La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 162 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

El diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido: Muy buen día. Con su permiso, diputada presidente. Ya bien decía, compañeras y compañeros legisladores, George Washington, la educación es la llave para abrir la puerta de oro de la libertad.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi, los delitos cometidos por los adolescentes se han incrementado. En 2015 se habían contabilizado alrededor de 7 mil 785, incrementando esta cantidad a 10 mil 120 en el año de 2016, en todo el país, de los cuales para el 2017, 4 mil 507 adolescentes se encontraban internos en algunos de los centros de readaptación para adolescentes, mientras que alrededor de 6 mil jóvenes se encontraban en tratamiento externo.

De los jóvenes en tratamiento externo o libertad asistida como le nombran, los principales delitos que cometieron fueron robo a casa-habitación o robo simple o simplemente lesiones, transgresiones que generalmente son consideradas como no graves, y de acuerdo a nuestro sistema penal, los adolescentes tienen la oportunidad de que la condena se ejecute fuera de los centros de internamiento, ya sea con amonestaciones, servicio a la comunidad o bajo libertad asistida.

Unicef México menciona que la mayoría de los adolescentes que se encuentran en algunas de las situaciones que marca el párrafo anterior, son de sexo masculino, de entre 15 a 17 años, los cuales llegan a contar con atrasos escolares hasta de cuatro años o abandono totalmente de la escuela.

En investigaciones realizadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Unicef México, coincidieron que las razones que llevan a estos jóvenes a cometer delitos por primera vez, son el recibir maltrato familiar o el vivir en condiciones de pobreza extrema, de los cuales abundan en nuestro país.

La Secretaría de Seguridad Pública detalló que el año pasado consignó a más de 5 mil menores de edad, de los cuales solamente el 7 por ciento recibieron un castigo del juez, enviándolos a un tutelar, mientras que el resto recibió una sanción alternativa.

Desafortunadamente, compañeros y compañeras, muchos de los menores que accedieron a este tipo de sanción reincidieron en el delito de robo. Es común verlo en las notas informativas. La solución, creo, no es esperar a que cometan un delito grave y sean confinados a un centro de reclusión para menores, como también constantemente lo vemos en las notas mediáticas.

De nada nos sirve tener medidas alternativas si lo único que permiten es no saturar los centros de internamiento. Necesitamos darles oportunidades a los menores, fortalecer los programas para poder brindarles esperanza y lograr que vislumbren un futuro diferente al que hoy viven en realidad. Necesitamos enseñarles que se puede cambiar el rumbo y que la delincuencia no es una salida o no es su única salida.

La propuesta que hoy presento antes ustedes, compañeros y compañeras, está dirigida a aquellos jóvenes que por naturaleza del delito que cometieron pueden gozar de su libertad, impulsando cambios para una verdadera reinserción social, obligando a las autoridades, a los adolescentes y a sus familias, a comprometerse a cumplir con cambios necesarios para evitar que estos menores caigan en las redes de la delincuencia, como también comúnmente sucede.

Dentro de esta propuesta lo que pretendo es darle el carácter de obligatorio a los derechos ya establecidos en la ley para que los adolescentes inicien, continúen o concluyan sus estudios, o bien puedan aprender algún arte y oficio en alguna de las instituciones públicas o privadas o en los centros de formación para el trabajo, durante el tiempo que dure su libertad asistida.

Un adolescente, al estar en libertad asistida es monitoreado constantemente y se le da seguimiento a su comportamiento, por lo cual no se requeriría inversión extra, ya que los espacios en instituciones públicas o centros de formación para el trabajo ya existen y pueden tener acceso a ellos.  Al mismo tiempo, propongo que en caso de que así sea requerido, el adolescente podrá acceder a las becas que las instituciones educativas ya ofrecen.

Es nuestro deber atender y proteger el interés superior del adolescente y reintegrarlo, tanto a la sociedad como a su familia, y una forma de lograrlo, compañeros es por medio de la educación. Hagamos que la finalidad de la libertad asistida sea en beneficio de los adolescentes y de la sociedad.

En esta propuesta no se requieren incrementar presupuesto alguno, ya que las alternativas ahí se encuentran, solo necesitamos asegurar que estas sean aprovechadas.

La educación no solo es un derecho consagrado en nuestra Constitución, sino un camino alterno ante la delincuencia. Eduquemos a nuestros adolescentes, para que mañana sean productivos y no simplemente una estadística del crimen más. Es cuanto, diputada presidente.

La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen. Se encuentran en la Galería de este recinto, alumnos y profesores del Centro Educativo Primaria Ignacio Manuel Altamirano, invitados de la diputada Mirza Flores Gómez. Estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica 14, de la delegación Benito Juárez, invitados del diputado Santiago Torreblanca Engell, y alumnos del sexto grado de la Escuela Primaria Defensores de la República, invitados del diputado Rafael Hernández Soriano, a quienes les damos la bienvenida.