El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Claudia Pastor Badilla, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 105 de la Constitución Política.

La diputada Claudia Pastor Badilla: Gracias, presidente. Buenos días o casi buenas tardes, diputadas y diputados. Permítanme compartirles las razones de esta propuesta. La reforma constitucional de diciembre de 1994 significó un parteaguas para el Poder Judicial.

En ella se incorporaron figuras jurídicas centrales en la defensa de la Norma Fundamental. Esa reforma incorporó al artículo 105 la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad, dos mecanismos que pretenden mantener los poderes políticos dentro de los límites de sus atribuciones, lo que permite un desarrollo armónico de sus actividades y repercute en el respeto de los derechos humanos.

Quiero centrarme en la acción de inconstitucionalidad, la cual faculta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelva como única instancia la posible contradicción entre una norma general o un tratado internacional con la Ley Fundamental, lo cual, de existir, hace inválida la norma impugnada.

Uno de los requisitos para la procedencia de este mecanismo es la legitimación, es decir el reconocimiento normativo para que determinados sujetos colectivos o institucionales puedan promover acción ante la Suprema Corte. De esta suerte, el artículo 105, fracción II, de la Constitución, faculta al 33 por ciento de quienes integran las Cámaras, sea de Diputados o de Senadores, o los integrantes de las legislaturas locales, para promover esta acción. Así, se trata de dos garantías de las minorías representadas en el Congreso  a efecto de compensar desde la óptica constitucional las decisiones mayoritarias de las Cámaras.

En esa línea de pensamiento, pretendo que reflexionemos si esos porcentajes para la legitimación de las minorías en las Cámaras del Congreso de la Unión son acordes a la realidad y la pluralidad política de la actual conformación, y por lo mismo si se trata de una exigencia proporcional.

La inclusión de los derechos de las minorías y sus garantías jurídicas constituyen el eje central de un estado democrático y se vinculan profundamente con la tolerancia. La tolerancia es la obra de la voluntad. No hay virtud humana más admirable, implica el reconocimiento a los demás, otra forma de conocerse a uno mismo. No hay himnos a la tolerancia, carece de poemas y esculturas que la magnifiquen. Es una virtud que requiere un esfuerzo y una vigilancia constante, pues carece de prestigio popular. La tolerancia es, en muchos, vista como debilidad.

“La democracia política y la convivencia civilizada entre nosotros, exige la tolerancia y la aceptación de valores e ideas distintos a los nuestros”, en palabras de Octavio Paz.

Con estas reflexiones es que debemos estudiar la proporcionalidad de las representaciones que hoy conforman esta legislatura, pues el reconocimiento de las minorías implica, además, dotarlas de las garantías para el ejercicio pleno de sus derechos.

El porcentaje que debe representar la conformación de las Cámaras del Congreso para la acción de inconstitucionalidad, se calculó así porque en 1994 la Cámara tenía una conformación tripartita. El porcentaje representaba un tercio, es decir, una fracción de los tres partidos que conformaban al Congreso de la Unión.

Es, a decir verdad, con este porcentaje que actualmente existe en la Constitución, podría darse el caso que una ley se apruebe con un número menor de legisladores que el exigido para su impugnación, eso es porque si tomamos en cuenta que el quórum requerido para que alguna de las cámaras quede válidamente constituida, es de la mitad más uno. Al respecto se requerirían 65 senadores de la Cámara alta y 251 diputados de la Cámara baja para declarar quórum.

Si se toma en cuenta que una ley general se aprueba por mayoría simple, se advierte que se requerirían entonces 33 senadores y 126 diputados como mínimo.

No obstante se requerirían 42 senadores o 165 diputados para interponer una acción de inconstitucionalidad, por tanto resulta más sencillo derogar una ley que impugnarla ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Actualmente nueve partidos políticos están registrados en el Instituto Nacional Electoral, de los cuales ocho tienen representación en ambas Cámaras del Congreso. Así se advierte que en México las minorías parlamentarias disminuyen en mucho la posibilidad de atender los intereses de los grupos a los cuales representan. De ahí que resulte necesario modificar el porcentaje del 33 por ciento.

Es importante también recapacitar en que la reforma que incorporó los mecanismos que aquí menciono, reconocieron también la legitimación de los órganos constitucionales autónomos. Sin embargo, también es cierto que a la fecha existen varios más que los expresados en aquella reforma, por lo cual también deberíamos actualizar la norma y procedencia a todos aquellos vigentes a la fecha.

De esta suerte, como se describe ampliamente en el documento que presenté, la propuesta es modificar los requisitos de legitimación para que la acción de inconstitucionalidad pueda promover el 15 por ciento del total de los diputados, es decir, menos de 75, y el 20 por ciento de la Cámara de Senadores, así como incorporar la legitimación de los organismos constitucionales autónomos existentes que no se reconocieron en aquella reforma.

Demostremos que somos un Congreso garantista de las minorías, y pongamos al día la realidad política que nos representa. Muchísimas gracias.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias a usted. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su dictamen.