figura ya no será una excepción sino la regla.

Esta persona tendrá que seguir un proceso por la vía civil, quedando en ella la responsabilidad de demostrar la propiedad lícita del bien que le ha sido enajenado. Hablo, compañeros legisladores, de campesinos o de simples propietarios de una casa o bien, cuyos bienes han sido utilizados por actos delictivos que estarán en desventaja ante la ley.

Es menester comentar que la acción de extinción de dominio deja abierta la puerta para proceder contra personas o propietarios al no profundizar sobre las disposiciones relativas a la buena fe, quedando a consideración del juzgador. Teniendo en cuenta, además, que actualmente no existen juzgadores competentes y por ende, ningún tipo de capacitación en la materia.

No omito que, a la entrada en vigor, los jueces de distrito en materia civil serán los encargados de hacer este tipo de procedimientos sin contar con la capacitación necesaria. Por ello, se prevé un artículo transitorio de solo seis meses para que el Consejo de la Judicatura cree, a partir de la publicación del decreto, juzgados competentes.

Nos parece que esto a todas luces es un tiempo insuficiente que, además, les dará más cargas a los juzgados civiles. En Movimiento Ciudadano estamos a favor de la conservación del Estado de derecho y con ello del equilibrio de poderes para garantizar la estabilidad democrática.

Por eso, llama la atención que en la Ley Nacional de Extinción de Dominio y en la reforma a las leyes orgánicas de la administración pública federal se cree un gabinete social de la Presidencia de la República, mismo que transgrede facultades constitucionales de esta Cámara de Diputados, en torno a la asignación de recursos, al pago de erogaciones derivadas de la ejecución de programas sociales y no podemos permitir que este gabinete social no tenga un uso transparente, y además, supervisado por parte de esta Cámara de Diputados. En Movimiento Ciudadano estamos a favor, con reservas. Es cuanto. Muchas gracias.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. En el uso de la palabra la diputada Maria Esther Mejía Cruz, de Morena.

La diputada Maria Esther Mejía Cruz: Con el permiso de la Presidencia.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.

La diputada Maria Esther Mejía Cruz: Compañeras y compañeros diputados, la figura de extinción de dominio permite que la persona declarada culpable por sentencia de una autoridad judicial pierda los derechos sobre los bienes que son producto de un delito. Este mecanismo no conlleva contraprestaciones ni compensación alguna para quien se ostente como propietario del mismo, tal y como se ha dicho.

Recordemos que la primera Ley de Extinción de Dominio, aprobada en México en 2009, aplicaba para los puestos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas, principalmente.

Ahora son 11 los delitos contemplados en la nueva Ley Nacional de Extinción de Dominio, cuya figura funcionará mediante procedimiento jurisdiccional distinto al procedimiento penal.

La reforma que estamos discutiendo tiene como uno de sus propósitos precisar cuáles serán los bienes susceptibles de extinción de dominio, bienes que podemos agrupar en seis supuestos jurídicos.

Primero. Bienes que provengan de la transformación o conversión parcial o total, física o jurídica del producto, instrumento u objeto material de hechos ilícitos.

Segundo. Bienes de procedencia lícita asociados material o jurídicamente con los de origen ilícito, pretendiendo con ello ocultarlos, lo que en la jerga se denomina lavado de dinero.

Tercero. Bienes cuyo titular no acredite su procedencia lícita.

Cuarto. Bienes de origen lícito cuyo valor sea equivalente a cualquiera de los bienes descritos en los tres supuestos anteriores: cuando no sea posible su localización, identificación, incautación, aseguramiento o aprehensión material.

Quinto. Bienes utilizados para la comisión de hechos ilícitos por un tercero. Si su dueño tuviera conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad por cualquier medio o tampoco hizo algo para impedirlo; y

Sexto. Bienes que constituyan ingresos, renta, productos, rendimientos, frutos, accesorios, ganancias y otros beneficios derivados de los bienes antes mencionados.

Por otra parte, para otorgar certeza jurídica, se establece quiénes son las autoridades que podrán participar en el procedimiento, estos son la Fiscalía General de la República y las de las entidades federativas por medio de sus unidades especializadas; los Poderes judiciales mediante jueces u órganos especializados y el Poder Ejecutivo mediante el gabinete social de la Presidencia de la República y el Instituto de Administración de Bienes y Activos.

En suma, con estas modificaciones estamos precisando las hipótesis jurídicas de los bienes que pueden ser sujetos de extinción de dominio y también señalando expresamente a las autoridades que pueden participar en el procedimiento.

Morena quiere dejar asentado que los efectos de esta ley serán cuidadosamente evaluados y se tomarán las decisiones necesarias para realizar los ajustes que se requieran en el futuro, así lo establece el artículo décimo segundo transitorio que leo para que no quede duda.

Artículo Décimo Segundo. Dentro del año siguiente a la entrada en vigor de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, la persona titular de la Fiscalía General de la República, realizará una convocatoria pública para la revisión del marco constitucional y jurídico en materia de extinción de dominio.

Dicha convocatoria tendrá como objetivo la identificación, discusión y formulación de las reformas constitucionales y de la Ley Nacional de Extinción de Dominio para su óptimo funcionamiento. Los resultados serán públicos y se comunicarán al Congreso de la Unión, con el fin de que este realice las adecuaciones al marco jurídico que considere sean necesarias y pertinentes.

Por lo anterior, el Grupo Parlamentario de Morena votará a favor de la nueva Ley Nacional de Extinción de Dominio para que nadie, absolutamente nadie, pueda sustraerse de la mano de la justicia. Muchas gracias, compañeros. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputada. Esta Presidencia saluda la visita de Kit Bin Wong, de la Asociación China Latina, que nos acompaña en este recinto legislativo, invitados por la diputada Margarita García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría en votación económica si se encuentra suficientemente discutido en lo general el tema de extinción de dominio.

El secretario diputado Héctor René Cruz Aparicio: En votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación).

Pregunto de nueva cuenta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Suficientemente discutido en lo general. Informo a la asamblea que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento, se han reservado para su discusión en lo particular los siguientes artículos.

De la Ley Nacional de Extinción de Dominio: artículo 1o, fracción V; 1o, 190, 223, 224; artículo 2, fracción XXI; 7, 173, 228, 2o, 11, 92, los transitorios décimo, décimo segundo y adición de un transitorio; 2o, fracción X; 227, 237, 2o, 229, artículo 2o., con dos propuestas, el 229 con dos propuestas, el 233 con dos propuestas, artículo 3o., 7, 10, 11, 12, el 106, fracción I, el 12, 16, 16 adición de una fracción, el 16 párrafo segundo, el 231, párrafo segundo, 106, fracción I, 173, 203 para suprimir, noveno transitorio del proyecto de decreto, 223, 224, 231 con adición de un inciso, 226, 227, 228 con adición de un párrafo último, el 227, 228, 228 inciso d), 229, 233, 238, 250, 250 con dos propuestas.

Y del Código Nacional de Procedimientos Penales, el 250 con dos propuestas.

De la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, el artículo 1o., fracción XIII, artículo 2o., fracción de la X a la XII, artículo 34, artículo 78, fracciones I y II, artículo 80.

De la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, artículo 32, suprimir, 44 Bis, suprimir, 44 Ter, suprimir, 44 Quarter, suprimir, 44 Ter, fracciones II y III, artículo 44 Ter, adicionar una fracción.

Y de los transitorios del proyecto de decreto, adicionar un transitorio y adicionar otro transitorio.