El presidente diputado Edgar Romo García: Tiene el uso de la tribuna el diputado Virgilio Caballero Pedraza, para fijar, hasta por cinco minutos, la posición del Grupo Parlamentario de Morena.

El diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza: Gracias, presidente. Compañeras legisladoras, compañeros legisladores, la izquierda mexicana por fin ve el cumplimiento de una demanda histórica. La supresión del fuero o inmunidad constitucional a los funcionarios públicos, hace por fin a un lado la posibilidad de evadir la acción de la justicia al amparo de un cargo público.

La idea del Constituyente de 1917 cambió de manera sustantiva, pues en un inicio la idea era proteger a los legisladores que a partir de la expresión de sus ideas o manifestaciones ideológicas en el trabajo para a formulación de leyes en el Congreso, herían la susceptibilidad del presidente de la República o de sus afines.

No obstante la protección constitucional se dieron casos de legisladores que fueron sujetos a procesos penales bajo criterios de juzgadores que consideraban una amenaza la manifestación de las ideas en contra del gobierno.

El presidente Plutarco Elías Calles promulgó una reforma al artículo 111 para amparar también al Poder Judicial, considerando que la decisión de un juez podría oponerse a las opiniones del Poder Ejecutivo, razón por la cual fue necesario otorgarles la protección constitucional.

En 1982, paradójicamente al principio de renovación moral de la sociedad, el presidente Miguel de la Madrid amplió la inmunidad constitucional a los altos funcionarios, lo cual se tradujo en impunidad, protegiendo a los ladrones del erario de la acción de la justicia. Esta legislatura pasará a la historia al atender una demanda social que pone fin a esos privilegios.

Con este dictamen se pone un alto a la protección de quienes han abusado de un puesto público para malversar los fondos públicos desde hace décadas. Es menester el Poder Legislativo se dé a la tarea de fortalecer el sistema penal y que el Senado de la República haga lo que le corresponde, para que a fin de cuentas, se designen los cargos que aún están a la discusión sujetos en los acuerdos políticos, tales como la Fiscalía General y los nombramientos que se requieren para que el Sistema Nacional Anticorrupción opere verdaderamente a plenitud. Muchas gracias.