La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Olga Patricia Sosa Ruiz: Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados: aunque una mujer debe de hacer lo que debe de hacer, y esto es el doble de bien que un hombre para ser considerada la mitad de buena, eso no nos resulta tan difícil. Así lo sentencia la trabajadora social, política, feminista y canadiense Charlotte Whitton.

Al día de hoy las mujeres mexicanas estamos listas para asumir con responsabilidad y compromiso las riendas de un país que necesita de todas y todos en igualdad de condiciones, incrementar el acceso de las mujeres a distintos puestos mediante cuotas de participación implica que ambos géneros podrán contar con un porcentaje razonable de representatividad, similar al porcentaje de población al que representamos, todos estamos conscientes que las mujeres somos más del 50 por ciento de la población.

El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, y siendo nuestra forma de gobierno un sistema democrático, debemos usar y buscar una participación equilibrada de mujeres y hombres en la toma de decisiones, teniendo como marco la promoción de igualdad de oportunidades. Por ello, y aquí viene lo importante, requerimos espacios de toma de decisiones que reflejen la realidad de lo que en representación somos.

A partir de 2014, la paridad y las cuotas han sido parte fundamental de las reformas electorales, puesto que con ello se exigió a los partidos políticos la implementación del instrumento de paridad de género en el caso de las candidaturas a cargos legislativos locales y federales.

Esto sin duda cambió el paradigma de las mujeres en la vida política de nuestro país, y hoy toca hacer lo propio desde el Poder Judicial.

En el caso del Poder Judicial, la implementación de medidas en favor de la participación de las mujeres ha sido mucho menos significativas, puesto que las cifras de los órganos jurisdiccionales aún no presentan una disminución en la brecha entre géneros.

México, en 2014 presentó un promedio de participación de mujeres del 18.2 por ciento, colocándolo 10 puntos porcentuales por debajo del promedio estimado en este mismo año; 29.1 por ciento, superado por países como Venezuela, Cuba o Ecuador, que se encuentran cerca del 50 por ciento de participación femenina.

Por tal motivo, la presente iniciativa propone adicionar un párrafo a la fracción III del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer que las autoridades locales deberán, en el ámbito de sus atribuciones, establecer mecanismos que permitan dar cumplimiento de forma progresiva al principio de equidad de género en la incorporación y capacitación de los integrantes del Poder Judicial de la entidad de que se trate.

Acciones como esta deben ser impulsadas a nivel nacional en todos los órganos jurisdiccionales, ya que la presencia de las mujeres en la toma de decisiones en el ámbito judicial debe contar con un apoyo que permita disminuir el sesgo o discriminación por cuestiones de género.

Es momento que las entidades federativas del país hagan de los Poderes Judiciales locales un espacio de representación paritario, que permita darle justicia en México a una visión innovadora que nos lleve a garantizar los más altos principios constitucionales en su impartición.

El momento de transformar a México es posible y qué mejor que sea de la mano de las mujeres. Hagámoslo nosotras, otro México es posible. Muchas gracias, es cuanto tengo que decir, diputada presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias a usted. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su dictamen. Ha pedido suscribir también esta iniciativa la presidenta de la Comisión de Género de esta Cámara, la diputada Wendy Briceño, una servidora y varias diputadas más.

La diputada María Wendy Briceño Zuloaga (desde la curul): Presidenta, gracias, buenos días. Solamente decir que suscribimos desde la Comisión de Igualdad de Género y apoyamos y respaldamos a la integrante de la comisión, la diputada Olga Sosa.

Efectivamente, todos los Poderes y órdenes de gobierno deben de avanzar en relación con la paridad y la igualdad sustantiva, y decir que no puede ser que haya en nuestro país estados, entidades federativas donde las mujeres ejerzamos derechos de primera y derechos de segunda, porque hay brechas de años de diferencia en el ejercicio de distintos derechos.

Por eso celebramos la presentación de esta iniciativa por parte de la compañera Olga Sosa. Es cuanto, gracias.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias presidenta. Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Mary Carmen Bernal Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que deroga diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y la Ley del Seguro Social.

La diputada Mary Carmen Bernal Martínez: Muy buenos días. Con su venia, diputada presidenta. Pueblo de México, diputadas y diputados, en un país tan convulsionado y fragmentado como el nuestro, se ha olvidado que los principios de igualdad, de equidad, revisten una gran importancia.

Si bien los teóricos se han pronunciado en el sentido de que todos los hombres nacen con los mismos derechos, los cuales deben conservarse y observarse, vemos que en la práctica se ha perdido el cumplimiento efectivo y eficaz.

Cada día y en cada lugar de México se vive la desigualdad económica, laboral, social, cultural y de género, no se ha aprendido de nuestra historia. Fue la desigualdad la que dio paso a movimientos armados y sociales, como el de 1810 y 1910, siendo también una de las principales causas de que este primero de julio la cuarta transformación triunfara en las urnas, dando oportunidad para el gran cambio.

Ahora tenemos en nuestras manos el poder para corregir los errores del pasado, debemos hacer una revisión profunda al marco normativo de nuestro país y enmendar aquellos principios que se han vulnerado.

La igualdad jurídica se haya contenida en nuestra Carta al establecerse que no deberá prevalecer la discriminación por razón de nacionalidad, raza, sexo, religión u otras. En ese sentido, el artículo 135, fracción II de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el 133 de la Ley del Seguro Social establecen que la pensión de viudez comenzará desde el día del fallecimiento del asegurado o pensionado y cesará con la muerte del beneficiario o cuando la viuda, viudo, concubina o concubinario contraigan matrimonio o entraran en concubinato.

Los mencionados artículos transgreden las garantías de igualdad y de seguridad social, porque si la pensión de viudez se actualiza con la muerte del trabajador o del pensionado y es un derecho del cónyuge, no debe ser motivo para no otorgarla por contraer nuevas nupcias la viuda, viudo o concubina.

Al condicionase la procedencia de la pensión de viudez a que la mujer o el varón no vuelva a tener el estatus civil de casada o casado, o bien, de habitar en concubinato, ello implica un acto de discriminación con respecto a las personas que desean contraer matrimonio, lo que atenta contra la familia y la protección especial que constitucionalmente se le reconoce como elemento natural y fundamental de la sociedad.

Tanto la Ley del ISSSTE como la del Seguro Social no prevén ni siquiera una situación de carácter económico, como sería el de la pérdida de la pensión, por la incorporación de un trabajo remunerado de la viuda o viudo. Es decir, no se opone a los ingresos adicionales que pudieran obtener los cónyuges, sino únicamente la anula por el inicio de una nueva relación de carácter marital.

Por ello, el objetivo de la presente iniciativa radica en derogar la fracción II del artículo 135 de la Ley del ISSSTE, y el numeral 135 de la Ley del Seguro Social, con la finalidad de que la pensión por viudez no sea cancelada cuando la mujer o el varón contraigan nuevas nupcias, y con ello evitar que se les dé un trato discriminatorio.

Por último, diputada presidenta, solicito que la presente intervención sea insertada íntegramente en el Diario de los Debates correspondiente. Es cuanto, diputada presidenta. Por su atención, muchas gracias.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias a usted. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen, y a la Comisión de Seguridad Social, para su opinión.